El TEPJF tiene el deber de realizar actividades encaminadas a la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos: Otálora Malassis
*La
magistrada presidenta del TEPJF dijo que el Tribunal Electoral contribuye a la
participación y al respeto de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales.
*El
magistrado de la Sala Superior, Fuentes Barrera, indicó que los jueces
constitucionales deben facilitar que los principios contenidos en el Pacto
Federal aterricen en acciones concretas que beneficien a los grupos en
situaciones de vulnerabilidad.
*Ambos
integrantes de la Sala Superior presentan el Manual sobre los derechos
político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, editado por el
TEPJF, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)
2017.
Guadalajara, Jalisco. | 01 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- La magistrada presidenta de la Sala Superior,
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) tiene el indeclinable deber de realizar
actividades encaminadas a la promoción, protección, respeto y garantía de los
derechos humanos, en especial de las personas y de los grupos que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Al presentar el Manual sobre los derechos
político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, editado por el
TEPJF, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)
2017, la magistrada presidenta subrayó que con esta obra “se demuestra cómo el
Tribunal Electoral contribuye a la participación y al respeto de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de nuestro país, así como en
diversos instrumentos internacionales que ya están incorporados en nuestro
derecho interno”.
Otálora Malassis, recordó que el año pasado,
ante un vacío del Estado mexicano para atender las demandas de las comunidades
indígenas, el TEPJF, como órgano de Estado, creó la Defensoría Pública
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con la que se han atendido las
peticiones que hacen particularmente las mujeres, más que los hombres, pero
muchas de ellas tienen que ver más con problemas de trabajo, integridad física,
de violencia, de pobreza, de hambre, “y uno dice: y aquí viene uno a hablar de
derechos políticos para que cuando finalmente el mínimo de la subsistencia no
está garantizado para todos estos ciudadanos”.
Por ello, sostuvo Otálora Malassis, la
Defensoría Pública, representa un sueño que se ha hecho realidad y que va
creciendo día con día, porque se han aumentado cada vez más los casos a los que
les da seguimiento, al punto de que hoy en día ya cinco defensores están siendo
realmente un problema para lograr el desempeño cabal de sus funciones y cuyos
servicios son 100 por ciento gratuitos y profesionales.
“En esta nueva integración de la Sala
Superior además hemos fortalecido el impartir justicia con mejores herramientas
y entre ellas ha sido utilizar la prueba antropológica, que consiste en que
peritos especialistas en derechos indígenas vienen a decirnos cuáles es la
visión más neutra sobre un conflicto que se plantea ante nosotros”, añadió
Otálora Malassis.
Al recordar al antropólogo Guillermo Bonfil
Batalla, en su obra México profundo, que proponía la construcción de una nación
plural en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran
diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde, la magistrada
presidenta indicó que, “en efecto, reconocer nuestras diferencias culturales es
lo único que nos va a hacer fuertes como Nación y ricos dentro de nuestra
diversidad”.
En su intervención, el magistrado de la Sala
Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, indicó que bajo el
preámbulo internacional y por la forma en que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha delimitado los alcances de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, el Tribunal Electoral se encamina en dos rutas de acción
para atender las necesidades de dichas comunidades.
En la primera, señaló, está la emisión de
sentencias garantistas y líneas jurisprudenciales protectoras de los derechos y
pueblos originarios, en las que, por ejemplo, se ha construido toda una
doctrina judicial en relación con la suplencia total de los agravios, el
respeto de los usos y costumbres, siempre y cuando se ajusten al marco
constitucional en materia probatoria, además de que se ha llegado a ordenar la
realización de pruebas antropológicas a fin de dotar de contenido probatorio
adecuado, las resoluciones que se alcanzan en los recursos de reconsideración.
En segundo término, continuó el magistrado de
la Sala Superior, está la concepción de ser un Tribunal Constitucional, así
como su impacto en la sociedad, en el sentido de que no debe circunscribirse,
única y exclusivamente a la emisión de criterios jurisprudenciales, sino que,
por el contrario, debe encaminar al diseño de una política judicial.
“Dentro de esa política judicial, los jueces
constitucionales debemos facilitar que los principios contenidos en el Pacto
Federal, se aterricen en acciones concretas, y que éstas beneficien a los
grupos en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, género, violencia
política, indígenas y personas con algún grado de discapacidad”, destacó
Fuentes Barrera.
En esa tesitura, aseveró el magistrado de la
Sala Superior, es que se inscribe el Manual que se presentó, porque es una
visión de vanguardia para que los pueblos y comunidades indígenas, tengan
acceso real a la justicia completa y eficiente en materia electoral, habida
cuenta de que superada la discusión sobre si los derechos político-electorales
son o no derechos fundamentales, estos deben potenciarse y aplicarse de mejor
forma.
“La justicia para este grupo vulnerable, es
en realidad, algo aún lejano, es por definición un tema que todas las instituciones
nos debemos de ocupar en resolver, no porque dichos pueblos carezcan de
competencias para ello, sino por el contrario, es tanta su riqueza cultural,
que necesita ser entendida, para ser atendida en condiciones justas”,
puntualizó Fuentes Barrera.
Luego de la presentación del Manual sobre los
derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, la
magistrada presidenta Otálora Malassis y el magistrado Fuentes Barrera
visitaron el stand que el TEPJF instaló en el Centro de Convenciones en el
marco de la edición 2017 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
además de recorrer y visitar diversas editoriales.