Tribuna Libre.- Con una postura ambigua e indecisa, la
presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro mantiene en suspenso la
posibilidad de someter al pleno y voto de los 500 legisladores el retiro o no
del fuero constitucional de los diputados priistas Alberto Silva Ramos y
Antonio Tarek Abdalá Saad, también extesorero del exgobernador veracruzano
Javier Duarte.
En dos comunicaciones, contradictorias y
fechadas indistintamente, Jorge Carlos Ramírez Marín, priista y presidente de
la Mesa, no atina a establecer tácitamente el procedimiento legislativo
relativo a estos casos.
Como se recordará, el jueves 12 la Sección
Instructora, que preside el también priista Ricardo Ramírez Nieto, elaboró un
dictamen donde se mantiene el fuero de sus correligionarios. La votación se
realizó en tres ocasiones y, en cada una de ellas, resultó el empate, por lo
que los cuatro miembros del organismo decidieron remitir a la Mesa Directiva el
tema para que ahí se estableciera la ruta a seguir.
Sandra Méndez y Ramírez Nieto, del PRI,
votaron a favor del dictamen; Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD,
votaron en contra. Ambos sostuvieron ese día que la decisión no recaía en el
presidente de la Mesa Directiva, sino que éste, por ley, debía someter al pleno
si se retiraba o no el fuero a los diputados priistas.
En entrevista con Proceso, en la edición 2137
que circula esta semana, el diputado Juan Pablo Piña dijo que Ramírez Marín
“debía” tomar una resolución el martes 17, esto es, someter el tema al pleno,
sin embargo, no ocurrió así; en lugar de ello, el presidente de la Mesa
Directiva envió una comunicación al presidente de la Sección Instructora donde
señala que le regresa el dictamen.
Pero no sólo eso, en el documento, Ramírez
Marín hace una interpretación de la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 45
numeral 7, y concluye que, “dado que el dictamen y el acuerdo no cumplen con el
supuesto (del articulado), se devuelven a la Sección Instructora”.
El oficio de Ramírez Marín está fechado el
martes 17 y fue recibido en la Instructora a las 14:46 horas. Dos días después,
el presidente de la Mesa cambió de opinión y remitió otro escrito, con fecha de
este jueves 19, donde abre la posibilidad a “una negociación” para llevar el
tema al pleno.
En el segundo párrafo de esta misiva, Ramírez
Marín vuelve a señalar el artículo 45 y comenta: “Éste constituye una condición
limitativa y, por lo tanto, dicho dictamen no puede pasar al pleno para su votación.”
Luego le recuerda que es la Instructora la
que “debe rendir un dictamen ante el pleno”, por lo que “se devuelven el
dictamen y el acuerdo a la Sección Instructora que usted preside”.
Otro dato nuevo en la segunda misiva del
presidente de la Mesa Directiva y el cual se presta a confusión, es donde
advierte que, si de nuevo se regresa el caso a la Mesa, significará que la
Instructora abdica de su función, por lo que la Mesa atraerá el tema y tomará
una decisión el martes 24.
“Finalmente hago de su conocimiento que la
Mesa Directiva ha acordado que, en caso de que la Sección Instructora a su
cargo devuelva el dictamen y el acuerdo a la Mesa Directiva, se entenderá que
delega su función jurisdiccional a la Mesa Directiva, y en consecuencia ésta procederá
a atraerlos y a tomar una determinación al respecto en su próxima reunión,
misma que tendrá lugar el día martes 24 de octubre”.
“Nos
confunde”
Después de los tres empates del 12 de
octubre, los diputados Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD,
solicitaron que el tema se enviara a la Mesa Directiva para que ésta sometiera
el asunto al pleno, no el dictamen, sino la solicitud de retirarles el fuero a
los priistas.
La demanda la hicieron evocando el mismo
artículo 45 de la Ley Orgánica de la Cámara al que hace alusión Ramírez Marín
en sus dos misivas.
El artículo señala que cuando hay tres
empates en una votación de “comisiones”, el asunto será resuelto en definitiva
en el pleno.
Y el siguiente párrafo establece que los
proyectos de dictamen de la Sección Instructora “sólo pasarán al pleno si son
votados por la mayoría de los integrantes respectivos”.
El legislador panista acota: “No hay que
confundir. No dice aprobado por la mayoría, dice votado”, y el dictamen se votó
por todos los miembros de la Sección.
El dictamen cumple los dos supuestos del
artículo 45, recuerda Piña, es decir, “que haya habido empate, y dos, que a esa
votación haya acudido a votar la mayoría de los integrantes de la Sección, por
lo tanto no hay motivo alguno por el cual el asunto del desafuero no sea votado
en el pleno”.
Pero todavía más, reveló, hoy en la mañana,
Ramírez Marín dijo a los miembros de la Mesa Directiva que el próximo martes
iba a tratar el tema, “cuando ayer mando una carta diciendo que el asunto no
iba a subir al pleno”.
Y expresó: “¡Me genera confusión! ¿o lo van a
tratar el martes o ya decidió él de manera unipersonal no subirlo al pleno? Y
si es el caso, ¿por qué?”.
Lo que está ocurriendo, comentó, es que el
PRI “no quiere que el asunto llegue al pleno, parece que quiere patear el bote”
Además de los casos de Tarek Abdalá y Silva
Ramos, la Sección Instructora tiene dos solicitudes de desafuero por
malversación de fondos. Una es el de la diputada local priista y presidenta del
Congreso de Chihuahua, Karina Velázquez, acusada de recibir dinero que el
gobierno estatal descontaba a sus empleados. Y el segundo es contra la también
priista Bárbara Botello, diputada federal por Guanajuato, por presuntamente
haber desviado recursos cuando fue alcaldesa de León.
Por lo pronto, el tema de Takek Abdalá y
Silva Ramos se resolvería el martes próximo, una vez que se haya votado la Ley
de Ingresos y arrancado la distribución del Presupuesto de Egresos, en donde se
incluyen dos de los 12 estados que gobierna el PAN y los tres del PRD.