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La Semar protagonizó golpes a la
delincuencia, pero también sufrieron bajas y cargan con señalamientos por
delitos de alto impacto.
Xalapa, Ver. | 25 octubre de 2017
Tribuna Libre.- La retirada de la Secretaría de Marina
(Semar) del territorio veracruzano se pronostica inminente para 2018. En seis
años de trabajo, los elementos federales han protagonizado golpes
significativos a la delincuencia organizada, pero también sufrieron bajas y
cargan con señalamientos de haber participado en delitos de alto impacto como
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Este lunes 23 de octubre, Miguel Ángel Yunes
Linares reconoció que el convenio entre el gobierno del Estado de Veracruz y
Semar no podrá renovarse en 2018, debido a que el encargado de la Secretaría de
Marina, el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, concluirá su periodo el 30
de noviembre del año próximo.
Por su parte, Gregorio Gil Reyes, coordinador
general de la Policía Naval en el sur de Veracruz, anunció el pasado 20 de
octubre el retiro paulatino de las fuerzas federales de diversos municipios que
hoy son escenarios de ejecuciones, robos y secuestros que mantienen a la
entidad con cifras rojas a nivel nacional.
“El convenio está marcado hasta el 2018 y
como una orden presidencial vamos a estar hasta esa fecha aquí. Más adelante
tenemos que recibir la orden de retirarnos totalmente, ahorita está una
retirada progresiva, poco a poco. Ya personal de seguridad pública ha sido
entrenado y capacitado para hacer sus funciones”, refirió Gil Reyes en
entrevista.
El arribo de la Semar a las calles de
Veracruz, se concretó a través de un convenio celebrado en octubre de 2011
entre el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y
el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
El refuerzo llegaba días después del abandono
de 35 cadáveres frente al centro comercial Las Américas, a unos metros del
centro de convenciones World Trade Center (WTC) en Boca del Río, donde ese día
se llevaba a cabo el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores
y Procuradores Generales de Justicia.
De acuerdo con lo estipulado en el comunicado
398/11 de la Semar, el objetivo era fortalecer las funciones de apoyo a la
seguridad pública y policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del
Río. Javier Duarte destacó que la alianza sumaría fuerzas en la cruzada
nacional por la legalidad, abanderada por Calderón Hinojosa.
Otra meta de las tropas militares fue
coadyuvar con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
(SSP) para reducir la incidencia de homicidios dolosos y secuestros. Crímenes
que, no obstante, el refuerzo, prevalecieron durante el sexenio de Duarte y
alcanzaron la tasa más alta en el gobierno de Yunes Linares.
De acuerdo con el Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP) las cifras de homicidios dolosos fueron: 890 crímenes
en 2011; 968 en 2012; 863 en 2013; 487 en 2014; 565 en 2015; 1mil 258 en 2016;
y 1mil 208 en nueve meses de 2017.
Fuentes de la extinta Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) explicaron que la mayoría de los elementos que se
hicieron cargo de la seguridad en la entidad no tenían formación policial.
“Salvo los mandos, el resto no eran marinos de élite, sino cabos de bajo
perfil; cocineros, carpinteros, mecánicos o choferes. Algunos con secundaria o
bachillerato trunco”, refirieron a este medio.
Pasaron los tres primeros años del convenio
y, si bien, la incidencia de asesinatos se vio reducida en un 50 por ciento,
por otra parte, los secuestros pasaron de 60 a denuncias interpuestas ante la PGJE
a 144, es decir, un incremento del más del 100 por ciento.
Dicho repunte en los secuestros hizo
necesario un segundo convenio entre el gobierno del estado y la Semar firmado
el 27 de junio de 2014. Las partes fueron, por la administración duartista Érick
Lagos Hernández, exsecretario de Gobierno, hoy diputado federal por el PRI y
por el gobierno federal el entonces Oficial Mayor almirante Armando García
Rodríguez.
En el documento se lee: “Actualmente, el
Estado de Veracruz presenta índices delictivos significativos en material del
delito de secuestro, por lo que, a fin de mejorar las condiciones de seguridad
en la región, se estableció el compromiso Presidencial Código CG-013; la
Policía Naval seguirá velando por la seguridad de los habitantes de Veracruz,
con posibilidad de expansión hacia un sistema integral para la atención de los
otros delitos de alto impacto”.
Los plagios disminuyeron en 2015 con 97
casos, en 2016 se incrementaron a 132 y en nueve meses de 2017, ya en el
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se han contabilizado 133 secuestros con
un total 150 víctimas, lo que posiciona a Veracruz como la segunda entidad más
reincidente en México, solo por detrás de Tamaulipas, con 165 víctimas.
Semar no vio ni olió la fosa clandestina más
grande de Latinoamérica
De acuerdo con registros de madres del
colectivo de desaparecidos Solecito Veracruz, entre 2010 y 2015, elementos de
la delincuencia organizada en alianza con corporaciones policiales de la SSP
inhumaron más de 280 cadáveres en el predio Colinas de Santa Fe, ubicado a unos
10 kilómetros del puerto de Veracruz y hoy reconocido como el cementerio
clandestino más grande de Latinoamérica
Fueron casi cinco años en que el terreno
habría funcionado como sembradío de cadáveres con la implementación, incluso,
de retroexcavadoras. De acuerdo con el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, el
modus operandi no pudo llevarse a cabo sin la anuencia de autoridades, en ese
entonces comandadas por la Semar.
En un reportaje publicado en el portal de
noticias AVC, se mencionaron los cargos de los responsables de la seguridad en
la zona conurbada Veracruz- Boca del Río hasta el día del hallazgo de Colinas
de Santa Fe –el 03 de agosto de 2016- gracias a diligencias de las madres del
colectivo Solecito.
De diciembre del 2011 a octubre del 2012, se
expone en el reportaje, “el contralmirante Mauricio Crispín Hernández, fue
comandante de la Policía Naval para encabezar el operativo Veracruz Seguro,
después lo suplió el contralmirante José Pedro Ladino Bonilla, de octubre del
2012 a septiembre del 2013”.
“El contralmirante Francisco Javier Castaño
Suárez, ocupó el cargo de septiembre del 2013 a enero del 2015; el capitán
Antonio Morales Hernández, fue comandante enero del 2015 a marzo del 2016”. Y
finalmente, Félix Quiroz Javier ocupó el mismo cargo dos meses antes del
hallazgo en Colinas de Santa Fe.
A la fecha, las diligencias se han limitado a
la identificación de cadáveres en dicho lugar, no obstante, la justicia para
las víctimas indirectas no ha llegado, pues de la fosa más grande en América
Latina no se ha derivado una sola sentencia.
Marina también señalada en desapariciones
forzadas y ejecuciones
El 25 de septiembre del 2015 cuatro jóvenes
fueron privados de su libertad en la avenida Universidad, en el municipio de
Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Entre las víctimas, de quienes a la fecha se
desconoce su paradero, estuvo Jacob Vicente Jiménez González, de 27 años, quien
ese día prestaba sus servicios en un taxi.
A la fecha, la madre Belén González Medrano,
no suele hablar del tema, debido a que el caso permanece en investigación. No
obstante, refirió en entrevista que, de acuerdo con un testimonio presencial,
Jacob Vicente y los otros tres muchachos fueron interceptados por policías de
la SSP y “navales”.
“Fueron bajados con lujo de violencia y
subidos a las patrullas y luego llevados con rumbo desconocido hasta el día de
hoy”, refirió la madre, quien a la fecha acompaña a otras 20 familias
integradas en el colectivo Madres en Búsqueda Belén González.
El caso más reciente fue el de Levi Ramírez,
Jaciel Ramírez Ramírez y Rafael Armando Ramírez Bravo, originarios del estado
de Oaxaca, quienes desaparecieron el 05 de enero de 2017, cuando en el Puerto
de Veracruz se cometían saqueos, en presunta respuesta al incremento de
hidrocarburos, llamados “gasolinazos”.
Familiares de los tres jóvenes originarios de
Huajuapan de León, reportaron sus desapariciones al enterarse que un cuarto
familiar, Hugo Ramírez, había sido asesinado en las inmediaciones de la plaza
comercial Las Palmas, en Veracruz.
Por este crimen, las víctimas indirectas
señalaron como responsables a elementos de la Policía Naval, pues a raíz de
peritajes el ministerio público confirmó que la Coordinación General de la
Policía Intermunicipal falsificó documentos oficiales para presuntamente
encubrir la responsabilidad de los policías federales.
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, emitió un mensaje a medios, para declararse “absolutamente seguro de
que ni en este tema, ni en ningún otro, la Marina tiene alguna participación”.
El caso también fue desacreditado por la Semar mediante un comunicado, salió de
la opinión pública y a la fecha ni siquiera aparece en los registros oficiales
de la Fiscalía veracruzana, en el Registro Público de Personas Desaparecidas
(Repupedes).
Tres marinos fueron “levantados” en el puerto
de Veracruz
La inseguridad en la administración de Miguel
Ángel Yunes Linares, alcanzó niveles insospechados con el plagio de tres
elementos pertenecientes a esa institución en el Infonavit Buen Vista del
puerto de Veracruz. La anterior, fue acreditado por la propia Semar en un
comunicado.
“La Secretaría de Marina-Armada de México
pondrá todos los medios y fuerzas disponibles siempre apegados al marco
jurídico vigente para localizar y recuperar con vida al personal naval, no
descansará en su búsqueda para llevar a la justicia a las personas responsables
de este lamentable hecho”, se lee en el documento.
El hallazgo con vida de los oficiales no se
logró. Su última referencia fue en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, en la
parte trasera de un rancho, al pie de una laguna que desemboca en el Golfo de
México. Allí se encontró una fosa clandestina con al menos 47 cadáveres, donde
se presume fueron inhumados los oficiales.
Se cumplen seis años desde la llegada de la
Semar a Veracruz y su inminente retirada se da en un pasillo lúgubre, donde son
asesinadas 30 personas en 30 días -en Coatzacoalcos-, con un secretario de
Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, amenazado de muerte por la delincuencia
organizada, y con la baja del ex coordinador estatal de la Policía Federal Juan
Camilo Castagné Velasco.