*La
diputada María Josefina Gamboa presenta este proyecto que prevé adecuar la ley
estatal con las disposiciones de tratados internaciones en materia de derechos
humanos.
Xalapa, Ver. | 29 marzo de 2017
Tribuna Libre.- Para que Veracruz cuente con una nueva Ley de
Victimas que proteja y tutele los derechos humanos, el grupo legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) a través de la diputada María Josefina Gamboa
Torales, presentó una iniciativa a fin de adecuar la legislación estatal con la
Ley General y los tratados internacionales sobre el derecho de las víctimas.
Durante la quinta sesión ordinaria, del
primer receso, la diputada Gamboa Torales expuso el proyecto de ley, el cual
deja sin efectos los nombramientos de los comisionados que actualmente integran
la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado,
asimismo crea una nueva Comisión que contará con un mando unipersonal, que
tendrá a su cargo designar a las
personas responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría jurídica y el Registro
Estatal de Víctimas.
Se prevé fortalecer la actuación del Asesor
Jurídico Estatal, como mecanismo para hacer valer los derechos de las víctimas
y cubra todos los procedimientos derivados de un hecho victimizante.
También pretende flexibilizar los mecanismos
para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y define la
figura de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, transporte,
entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les
permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Reconoce como grupo vulnerable a los
migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con
discapacidad, periodista y defensores de derechos humanos.
Establece que las víctimas, en casos
urgentes o en aquellos en que las
instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la
ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.
Integra el interés superior de la niñez, como
principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y
procedimientos de ley.
Esta ley obligaría a las autoridades de todos
los ámbitos de gobierno –en sus respectivas competencias- a velar por la
protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación
integral.
Las autoridades no deberán agravar el
sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable
de la comisión de los hechos que denuncie.
La víctima tendría derecho a colaborar con
las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de
vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no
impliquen un detrimento a sus derechos, entre otras disposiciones.
En los casos de graves violaciones a los
derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las
organizaciones no gubernamentales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado, los Ayuntamientos, o cualquier otra institución pública o privada que
tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el
establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de
las víctimas.
La exposición de motivos señala que la Ley de
Víctimas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado
el 28 de noviembre de 2014, presenta diversas inconsistencias y disposiciones
que ya han sido rebasadas a la luz de protección y salvaguarda de los derechos
de las víctimas, por lo que es necesaria una nueva Ley que esté acorde a las
exigencias actuales.
A partir de la entrada en vigor de esta ley y
por única ocasión, el titular del Poder Ejecutivo remitiría a Congreso del
Estado una terna, para que de entre ellos el Pleno realice el nombramiento del
Comisionado Ejecutivo estatal, previo procedimiento establecido en la ley.
En un plazo de 150 días contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley: las secretarías, dependencias,
organismos del sector salud, educación y las demás obligadas; así como aquellos
municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación,
deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a
víctimas.
Esta iniciativa, -a la que se sumaron los
diputados del grupo legislativo de MORENA- fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales.
