“Libramiento
Plan del Río, un negocio por la libre”
Héctor
Yunes Landa | 31 Julio de 2017
Tribuna Libre.- La construcción de autopistas mediante el
modelo de asociaciones público y privado se realiza en prácticamente todo el
mundo. Representa un modelo de negocio
que permite abrir espacios participación para la iniciativa privada y optimizar
la operación y mantenimiento de carreteras concesionadas.
México requiere de nuevas y mejores vías de
comunicación, por ello, el gobierno ha diseñado tres modelos de participación
para atraer capital privado a la inversión en carreteras: concesiones,
proyectos de prestación de servicios y aprovechamientos de activos.
Actualmente, el modelo más utilizado es el de
las concesiones, el cual permite desarrollar infraestructura, incrementar
montos de inversión, elevar la calidad, eficiencia y productividad de los
servicios y adecuar la distribución y administración de riesgos en este tipo de
infraestructura. Es algo que ha funcionado muy bien y que se debe seguir
haciendo.
En este modelo, el gobierno efectúa una
aportación inicial con recursos públicos, a través del Fondo Nacional de
Infraestructura (FNI). De esta forma, la concesión se otorga al licitante que
solicite el menor apoyo económico del gobierno. El plazo de concesión es hasta
por 30 años, el máximo permitido por la ley.
Uno de los temas que más interesan a los concesionarios
y a los usuarios de las autopistas es el tema de las tarifas de peaje. Estas se
determinan en función del aforo vehicular, y las inversiones de los
concesionarios, es decir, la tarifa que los usuarios están dispuestos a pagar
para circular en la vía.
Vale decir que el precio promedio por
kilómetro en las autopistas de México es de 1.74 pesos mexicanos, lo que
resulta alto, respecto a otros países de América Latina, como Colombia y
Uruguay, donde cuestan 0.8 pesos mexicanos por kilómetro.
La tarifa sirve para que con esa recaudación,
los concesionarios puedan cumplir sus obligaciones, como la conservación,
mantenimiento y operación de la vía. Cuando alguien invierte en una carretera
de peaje, recupera la inversión por
medio del cobro. Una vez cumplido el periodo de la concesión y la empresa ha
recuperado su inversión y el margen de utilidad correspondiente, estas
autopistas pasan a ser parte del gobierno federal.
Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué ocurre
cuando este modelo de asociaciones público y privado se pervierte y se
convierte en un gran negocio para una autoridad en detrimento de los usuarios y
de las finanzas estatales?
El jueves pasado, el Congreso local aprobó la
ampliación, por 30 años más, de la concesión a la empresa Concesiones y
Promociones Malibrán, SA de CV, para la operación y explotación del Libramiento
de Plan del Río. Esta empresa ya contaba con una concesión por un mismo periodo
que vence en el año 2023, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30
años para cobrar el uso de la vía.
Como lo dije con oportunidad, se trató de un
madruguete del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien por mucho tiempo
se le ha señalado de mantener intereses en sociedad con esta empresa, propiedad
de una familia del puerto de Veracruz.
El lodo empieza a salir por las alcantarillas
de la autopista. Por ejemplo, el gobierno estatal no tendría que haber
solicitado una ampliación de la concesión sino hasta que esta cumpliera su
plazo. Hacerlo de esta manera, es acceder en el presente a recursos futuros que
le corresponden al estado y no a esta administración. Ha sido una
bursatilización disfrazada.
El segundo punto, como lo dijo el propio
gobernador del Estado el fin de semana, es que esta ampliación podría
representar a las finanzas de Veracruz un ingreso aproximado de mil millones de
pesos, los cuales se utilizarían para otras obras de infraestructura, a pesar de
que también, con este propósito, solicitó el aumento al 3% del impuesto a la
nómina.
Un objetivo informe financiero indicaría que
por esta autopista circulan alrededor de 10 mil autos diarios –con un costo
peaje promedio de 80 pesos, considerando que tráileres y autobuses pagan mucho
más-, lo que le genera ingresos a la concesionaria superior a los 800 mil pesos
al día. Si esto lo multiplicamos por 365 días al año, nos arroja una cifra de
292 millones de pesos.
Esto quiere decir que en 30 años, la concesionaria
tendría ingresos superiores a los 8 mil 760 millones de pesos, mientras que a
las arcas del gobierno sólo ingresarían mil millones de pesos. Eso sin contar
la nueva ampliación de la concesión por otros 30 años. Un negocio floreciente
en medio de las dificultades económicas que enfrenta Veracruz.
Los números no mienten, el gobierno estatal
sí. Tratar de atribuir esta decisión así como el cálculo de la contraprestación
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es un solo un distractor
respecto del evidente conflicto de interés que prevalece entre el Gobernador y
la empresa concesionaria.
De esta forma, el libramiento de Plan del Río
sería un gran negocio… por la libre.
yuneslanda.com
facebook.com/HectorYunes
Instagram:
hectoryuneslanda
Twt:
@HectorYunes