*Con
esta modificación se sustituye el concepto de salario mínimo por la Unidad de
Medida y Actualización en los pagos de diversos servicios o multas.
Xalapa, Ver. | 22 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Las diputadas y diputados de la LXIV
Legislatura de Veracruz aprobaron con 43 votos a favor, sin abstenciones o
votos en contra, el dictamen de decreto que reforma y adiciona el Código
Financiero para el Estado de Veracruz, con el objetivo de desindexar el salario
mínimo por el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y con ello
actualizar los montos en los derechos estipulados, sin lesionar la hacienda
estatal.
La reforma establece que la recaudación
ingresada por concepto de impuestos sea destinada en partes iguales, al
financiamiento del gasto público en el rubro de seguridad pública y de combate
a la pobreza y con ello evitar que los ingresos de esto impuestos se reduzcan
aún más en gastos de administración.
Esta modificación, es para homologar las
disposiciones estatales a lo aprobado en la Constitución Federal sobre la
creación de la UMA como Unidad de Cuenta, índice, base, medida o referencia
para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales y entidades federativas en razón de unificar los criterios.
Reforman la Ley del Código de Derechos para
fomentar la transparencia en Veracruz
Con 45 votos a favor, el Pleno aprobó el
dictamen que reforma y adiciona el primer párrafo del Código de Derechos de
Veracruz con la finalidad de que cualquier persona tenga el derecho de buscar,
obtener y difundir información en poder de los gobiernos u administraciones
públicas en cualquiera de sus
manifestaciones oral, escrita, medios electrónicos o informáticos.
Lo anterior, señala el dictamen, en razón de
que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer
realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la
calidad de la democracia.
Con ello se logra que a través de la
transparencia se facilite la evaluación y revisión de programas y políticas
públicas para otorgar el derecho de
acceso a los documentos públicos y someter el poder de decisión de los sujetos
obligados a la evaluación y revisión y favorecer la rendición de cuentas.