*
Lamenta que Veracruz sea, junto con Chihuahua, las dos entidades más rezagadas.
Ciudad de México. | 20 Julio de 2017
Tribuna Libre.- Con la entrada en vigor del Sistema Nacional
Anticorrupción, el país contará con un marco legal sólido que permita establecer
las medidas preventivas, de control y sanción, que garanticen un ejercicio
transparente del gasto público y vigile la actuación de los servidores
públicos, aseguró hoy Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión
Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República.
Aunque reconoció que todavía hay pendientes
para su implementación –como es el caso del nombramiento del Fiscal
Anticorrupción y los Magistrados especializados en la materia- dijo que el
Sistema cuenta con las condiciones necesarias para iniciar su operación. “Soy
el primer interesado en que se realice el nombramiento del Fiscal
Anticorrupción. Sin embargo, el Sistema puede operar en tanto este nombramiento
es aprobado por el pleno del Senado”, confió.
El Sistema Nacional Anticorrupción –en el que
participan no sólo el Gobierno sino también el sector privado y destacados
ciudadanos- funcionará si cada integrante asume su responsabilidad para
desterrar esta práctica nociva, reiteró.
Yunes Landa explicó que este miércoles
también entraron en vigor, a nivel nacional, la nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece las faltas
administrativas -graves y no graves- de los servidores públicos y de
particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones; así como la Ley
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Estas leyes representan,
junto con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, todo el andamiaje jurídico
que dará vida plena al Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo también que con este nuevo Sistema
“lograremos que los casos que se presenten, puedan ser sancionados de manera
eficaz y en muy poco tiempo. Y para eso, también es necesario que los ciudadanos
se involucren de manera directa; que ejerzan una contraloría social efectiva de
lo que hace el gobierno con los recursos públicos.”
Este miércoles, añadió, también venció el
plazo para que los Congresos Estatales, reformaran su Constitución y expidieran
sus leyes locales en materia de combate a la corrupción, las cuales deben
contemplar contenidos y figuras jurídicas equivalentes a las leyes de orden
nacional. Lamentó que Veracruz, junto con Chihuahua, sean los estados que
registran el mayor rezago en su proceso de armonización.
“Aunque los 32 congresos locales ya han
aprobado, en el Pleno, su reforma constitucional, faltan otras etapas del
proceso de armonización, como la aprobación de una Ley del sistema local
anticorrupción, la creación del Comité correspondiente, la designación del
Fiscal Anticorrupción estatal y la integración del Tribunal”, detalló.
Lamentó que en el caso de Veracruz, junto con
Chihuahua, “son los estados con mayor rezago”. En el caso de Tlaxcala, el
Congreso hizo la declaratoria de reforma constitucional justo ayer; mientras
que en Veracruz y Chihuahua se encuentran apenas en el proceso en el que la
mayoría de los cabildos deben ratificar la reforma aprobada en días pasados, y
posteriormente aprobar sus leyes secundarias.”
Finalmente, dijo que esta es una oportunidad
para cambiar el rumbo de las cosas. “No creo que la corrupción sea una cultura
arraigada, como muchos lo han dicho. Lo que sí creo es que podemos lograr que
la transparencia y la rendición de cuentas sean una práctica cotidiana, una
convicción democrática, como en los mejores países del mundo”.
