*Para
los priistas integrantes de la corriente Solidaridad es necesario que el
partido, y su presidente nacional Enrique Ochoa Reza, cumplan con lo prometido
hace ya más de ocho meses y expulse a los ex gobernadores señalados por
corrupción porque, de no hacerlo, el partido quedaría aún más afectado en su
credibilidad y el costo político lo pagarán en las urnas.
Ciudad de México. | 27 marzo de 2017
Tribuna Libre.- Contra el ex Gobernador priista de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, no sólo no han avanzado las carpetas de investigación
iniciadas por probables actos de enriquecimiento ilícito.
Dentro del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), donde una corriente considera que estos probables actos de
corrupción provocaron la derrota en la elección del pasado 5 de junio, el mismo
estancamiento tiene una denuncia que no ha logrado expulsar al chihuahuense de
ese instituto político.
“Estamos ya a tres meses de retraso”, dijo
Armando Barajas, dirigente de la corriente interna priista Solidaridad y que,
en julio de 2016, interpuso la denuncia interna para la expulsión de Duarte
Jáquez y otros tres ex mandatarios del tricolor.
El plazo para resolver estos procedimientos
fue fijado por el propio Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRI, Enrique Ochoa Reza, quien, en octubre, en entrevista en Televisa, aseguró
que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se pronunciaría sobre Duarte
Jáquez y sobre el quintanarroense Roberto Borge Angulo antes del fin de 2016.
“Tiene que seguir la investigación. Es uno de
los procedimientos que sigue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y
también que sigue la autoridad federal”, dijo Ochoa Reza entonces, cuestionado
por el caso de Duarte Jáquez.
“El primero que se analizó fue Veracruz, ya
con la resolución de suspenderlo del partido del partido cuando aún era Gobernador
y ahora la expulsión (…) ahora sigue el caso de Quintana Roo y el de Chihuahua
bajo estudio de la comisión (…) y lo que me ha señalado la comisión es que
estarán resueltos antes de terminado este año”, agregó el dirigente.
A ocho meses del inicio de la denuncia y más
de cuatro de la fecha anunciada por el dirigente, sin embargo, la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha procedido sólo contra el veracruzano
Javier Duarte de Ochoa –ya expulsado y, además, prófugo–, y contra el
quintanarroense Roberto Borge Angulo –suspendido en sus derechos como priista–,
mientras que el ex mandatario de Chihuahua continúa en las filas del tricolor.
Barajas solicitó el inicio de procedimientos
de expulsión de los cuatro hoy ex gobernadores priistas –los citados, más el
neolonés Rodrigo Medina de la Cruz– luego de las derrotas del tricolor en siete
de las 12 gubernaturas disputadas el 5 de junio, entre ellas las entidades de
los Duarte y de Borge Angulo.
Desde el inicio de este procedimiento
interno, diversos analistas observaron que se trataba de una medida “cosmética”
y que contrastaba con otras decisiones del tricolor, como dejar la Secretaría
Jurídica y de Transparencia a la cuñada del ex Gobernador de Coahuila y ex
dirigente nacional, Humberto Moreira Valdés, pionero en los escándalos por
endeudamiento y, además, mencionado en una corte penal de Texas como probable
responsable de lavado de dinero.
“Creo que hay mucho escepticismo entre la
gente de hasta dónde quiere llegar el PRI, o de si van a ir a fondo contra la
corrupción”, consideró en entrevista José Antonio Crespo, académico del Centro
de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“El mensajes que mandan es que son cambios
cosméticos, simbólicos y que, a final de cuentas, no van a ir a fondo, de que
son selectivos y de que se decide contra quién irán en función de los
compromisos”, agregó entonces Crespo, autor de libros como “PRI, de la
hegemonía a la oposición” y “2006, hablan las actas”, entre otros.
Pero, en el PRI, la corriente Solidaridad
considera la expulsión de los ex gobernadores como parte de las medidas
“preventivas” que el tricolor debe tomar ante un eventual voto de castigo en
las elecciones federales de 2018, cuando se renovará la Presidencia de la
república.
Dijo Barajas en entrevista, debe considerarse
antes del próximo proceso electoral del próximo junio, cuando se disputarán las
gubernaturas de Nayarit, Coahuila y del Estado de México y cuando no completar
los procedimientos de expulsión podría afectar los resultados.
“Creo que debe ser lo más pronto posible,
para que haya una credibilidad entre la misma ciudadanía, en la sociedad civil,
para que se den cuenta de que nosotros en el partido no queremos permitir que
existan este tipo de sujetos que han afectado la imagen del instituto
político”, dijo Barajas.
“Es necesario que el partido y el presidente
nacional definan y se decida de quitarnos a estos ex funcionarios, porque sí
traerían como consecuencia una afectación la credibilidad del instituto
político”, agregó.
Los cuatro ex Gobernadores mencionados en la
denuncia interna, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, acumularon
las deudas públicas más altas de la República y, expone la denuncia de Barajas,
fueron sujetos de señalamientos de corrupción que “constituyen un hecho público
y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales
locales en perjuicio de nuestro instituto político”.
Tan sólo Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y
Borge Angulo, argumentó la denuncia, acumularon al menos 78 procedimientos
legales por probables irregularidades cometidas durante sus Gobiernos; los tres
iniciados en 2010.
En contra de Duarte de Ochoa, de acuerdo con
la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana
(UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mil millones de pesos; 32
procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por
contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de
recursos públicos provenientes de partidas federales”.
El mismo documento menciona que Duarte Jáquez
sumó 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades
encontradas también por la ASF, mientras que Borge Angulo enfrenta una denuncia
penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión
para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
Al cierre de esta edición, la oficina de
comunicación social del PRI no había respondido una solicitud de información
sobre los procesos pendientes contra los ex mandatarios.
DUARTE JAQUEZ, INMUNE
La misma falta de avances que la denuncia
partidista contra Duarte Jáquez registra el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09,
iniciado ante la Procuraduría General de la República por los probables delitos
de enriquecimiento ilícito y que fue promovida por el abogado y activista
chihuahuense Jaime García Chávez.
Sin consignación por meses, la investigación
sufrió en octubre pasado, a juicio del promovente, un nuevo revés con el
nombramiento del priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la
República, debido, dijo García Chávez, a la amistad entre los dos integrantes
del tricolor.
En Chihuahua tampoco ha sido consignada la
carpeta de investigación 19–2016–16230, reiniciada contra Duarte Jáquez por la
nueva administración del Gobernador panista Javier Corral Jurado, que además
fue parte de la organización que promovió la denuncia ante la PGR.
En ambas, se exige establecer la forma en la
que Duarte Jáquez obtuvo los 65 millones que aportó a un fideicomiso para la creación
del Banco Progreso.
“El bono democrático del pasado 5 de junio,
si no se emplea en el momento que más letal resulte, se va degradando hasta
convertirse en simple reyerta de partidos o personalidades, generando el
desaliento ciudadano que no tardará en clasificarlo como un acto fallido más, o
como los tradicionales ajustes de cuentas entre los miembros de la clase
política, así estén enclavados en diversas organizaciones”, advirtió el abogado
en noviembre pasado.