* Dos
alcaldes asesinados en 4 días.
* Ola
de violencia registra 27 asesinatos en sólo tres días.
Tribuna Libre.- En respuesta a la crisis de seguridad que
vive el estado de Veracruz y que ha dejado la muerte de al menos 27 personas en
sólo tres días, el senador Héctor Yunes Landa presentó hoy ante el pleno de la
Cámara de Senadores, un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno de Veracruz
a que modifique de fondo su estrategia de seguridad pública y se investigue de
manera profesional, objetiva y transparente, el homicidio del presidente
municipal electo de Hidalgotitlán, Santiago Cruz Bahena; del alcalde de
Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino; y de la Fiscal Especial
en Delitos Sexuales y Contra La Familia del municipio de Pánuco, Yendi
Guadalupe Torres.
Señaló que la solución al problema de la
inseguridad fue uno de los principales compromisos de campaña del actual
gobierno –para lo cual se dio un plazo de seis meses-, sin embargo, los índices
delictivos han crecido de manera exponencial y sostenida en este primer año.
Tomando como referencia las estadísticas dadas a conocer por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que al pasado mes de
octubre, los homicidios dolosos habían llegado a 1 mil 382, mientras que los
secuestros a 146 casos y las violaciones a 199, sin contar la cifra negra de
los delitos que no se denuncian.
“Sin duda, la estrategia de seguridad ha
fallado. El sistema de procuración de justicia también. Hoy se cometen más
delitos y se sanciona cada vez menos a los responsables. El gobierno
criminaliza a las víctimas, violenta el debido proceso y extiende una patente
de impunidad al señalar que sólo se trata de ajustes de cuentas entre
delincuentes, cuando hay mucha población afectada, entre ellos, mujeres y
niños”, aseguró.
Por esta razón, el Punto de Acuerdo
presentado en la sesión ordinaria de este martes, propone exhortar al gobierno
de Veracruz para que replantee la política estatal de seguridad implementada,
ya que no ha disuadido los actos delictivos y se ha visto un marcado incremento
de delitos en contra de los veracruzanos de todas las regiones, sin importar
cuál sea su condición social y económica.
Dijo también que los grupos del crimen
organizado cada día son mayores y más fuertes; que la inseguridad e impunidad
prevalecen en Veracruz como resultado de la ausencia de una política de
seguridad pública que respete los derechos humanos de las víctimas,
consecuencia de la actuación de la administración estatal que dista mucho de la
aplicación de las leyes y protocolos que garanticen la seguridad.
Aseguró que, en el caso de los ediles y de la
funcionaria de la FGE, el gobierno del estado y no la Fiscalía, ha hecho
pública información vaga e imprecisa que sólo confunde a la sociedad y violenta
el debido proceso.
“Hasta ahora nada sabemos de los
responsables; lo que el gobierno nos ha dicho es que los funcionarios tuvieron
responsabilidad en los hechos al inculparlos de participar en actos ilícitos
como el robo de combustible, de tener tratos comerciales con delincuentes y de
ser ejecutada por causas ajenas a su trabajo, lo que infiere necesariamente a
la vida personal”, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado asuma su
autonomía y realice una investigación objetiva sin sesgos políticos.