* Dichas acusaciones como testigos protegidos las
emitieron Arturo Bermúdez, Alfonso Ortega, José Juan Janeiro y Moisés Mansur.
Xalapa, Ver. | 26 Julio de 2017
Tribuna Libre.- Cuatro hombres de la confianza de Javier
Duarte de Ochoa lo delataron ante la Procuraduría General de la República
(PGR). Con sus señalamientos penales integraron la llamada “prueba reina”, que
hoy tiene al exmandatario preso en el Reclusorio Norte, acusado de lavado de
dinero y delincuencia organizada.
Dichas acusaciones como testigos protegidos
las emitieron Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública;
Alfonso Ortega López, abogado fiscalista; José Juan Janeiro Rodríguez, operador
financiero; y Moisés Mansur Cisneros, amigo desde la infancia Javier Duarte.
“Si se va Bermúdez me voy con él”: Duarte de
Ochoa
Al menos en tres ocasiones Javier Duarte de
Ochoa, como gobernador de Veracruz, abogó por su secretario de Seguridad, Arturo
Bermúdez, señalado desde 2014 por ordenar o solapar ejecuciones extrajudiciales
y desapariciones forzadas. No obstante, el apodado Capitán Tormenta fue el
primero que declaró en contra de su promotor político y superior.
Dicha información se conoció en la audiencia
de extradición contra Duarte, el pasado 20 de abril de 2017, en Guatemala,
donde en declaraciones Bermúdez Zurita habría detallado propiedades en favor de
la familia del exmandatario; reuniones con su círculo de cómplices; e
indicaciones a empleados estatales para desviar recursos públicos en favor de
empresas fantasma y particulares.
Dichas aseveraciones fueron ratificadas por
los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales, dependiente de la PGR, durante las audiencias de imputación y
vinculación a proceso contra Duarte de Ochoa.
En las declaraciones de Bermúdez Zurita, se
conoció que, en 2014, el entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas, Tarek
Abdalá Saad, le informó que por instrucciones del gobernador a partir de esa
fecha todos los programas y recursos federales en materia de seguridad ya no
los iba a recibir la Secretaría de Finanzas, sino que deberían ser recibidos
por Seguridad Pública (SSP), para a su vez reintegrarlos a Finanzas.
Bermúdez Zurita, hoy detenido en el penal de
Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito, declaró que dicha estrategia en la
dependencia de la que estaba a cargo era replicada en las Secretarías de Salud
(SS); Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA).
El ex titular de la SSP también señaló que en
distintas ocasiones acudió a reuniones en condominio de lujos tapizados con
fotografías de la familia de Javier Duarte, el primero ubicado en el sexto piso
de la Torre Pelicano, en Boca del Río y otro en la avenida Campos Elíseos en
Polanco, en la Ciudad de México.
En dichas propiedades, según Zurita, Duarte
de Ochoa sostenía reuniones con otros secretarios de la administración, y en
algunas ocasiones se quedaban a cenar y el exgobernador presumía más bienes
inmuebles, entre ellos el rancho “El Faunito”, ubicado en el municipio de
Fortín, al centro de Veracruz.
En el inmueble, Bermúdez dijo advertir la
presencia de cuadros y fotografías familiares en la sala, el comedor y el
estudio. Mencionó que Duarte de Ochoa se ostentaba como propietario del
inmueble.
Conoce el indicio que vincula fosas de Tierra
Blanca, Santa Fe y del rancho El Limón
Duarte abogó tres veces por Bermúdez
Javier Duarte salió a la defensoría de su
secretario de Seguridad, hasta en tres ocasiones, cuando éste era señalado por
familiares de desaparecidos y personas asesinadas, como promotor de la
inseguridad en Veracruz.
La primera vez fue a inicios de 2014, cuando
elementos de la SSP fueron relacionados con la desaparición forzada y muerte de
tres jóvenes, entre ellos Gibrán Martíz Díaz, ex cantante de La Voz México.
El caso se convertiría en la primera
recomendación en Veracruz, de parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y pese a ello, Duarte ratificó a Bermúdez Zurita y ante las
exigencias de su renuncia, aseguró que “Si se va Bermúdez me voy con él”.
Dos años más tarde, el 15 de febrero de 2016,
las críticas contra el Capitán Tormenta regresaron tras ponerse en descubierto
un nuevo caso de desaparición forzada, esta vez en contra de cinco jóvenes, en
el municipio de Tierra Blanca.
Tras conocerse mediante videograbaciones que
al menos siete policías habían intervenido a los jóvenes originarios de Playa
Vicente en la zona de la Cuenca del Papaloapan, Duarte ratificó a Bermúdez en
un evento público, en las instalaciones del WTC, en Boca del Río.
“El Secretario de Seguridad Pública
continuará realizando esta labor que ha venido desarrollando de manera
coordinada con la federación, particularmente con el Ejército y la Marina. Un
esfuerzo importante, titánico, de mucho tiempo, lo que nos ha permitido
resultados”, opinó al respecto Duarte de Ochoa.
Finalmente, en agosto de 2017, el gobernador
priista salió a la defensa de Bermúdez Zurita luego de que éste fuera
evidenciado como propietario de residencias en el complejo Woodlands, valuadas
en total por 2.4 millones de dólares. Aseguró que se cese estuviera relacionado
con el incremento de la incidencia delictiva.
"En este caso particular Bermúdez Zurita
renunció por un caso de un tema patrimonial no por un tema relativo a lo que es
su responsabilidad en materia de seguridad pública. Si acepté su renuncia es
para que demuestre la legitimidad de su patrimonio", declaró.
"Toda administración pública, todo
gobierno, es susceptible de ser infiltrado por la corrupción y para ello
existen instituciones encargadas para investigar y en su caso para determinar
si existe alguna conducta que confirme si existió algún elemento de delito
relativo a la corrupción en lo que se refiere al desarrollo de su
responsabilidad", declaró el titular del Ejecutivo.
Alfonso Ortega López, de abogado defensor a
delator
Alfonso Ortega López, fue un abogado
fiscalista, allegado a Javier Duarte de Ochoa. Ambos tuvieron un amigo en
común, que era Moisés Mansur Cysneiros, otro que terminó por delatar al
exmandatario en delitos de corrupción.
En el caso de Ortega López, él tenía una
orden de aprehensión en su contra, que libró gracias a su colaboración con la
PGR y la descripción de los desvíos de recursos y nombres de colaboradores en
la red de delincuencia organizada.
Desde el año de 2010, Ortega López fue
relacionado con Duarte de Ochoa, operador financiero, al constituir decenas de
empresas fantasma, y realizar inversiones millonarias en bienes inmuebles,
joyas y objetos de lujo, por instrucciones del cordobés.
De acuerdo con el propio Ortega López, en
2016, cuando los escándalos de corrupción ahorcaban a la administración
duartista, buscó explicaciones del gobernador, quien le habría contestado “no
te puedes salir de esta, estás involucrado, todos sabíamos que los fondos para
las inversiones provenían del gobierno de Veracruz”.
De acuerdo con las declaraciones del abogado
Alfonso Ortega, que forman parte de la causa penal 97/2017, entre los
principales prestanombres de Duarte están José Juan Janeiro, Rafael Rosas Mario
Rosales y Moisés Mansur Cysneiros, su amistad en común con Duarte de Ochoa.
José Juan Janeiro Rodríguez, consiguió su
libertad a través de Duarte
Considerado cerebro financiero de Javier
Duarte y creador de empresas fantasma, José Juan Janeiro negoció su libertad
con la PGR a cambio de la devolución de bienes en información que fincaran
responsabilidades en contra de su amistad cercana, Javier Duarte de Ochoa.
Janeiro Rodríguez, habría recurrido a la
prueba anticipada, recurso legal previsto por el Nuevo Sistema de Justicia
Penal, tras ser capturado en el país de España, el pasado 17 de octubre de
2016. Su confesión habría sido registrada en al menos 150 cuartillas.
De acuerdo con el diario Reforma, Janeiro
Rodríguez confesó sobre un desvío de recursos valuado en los 350 millones de
pesos, que se suma a la acusación por los mil 670 millones que fueron saqueados
del erario público.
Janeiro habría aceptado que el gobierno de
Veracruz depositó directamente dicho monto a empresas fantasma, sin haber realizado
algún contrato, licitación ni adjudicación directa. Únicamente se hizo el
depósito directo a cuentas bancarias, para después dispersar el dinero en el
sistema financiero, según la declaración que rindió el 2 de febrero en España.
El testigo destacó que los recursos llegaron,
finalmente, a manos de Duarte y su principal prestanombres, Moisés Mansur
Cisneyros. Relató que Mansur le presentó a Duarte, y luego le ofreció
"gestionar" empresas que manejaran "facturación y
dispersión" de un crédito que había conseguido.
¿Por qué José Juan Janeiro es un hombre clave
en el caso Javier Duarte?
Moisés Mansur Cysneiros, nombró a Duarte de
heredero a delincuente
Moisés Mansur Cysneiros, considerado uno de
los principales prestanombres de Javier Duarte, para librar la orden de
aprehensión en su contra delató a quien fuera su amigo desde la infancia,
apoyando así al gobierno de Veracruz a recuperar bienes hasta por 400 millones
de pesos.
Mansur Cysneiros habría sido de los primeros
en delatar al exmandatario, tras revelarse una videograbación en un encuentro
privado con autoridades federales, en Vancouver, Canadá. En dicha grabación
confesó que entregó una tarjeta de crédito a Karime Macías Tubilla para que
cubriera sus gastos.
La ex primera dama, habría gastado alrededor
de ocho millones de pesos, distribuidos en ropa, hospedaje, joyería, servicios
en salones de belleza en México, Brasil y los Estados Unidos.
Él es quien heredó a la familia Duarte-Macías
En la grabación Mansur Cysneiros se refirió a
José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas, como supuesto
dueño de 16 propiedades en Texas, cuyo valor se 7 millones de dólares, a José
Armando Rodríguez Ayache, concuño de Duarte, supuesto dueño de propiedades en
los Estados Unidos.
Otro de los escándalos en los que se vio
involucrado el empresario de 30 años fue cuando el diario Reforma reveló que
nombró en su testamento a Javier Duarte de Ochoa como principal beneficiario de
tres propiedades, entre ellas dos residencias en la Ciudad de México.
En el testamento, Mansur también estableció
que en caso de que Duarte rechazara o no pudiera recibir la herencia, entonces
los beneficiarios serían los hijos del mandatario, o su esposa, Karime Macías
Tubilla.
El empresario aceptó que, pese a no ser
familiar de Duarte de Ochoa, lo nombró heredero en el año de 2006, cuando éste
era Secretario de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera, y dijo, no estaba
al tanto de que se convertiría en gobernador de Veracruz.
De acuerdo con los señalamientos en contra de
Mansur, él se encargaba de coordinar los movimientos de recursos entre empresas
fantasma, así como la adquisición de propiedades. A Mansur también se le
relacionó como copropietario del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo el cual
presuntamente fue adquirido con recursos desviados de Salud y Educación en
Veracruz.
