* El cuarto hijo de Fidel
* Tesorero de Duarte * Otros
cinco legisladores en la mira * La
diputada y celular * ¿No robar? * Winckler: filtraciones * Itesco: complot en Minatitlán * 700 escrituras sustraídas * El regreso de Ibarra * Miente Rocío Nahle: Rogelio Martínez * Morena: les impiden ser candidatos
Mussio Cárdenas Arellano | 30 enero de 2017
Tribuna Libre.- Por política de estado —o
por bandido—, Tarek desvió recursos destinados a la salud, al enfermo en fase
terminal, al tratamiento que alivia, que mitiga el dolor, que prolonga la vida,
a una cirugía o una rehabilitación. Algo así como 23 mil millones de pesos.
Decía él, interrogado por la
Auditoría Superior de la Federación, que habían sido “sólo” 315 millones de
pesos, pecata minuta comparado con los 60 mil millones que se le imputan como
robo a Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz hoy a salto de mata, prófugo
de la justicia.
Minucia, los 315 millones
que en alarde de caradura el tesorero del duartismo justificó porque había
otras “prioridades” y el desvío era “política de gasto”.
¿Otras prioridades? Seguro
atestar las tuberías financieras de Javier Duarte, los caños por donde se
fugaron los miles y miles de millones de pesos extraídos del erario hasta que
reventó como diría Alfonso Ortega, uno de los operadores del mega saqueo que
llevó a la quiebra a Veracruz.
Cómplice del hurto, dice
Antonio Tarek Abdalá Saad, El Iraquí, que el desvío no es tal, que no se piense
mal, que sólo fue “política de gasto” que lo etiquetado, así proviniera del
gobierno federal, dejar sin medicamentos a los hospitales, sin tratamiento a
los enfermos y sin esperanza a los que habrían de morir. Fue “política de
gasto” matar robando.
Dice hoy el fiscal Jorge
Winckler Ortiz que el atraco alcanzó los 23 mil 156 millones de pesos y que en
la maquinaria del robo una de las piezas lleva por nombre Antonio Tarek Abdalá
Saad, actual diputado federal.
Va en marcha ya su
desafuero, la pérdida de inmunidad, para enfrentar a la justicia. Y más que
eso, para desentrañar la red de corrupción que inició con Fidel Herrera Beltrán
y continuó con Javier Duarte.
Tarek es sólo un eslabón.
Toca la cadena a otros diputados federales y locales, a los Carvallo, a los
Silva, a los Mota, a Benítez y a Del Castillo, implicados en el saqueo de
recursos públicos, la mayoría de origen federal.
Winckler inició el juicio de
desafuero este jueves 26. Ahí planteó la solicitud del juicio de procedencia en
contra del diputado priista por Cosamaloapan, acusado de desvío de recursos
públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico
de influencias.
A Tarek Abdalá le espera un
futuro sombrío. Por los delitos que se le imputan podría recibir una sentencia
mínima de 15 años y al ser considerados como delitos graves no alcanzaría el
beneficio de la fianza ni habría amparo que lo eximiera de pisar la cárcel.
Winckler advierte que otros
diputados federales correrán la misma suerte. Alude a Jorge Carvallo, implicado
en el caso de los medicamentos clonados, ligado al empresario farmacéutico,
Andrés Beceiro Delfín; Adolfo Mota Hernández, por el pago de “aviadores” en la
Secretaría de Educación estatal, de la que fue titular, y Alberto Silva Ramos,
alias El Pato de Tuxpan o El Cisne, por malversar los dineros del área de
Comunicación Social, vía empresas fantasma, al igual que su antecesora en el
cargo, la periodista María Georgina Domínguez Colío.
Involucra el escándalo de
corrupción a los diputados Vicente Benítez González y Juan Manuel Castillo,
ambos integrantes del Congreso de Veracruz, uno por San Andrés Tuxtla, el otro
por Córdoba, por el desvío de recursos cuando eran tesoreros de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.
A ellos se suma Gabriel
Deantes Ramos, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, operador
electoral de Javier Duarte, el que untaba la mano de la oposición, el que
compraba elecciones, el que trabajó al Partido de la Revolución Democrática
para impedir su alianza con el PAN, en 2013, lo que habría permitido
arrebatarle el control del Congreso a Javier Duarte y frenado el saqueo al
impedir más endeudamiento bancario, bajo la lupa, quizá rechazadas, las cuentas
públicas del duartismo.
Tarek mismo admitió ante la
ASF que 315 millones de pesos de origen
federal destinados a la salud se canalizaron para otras “prioridades” de la
administración estatal. su argumento fue que “solo cumplía con una política de
gasto establecida así por el gobierno veracruzano”.
Eso le valió una
inhabilitación por 10 años. La ASF determinó que su actuación fue de extrema
“gravedad”.
En el documento emitido por
la ASF se advierte que Tarek Abdalá “fue omiso” pues por su cargo de tesorero
debió “custodiar la integridad de los recursos públicos para lo que fueron
etiquetados”.
Insólita su excusa, dijo:
“Mi actuar atendió a la
observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del
Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de
libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”.
Sea como sea, fue desvío de
recursos. Dejaron de aplicarse 23 mil millones de pesos destinados al sector
salud y de ellos no quedó rastro alguno.
Tarek Abdalá no es un
personaje cualquiera. Es el eslabón de una cadena que comienza con Fidel
Herrera y culmina con Javier Duarte. Una cadena plagada de complicidad, la de
Carvallo, Cisne, Mota, Benítez, Del Castillo, Deantes.
Bueno pa’l billete, supo
estar donde había. Fidel Herrera lo arropó. Javier Duarte lo llevó al DIF
estatal, a la tesorería de Sefiplan, al diputación federal, inmune hasta que el
juicio de procedencia le retire el fuero.
Proviene de la iniciativa
privada, inmerso en la construcción en la compañía Sheba Construcciones e
Inmobiliaria, detentando contratos en el norte de Veracruz con Petróleos
Mexicanos, en Chicontepec, los dominios de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, preso
y condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por lavarle el dinero a Los
Zetas.
Se le liga a por lo menos
cinco compañías más, entre ellas “28 Construcciones S.A. de C.V.” y “Siete Caminos, S.A de CV”, con contratos
en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno fidelista.
En el clan de Fidel Herrera
se le cataloga como el cuarto hijo de la pareja Herrera-Borunda, el mayor, el
de todas las confianzas de Rosa Borunda.
Pieza clave en la trama del
saqueo, Tarek Abdalá es un símil de Javier Duarte. Su enriquecimiento es
alarmante, escandaloso, de antología. Presume lo que tiene, los 6 millones de
propiedades en su tierra adoptiva, Cosamaloapan, donde el gordobés solía surcar
las aguas del Papaloapan en su lujoso yate, el Aquariva Super, de origen
italiano, con costo de 790 mil dólares, unos 17 millones de pesos.
Su riqueza proviene de los
recursos que debió aplicar a la salud de los desvalidos. Son 23 mil millones de
pesos desviados y que hoy lo tienen a un paso del desafuero, rumbo a prisión, a
saldar facturas de un saqueo descomunal.
Va Winckler por Tarek.
Pronto irá por Carvallo, Mota, Silva, Benítez y Del Castillo, las viudas de
Javier Duarte.
Es el desafuero de los
cómplices.
Archivo muerto
Un video la nuestra
infraganti. Es María del Rocío Pérez Pérez, diputada por Cosoleacaque, de
Morena, tomando el teléfono celular del legislador independiente, antes
morenista, Sebastián Reyes Arellano, que en esos momentos se encadenaba a la
tribuna del Congreso de Veracruz para exigir que no se congelara la iniciativa
de reducir el número de regidores en los ayuntamientos, que días después se
agenda y no pasó por falta de votos a su favor. Viral, el video sirvió para
darle con todo a la diputada y golpetear a Morena. Dice Rocío Pérez que la
visión que ahí se muestra es falsa, que en sus manos llevaba una agenda, que
tenía un teléfono, suyo, con ella. Será lo que quiera pero el golpe mediático
ya minó a Morena. Atropellan su lema, le dicen en las redes sociales y en los
portales informativos. “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Pero le
imputan a la legisladora el robo. Días atrás, Reyes Arellano había señalado a
la diputada por Minatitlán, July Sheridan, del hurto. Apuntaban a que había
sido una diputada de aquella región. Rocío Pérez refuta y lo vuelve a negar.
Ese video lo captó una periodista y hay testimonios que aseguran que la
legisladora sí lo tomó. Hay otros videos, del sistema de videovigilancia del
Congreso, que en su momento serán exhibidos. Qué sainete. A Rocío Pérez la
acusó el gober azul, Miguel Ángel Yunes Linares, de participar en los
preparativos para la toma de la presa Yuribia, en los primeros días de enero.
La diputada lo negó; Morena exigió incluso una disculpa. Así se erosiona la
credibilidad… ¿Espionaje al fiscal? Quizá. Y si no, por lo menos filtraciones
muy al estilo de lo que sucede en la CEAPP. Anda con el enemigo en casa Jorge
Winckler Ortiz, fiscal de Veracruz, espiado, golpeteado, registrados cada uno
de sus movimientos y deslizados los informes a sus enemigos dentro y fuera del
yunismo. Se habla de un secretario, Guillermo Romero Ábrego, de oficio
parlanchín, que lo mismo se fotografía con el senador Emilio Gamboa Patrón que
dialoga —de más— con el área de información política, con RTV, con personajes
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con
los emisarios del pasado, de un tal Erick El Zeta, en el yunismo azul. Paso que
da Winckler, paso que es reportado a quienes lo pretenden reventar. O sea, en
el gobierno de las filtraciones hasta un fiscal es cordero… Irredento,
obcecado, regatea Ricardo Orozco Alor el Itesco. Arrastra a decenas de
docentes, estudiantes, administrativos en su afán por seguir siendo el cacique
del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, cuando las auditorías
avanzan, cuando se acredita que con recursos públicos, incluida la nómina,
sostiene su estructura electoral. Aquí, en la campaña de 2016, INFORME ROJO
reveló el organigrama de Ricardo Orozco, entonces candidato a diputado federal
por el PRI en Minatitlán: directores, subdirectores, jefes de área, jefes de
división, hasta la jefa de prensa con maestría en sabrá Dios qué, en el equipo
de campaña del hijo político de Flavino Ríos Alvarado, el ex microgobernador
interino de Veracruz, hoy denunciado por facilitar la fuga de Javier Duarte en
helicóptero oficial. Supone que el Itesco es suyo. Y al ser designada María
Inés Núñez Monreal, el imperio comenzó a caer. Hoy sigue la tenebra en su casa
de la colonia Chapala, en Minatitlán, que es su búnker. Y con él “aviadores” y
parásitos sobre los que también hay investigación… Son 700 escrituras, quizá
más. Se las robaron del Registro Público de la Propiedad y ya hay denuncia.
Implica a notarios, abogados, coyotes, adinerados, terratenientes, ladrones de
tierra, vía prescripciones, y personal del RPP. Del caso se supo siempre,
acreditado en hechos, confirmado con solo consultar los libros donde se
insertan las escrituras y otros instrumentos notariales. Ratificada ya, la
denuncia habla de documentos sustraídos o sustituidos con otras escrituras para
no generar vacíos, usando folios que permitieran encubrir la transa. Le toca a
Fiscalía Regional darle curso a la denuncia y pescar a notarios, coyotes,
abogados, personal del Registro Público de la Propiedad y empresarios
adinerados que lograron así apoderarse de grandes extensiones de tierra para
convertirlas en lo que hoy es la zona comercial del poniente de Coatzacoalcos…
Callado, como si no existiera, vuelve Guillermo Ibarra Macías a la escena
pública. Se le vio este jueves 26, en la colonia Rancho Alegre II, en evento
del alcalde de Coatzacoalcos, su amigo Joaquín Caballero Rosiñol. Tres meses
después de dejar la Subdirección de Infraestructura y Servicios Generales de la
Secretaría de Obras Públicas, en octubre de 2016, se muestra. A pocos les habla
y pocos le hablan. Lo recuerdan por la agresión que su chofer le propinó al
ingeniero Guillermo Drago, cuando éste reclamó que en su oficina no se atendía
al ciudadano. Paró en un hospital su víctima, impune el agresor y como si nada
hubiera ocurrido Guillermo Ibarra, el autor intelectual del ataque. Se fue sin
responder por el caos en la obras públicas, los negocios a trasmano, carreteras
con constructoras afines, toda una gama de corrupción… No es Morena como lo
pintan. Replica uno de sus fundadores en Coatzacoalcos, Rogelio Martínez
Hernández, abogado, en su momento representante ante el órgano electoral.
Acusa: “Es falso lo que declara la diputada Rocío Nahle. Lo cierto es que 13
militantes del partido presentamos la solicitud para competir internamente para
la alcaldía de Coatzacoalcos, como lo señala el reglamento de los estatutos del
partido Morena. El Comité Estatal
simplemente los tiró al cesto de basura, violando con ello nuestros derechos
como militantes de Morena, así como nuestra dignidad y principios ideológicos.
Creo que los dirigentes del partido en Veracruz y los diputados, son
oportunistas, ya que de inmediato formaron tribus y caudillos”. Más adelante,
sobre el escándalo del celular robado presuntamente por la diputada por
Cosoleacaque, María del Rocío Pérez Pérez, agrega: “Morena debe correr a los
diputados rateros. Empiezan robando el agua, luego celulares…qué sigue”. O sea,
el autoritarismo que se le critica al PRI, el agandalle del PAN, el sectarismo del
PRD, los círculos de poder, las mafias que aplastan a las bases, tiene carta de
identidad en el partido del Pejelagarto López Obrador. De ahí la irritación de
su militancia…