* No
cuadran las cifras del peculado *
Acusadores se hicieron bolas * El ex
gobernador no ríe, goza * Costo judicial
será costo electoral * ¿Quién paga a los
defensores de Duarte? * Del Toro, entre
los más cotizados * Nemi: más rayitas al
molcajete * Abdías Salomé,
ejecutado * El narcomensaje se cumplió
Mussio Cárdenas
Arellano| 20 Julio de 2017
Tribuna Libre.- A su lado, Javier Duarte tiene un aliado sin
par, que lo acusa a ciegas, sin cuadrar las cifras del desfalco y el peculado,
sólo rasgos de una asociación delictuosa que se cae a pedazos, desmoronando el
caso más sonado de corrupción en Veracruz. Su aliada es la PGR, es priista y lo
quiere en libertad.
Huyó seis meses, pasando de una casa de
seguridad a otra, pasaporte en mano —pasaporte falso por supuesto—, con dinero
fresco y líquido, efectivo que le permitía transitar sin riesgo, evadiendo la
orden de aprehensión. Si hubiera sabido que la PGR trabajaba para verlo libre,
no se habría movido.
Huía el ex gobernador de Veracruz desde aquel
14 de octubre, en 2016, sabiendo que la ley lo cercaba, acusado de ocho delitos
nada más, uno grave, siete para andar en libertad, ajustado al nuevo sistema de
justicia penal desastroso, que favorece al criminal y deja en la indefensión a
las víctimas.
A salto de mata, como los bandoleros, Javier
Duarte llegó a Guatemala, tras volar del Agrocentro de Emiliano Zapata a
Coatzacoalcos, a Chiapas, por los caminos que lo llevaron a la nación vecina
hasta ser ubicado en el hotel La Riviera de Amatitlán, en el departamento de
Sololá. Karime Macías Tubilla, su esposa, fue el señuelo para dar con él. O
consumó la traición.
Su primera audiencia, una vez concluido el
juicio de extradición que lo trajo de Guatemala a México, vislumbra un
escenario de impunidad, indemne a la justicia, derrumbando los cargos que le
imputan la PGR y la Fiscalía de Veracruz, no por argumentar mejor sino por la
falta de sustento de quienes representan a la instancia judicial. Si Javier
Duarte aceptó su traslado fue porque tenía todo para burlar la ley.
Hechos bolas, los abogados acusadores
muestran que la Procuraduría General de la República es un fiasco.
Tienen al ex gobernador a unos metros. Le
imputan lavado de dinero por más de 438 millones de pesos pero en documentos,
en recibos, sin elementos de prueba, sólo pudieron acreditar 38.5 millones.
Es la audiencia inicial y resulta un
desastre. Atestado de prensa, este lunes 17, el Reclusorio Norte de la Ciudad
de México muestra que el priismo se habla con el priismo, el peñanietismo es
cómplice del duartismo, se coluden y se encubren.
Refieren las crónicas que aquello fue una
debacle, anunciada en espacios de prensa cuando Javier Duarte aún permanecía en
la prisión Matamoros de Guatemala, resaltando la fragilidad de los expedientes,
la inconsistencia de las pruebas, los delitos que sin explicación ni razón
fueron dejados fuera de la acusación.
“Los números no cuadran, eso está claro”,
llegó a decir el mismo juez de control, adscrito al Palacio de Justicia Federal
en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García.
Y si no cuadran, de qué se le va a acusar a
Javier Duarte.
Premeditado o no, ese episodio evidencia
complicidad o indolencia, o los dos, los arreglos del priismo con Javier
Duarte, el mecenas de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que con
dinero de las arcas públicas compra impunidad, o la imperdonable impreparación
de los tres abogados que representaron a la PGR en la audiencia inicial.
“Está claro que el caso se está desmoronando
en estos momentos”, diría socarronamente el abogado del ex gobernador, Marco
Antonio del Toro, de la firma Del Toro Carazo, al ver el desastroso papel de
los abogados de la PGR.
Javier Duarte y sus abogados formularon 20
preguntas. Los abogados de la PGR terminaron siendo cuestionados, exhibidos,
ridiculizados. Uno de los cuestionamientos los obligó a invertir una hora para
responder. Y lo hicieron mal.
A detalle, el reportero Arturo Ángel, del
portal informativo Animal Político, quien acreditó la existencia de empresas
fantasma en las que Duarte y su pandilla desviaron miles de millones de pesos,
describió el caso, lo que PGR tiene en documentos, el contenido de las
denuncias y el papelazo que interpretó en la audiencia inicial.
“El origen del caso —señala Arturo Ángel— fue
una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.
“La trama, según la imputación de la PGR,
involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon
la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En
realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con
irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el
empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.
“Según la acusación de la PGR, a través de
Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que
por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por
instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría.
“Ambas empresas fachada habrían sido
fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños
Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de
empresas que solo existen en el papel como ha publicado Animal Político), y que
habrían recibido recursos públicos de la administración.
“Luego de escuchar la imputación, Javier
Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la
acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un
interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos
funcionarios, que no respondían con precisión.
“Por ejemplo, Duarte pidió que se le
explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como
quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría
tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún,
cayeron en contradicciones.
“ ‘Cuando libré la orden de aprehensión
(octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me
proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo
aquí planteado. No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de
la PGR exhiben incongruencia’, dijo el juez.
“Luego, la defensa insistió en que la
Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones
presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales
solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría
de Educación de Veracruz.
“ ‘¿Eso es todo?’, cuestionó el juez. Los
abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación
entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló
que era claro que ‘los números no cuadraban’, pero que esto se vería a fondo en
la audiencia de vinculación.
“Las fallas siguieron. La defensa solicitó
que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo
Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y
que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales
reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró
con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del
abogado Ortega.
“La Procuraduría tampoco pudo responder si
Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su
denuncia.
“ ‘Estamos en el punto en que ya no
entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un
caso que se está desmoronando’, dijo el abogado Marco Antonio del Toro”.
A velocidad de ráfaga, Javier Duarte se
encamina a ser hombre libre. La PGR lo salva, imputándole delitos que puede
llevar en libertad, a excepción del de delincuencia organizada, exhibiendo
fragilidad en la prueba.
No se podía esperar menos. Entre priistas,
hay colusión. Javier Duarte fue impulsor del proyecto Peña Nieto, financiando
parte de la campaña presidencial, con las maletas que contenían recursos en
efectivo, mil millones, por lo menos, enviados en cajas de huevos, como se le
escucha decir al entonces tesorero del gobierno duartista, Antonio Tarek Abdalá
Saad, en un audio de escándalo.
A Javier Duarte no se le juzga por el desvío
de recursos federales a Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
estableció irregularidades por 30 mil millones de pesos, dinero no aplicado en
los rubros etiquetados por el Congreso federal, simulación de devolución de
partidas millonarias, abriendo cuentas para su depósito de las que volvía a ser
tomado el recurso.
Arely Gómez, entonces procuradora general,
desestimó el caso y lo remitió a la Fiscalía de Veracruz. O sea, a los acólitos
de Javier Duarte. Ahí el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras determinó que no
había delito alguno. El priismo operando la burla a la ley.
El costo, sin embargo, es monumental. De ser
liberado Javier Duarte, detonará el repudio social, la repulsa al sistema penal
y la condena al arreglo entre priistas.
En 2018, cuando se dispute la presidencia de
México, el costo judicial se traducirá en costo electoral. Y el PRI volverá a
ser echado de Los Pinos.
Javier Duarte no ríe. Pero por dentro goza.
Archivo muerto
Del Toro Carazo no defiende a cualquiera. Hoy
es Javier Duarte. Hoy es Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del magisterio,
rehén de Enrique Peña Nieto, por pleito de mafias en la cúspide del poder. Ayer
fueron Vicente Fox, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que nunca ha dado
golpe en minera alguna; Grupo Carso de Carlos Slim; Pemexgate (desvío de
recursos de Pemex para la campaña del PRI en 2000); el ex banquero Carlos Cabal
Peniche, y el caso Toallagate en que la ex vicepresidenta de México, Martha
Sahagún de Fox, se vio implicada por las cifras infladas en los gastos
personales de la pareja presidencial. Marco Antonio del Toro Carazo cobra una
millonada por defender a sus clientes, gane o no los pleitos, evite o no que
quienes cubren sus honorarios terminen en prisión. A Javier Duarte, imputado de
desvío de recursos, lavado de dinero, delincuencia organizada y cinco delitos
más, le cuesta uno y la mitad del otro que la firma de Manuel del Toro le lleve
su caso. Del Toro se mueve en el nivel de Antonio Lozano Gracia y Diego
Fernández de Cevallos, de Juan Collado, de Juan Velázquez, de los Olea. Del
Toro lleva, por ejemplo la defensa de Elba Esther Gordillo por los delitos de
lavado de dinero y delincuencia organizada; son los mismos que se le imputan al
ex gobernador de Veracruz. Alguien, pues, debe cubrir sus millonarios
honorarios. O, como se ve, los sufraga el ladrón con lo que le robó a Veracruz…
Si a Juan Antonio Nemi Dib le buscan, le encuentran. Sábese que en sus días al
frente del DIF estatal, entregó el área de informática a una empresa
particular, concesionaria favorecida para llevar las cuentas o las dobles
cuentas de Karime Macías, aún esposa de Javier Duarte. Terciaba entonces Nemi
Dib con Antonio Tarek Abdalá Saad, el jugador de basquetbol por el que tanta
admiración y cariño sentía Rosa Borunda, esposa del ex gobernador Fidel Herrera
Beltrán, entonces convertido en secretario de Administración del DIF, y de ahí,
proyectado por Karime y por el mismo Duarte, a la tesorería de la Secretaría de
Finanzas y Planeación para terminar enfrentando denuncias por 23 mil millones
de pesos desviados. Si le hurgan algo más al caso Nemi, hallarán nombres y
razones que expliquen por qué concesionó el área de informática, a qué empresa
y quién lo sugirió… Fue una ráfaga, y otra, una veintena de balas cortándole la
vida a los dos. Él, Abdías Salomé Salomé; ella, presuntamente su sobrina, quien
iba al volante de la camioneta doble cabina, blanca, sobre la calle Correos del
Barrio Cuatro, cerca del DIF de Cosoleacaque. Un vehículo compacto los alcanzó
y de él partieron los disparos que dieron en parabrisas y medallón, en la
estructura del automóvil y la humanidad de los dos. Abdías Salomé había sido
activista social, crítico del sistema, denunciando el turismo electoral,
votantes traídos de Tabasco, inscritos en los padrones electorales del sur de
Veracruz, en los días en que Gladys Merlín Castro reinaba en Cosoleacaque.
Luego se le implicó en el secuestro y muerte de una doctora en Minatitlán, la
ginecóloga Aurelia Solís Juárez, en agosto de 2011. Remitido al penal
Duport-Ostión, sujeto a juicio, acusó que se incriminó a causa de las torturas
que le infligieron agentes ministeriales. Finalmente fue liberado. En 2016, un
hermano suyo, Aarón Salomé, fue ejecutado en la vía pública. Hace apenas unos
días, un taxista de Jáltipan fue ultimado, destazado y dejado en un automóvil Jetta.
Junto al cadáver hallaron un narcomensaje: "Raza ya estamos presentes esto
les va a pasar a todos los que apoyen o
anden con los mugrosos del puto de abdias salomé, concha, el panucho vas a mamar; junto con el
gil, michelin, richi, curso, el perry,
olmeca, bimbo, lic y el vic pinches traidores ya verán putos chapilines
la limpieza apenas comienza CJNG”. Este martes 18 se cumplió la amenaza…