Ciudad de México. | 28 diciembre de
2016
Tribuna Libre.- La investigadora del
Instituto Nacional de Ciencias Penales dijo que el voto permitiría sembrar el
sentido de pertenencia, cívico y ético de las personas privadas de su libertad
Indicó que la propuesta debe
ponerse a consideración del INE para evaluar lo que significa en términos
pragmáticos llevar las urnas a las cárceles
Corina Giacomello,
investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que
el respeto al ejercicio del voto de las personas que se encuentran en proceso
penal y privadas de su libertad, puede considerarse como uno de los elementos
para la reinserción social de esta población en tanto concluye su juicio.
Al participar en el programa
Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el
canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), indicó que el ejercicio del derecho a votar permitiría
sembrar el sentido de pertenencia, cívico y ético de las personas que enfrentan
una situación legal.
“No podemos suspender
derechos nada más porque sí, de manera tajante, contundente, igual para todos,
porque las personas procesadas gozan del principio de presunción de inocencia;
entonces limitarles un derecho, suspenderles un derecho, cuando ni siquiera se
les ha todavía demostrado que son culpables, es una afectación a sus derechos
humanos”, afirmó Giacomello.
En este sentido, añadió, el
Poder Legislativo debe impulsar una reforma al artículo 38 constitucional y a
las leyes secundarias en la materia para garantizar el derecho a votar de todas
las personas procesadas, ya que es fundamental reconocer ese derecho desde la
Constitución Política, a fin de que se puedan instalar casillas y urnas en los
centros penitenciarios.
Para hacer factible el
sufragio se puede considerar el voto electrónico o por correo
Durante la entrevista con la
periodista Guadalupe Juárez, la investigadora señaló la importancia de que la
propuesta para que las personas en proceso puedan ejercer su derecho al voto
sea puesta a consideración del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de
evaluar “qué significa en términos pragmáticos llevar las urnas a las
cárceles”.
Giacomello detalló que para
hacer factible el sufragio de dicho sector poblacional podría considerarse la
posibilidad de que se implementaran modalidades no presenciales para hacerlo,
como el voto electrónico o, incluso, el voto por correo, como se ha
implementado en España, Uruguay y Argentina, entre otros países.
“No es aceptable el
argumento de que el Estado no tiene la capacidad para llevar ese derecho a los
centros penitenciarios, y es preocupante porque también se podría justificar
que no tiene la capacidad de llevar el ejercicio del derecho a la salud, a la
educación, no podemos pasar por alto esos argumentos”, aseveró la investigadora
del Inacipe.
