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Hay nuevas órdenes de aprehensión; desvió de
20,287 mdp.
Guatemala, Guatemala | 24 abril de 2017
Tribuna Libre.- A la petición de extradición para que el ex
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sea juzgado en México por
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la
Procuraduría General de la República (PGR) sumará los cargos de delitos
electorales, abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias.
Las autoridades mexicanas integrarán a la
solicitud formal las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y por denuncias
interpuestas por el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz.
Funcionarios mexicanos señalaron que la
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR ya recibió el
mandamiento judicial, librado por un juez federal, con sede en Veracruz, en el
que se incluye a Javier Duarte como el responsable de delitos electorales, por
no haber entregado los recursos para el desarrollo de los comicios en esa
entidad en 2015.
En marzo pasado, el titular de la Fepade,
Santiago Nieto Castillo, declaró que las acciones de Duarte pusieron en riesgo
el proceso electoral, y con ello cometió un delito por el que puede obtener de
seis meses a tres años de prisión, aunque no necesariamente el ex gobernador de
Veracruz quedaría preso, pues no es un delito grave.
En cuanto a las investigaciones y denuncias
presentadas por el órgano fiscalizador del estado, la institución ha presentado
ante el Ministerio Público un total de 106 denuncias por la comisión de delitos
relacionados con el desvío de recursos públicos, por un monto que ha estimado
en 20 mil 287 millones de pesos.
Los funcionarios entrevistados señalaron que
no todos los recursos fueron desviados por Javier Duarte o por funcionarios
desde el gobierno estatal, pero la fiscalía local no ha logrado obtener otros
mandamientos en los que se señale al ex gobernador como el responsable de ese
delito.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz,
obtuvo de jueces locales dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y
coalición.
La información que ha proporcionado la
fiscalía veracruzana a la PGR es que se acusa a Javier Duarte de haber ordenado
que los recursos federales destinados a la Seguridad Pública, y que ascendieron
a 239 millones, 524 mil 373 pesos, fueran entregados a empresas fachada desde
el ejercicio fiscal de 2011 hasta 2016.
Esta querella y por lo cual se inició una
carpeta de investigación se le imputa también a Duarte de Ochoa los delitos de
ejercicio indebido de la función pública en materia fiscal, peculado fiscal y
desvío de recursos en materia fiscal, previstos en los artículos 97, 97 Bis y
97 Quáter del Código Financiero para el estado de Veracruz.
La PGR contará con 60 días naturales (hasta
el próximo 19 de junio), para entregar al gobierno de Guatemala la solicitud
formal de extradición de Javier Duarte, luego de que ayer formalmente fue
notificado el gobierno mexicano de la audiencia inicial en la que se informó al
ex gobernador de la existencia de una petición de detención con fines de
extradición.
Estos cargos se sumarán a la acusación en la
que se señala a Javier Duarte de haber desviado durante su administración 350
millones de pesos de recursos que estaban destinados a las secretarías de
Salud, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
De esta acusación, la PGR obtuvo una orden de
aprehensión y con base en ella se solicitó su detención, la cual se cumplimentó
el pasado 15 de abril en el Hotel la Riviera de Atitlán, en donde pagó 8 mil
500 Quetzales (unos 29 mil 700 pesos), por la renta de tres habitaciones por un
lapso de tres días.
Javier Duarte se encuentra preso de manera
precautoria, hasta en tanto el gobierno mexicano formaliza las acusaciones
contra el ex gobernador veracruzano, y nuevamente se realizará otra audiencia
para conocer si esta vez acepta allanarse (voluntariamente) a la extradición y
se otorga su retorno en un plazo de 10 días a México, o bien decide que se su
situación jurídica se determine en un juicio que podría durar un año o más. http://www.e-veracruz.mx