Ciudad de México. | 29 Junio de 2017
Tribuna Libre.- Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR),
manifestó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa podría ser
trasladado de Guatemala a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado
al Reclusorio Norte.
Ello, tras de que Duarte de Ochoa se “allanó”
al proceso de extradición, tras considerar que las acusaciones en su contra por
delincuencia organizada, tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado y
abuso de autoridad son “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”.
El funcionario federal dijo a José Cárdenas
que el próximo 4 de julio será la audiencia relacionada con la solicitud formal
de extradición respecto de los dos delitos del orden federal que fue el motivo
por el que el pasado 15 de abril se solicitó la detención provisional que en
esa misma fecha fue ejecutada.
Indicó que los delitos federales atribuidos
son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
conocido como lavado de dinero o de activos.
Cuestionado sobre si son sólidas las
acusaciones en contra de Duarte de Ochoa por parte de la PGR, Elías Beltrán
dijo que se trata de una investigación sólida, robusta e integrada conforme al
nuevo sistema de justicia penal y no consideran que exista ningún riesgo.
Externó que Duarte “se allanó solamente por
los delitos del fuero común obtenidos por la Fiscalía General de Veracruz y el
4 de julio podrá allanarse a estos delitos del orden federal y será puesto ante
un juez del orden federal y no sentimos ningún riesgo para que pueda obtener su
libertad”.
Sostuvo que la prioridad para aplicar la
aprehensión la tiene la Federación toda vez que fue la primera orden de
aprehensión que se obtuvo y el motivo por el cual se inició el procedimiento de
extradición y en ese sentido, “estaría llegando a México a enfrentar la
justicia mexicana, sería recluido en una prisión de orden federal y enfrentar
esta justicia”.
Comentó que en caso de que no se allane
seguirá la sustentación del procedimiento de extradición que corresponde a los
delitos del orden federal y que podría ser de seis a 12 meses, lo cual
dependerá de los recursos que interponga su defensa, en tanto el gobierno de
Guatemala autoriza su extradición.
