Ciudad de México. | 23 febrero de 2018
Tribuna Libre.- El conflicto que sostienen el INE y el TEPJF
sobre los conteos preliminares de las elecciones federales y locales de julio
próximo daña la confianza en ambas instituciones, que de por sí gozan de baja
credibilidad entre los ciudadanos, coincidieron expertos consultados.
No es la primera vez que entre las autoridades
electorales se hacen públicas sus diferencias, el problema radica en que “estos
protagonismos” no deberían de existir cuando faltan poco más de tres meses para
las elecciones.
“El árbitro no debería verse, no debería
notarse, justo como en los partidos de fútbol”, dijo el doctor Francisco
Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Las diferencias entre el Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), suscitadas en los últimos meses, minan la credibilidad y confianza que
la ciudadanía pueda tener en los máximos organismos electorales de México; y
por extensión, en el proceso y los resultados electorales del próximo 1 de
julio, refirieron especialistas consultados por este medio digital.
Como apunta el doctor Francisco Reveles
Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
problema radica en que “estos protagonismos” públicos no deberían de existir
entre instituciones electorales cuando faltan poco más de tres meses para las
elecciones. “El árbitro no debería verse, no debería notarse, justo como en los
partidos de fútbol”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
El especialista en temas electorales refirió
que las diferencias entre el INE y el TEPJF reflejan su incapacidad de acuerdo,
“porque una cosa es lo que se establece de manera formal en cada uno de estos
órganos y otra cosa es el cabildeo y la negociación”.
Además, su discordia “va a generar divisiones
o va a profundizar los cuestionamientos al proceso”, ya que “los competidores
[partidos políticos y candidatos] van a usar esto como un recurso para lesionar
al INE o al Tribunal en algún momento […], generando más incertidumbre que
después será trasladada al ciudadano común”, dijo.
El doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez,
profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM,
señaló que aunque el INE y el TEPJF están actuando “de buena fe”, estos
desequilibrios emanan de una inadecuada reglamentación en materia de procesos
electorales. Y lo que el INE busca es “subsanar cuestiones operativas de
implementación en cuanto a la fiscalización y el desarrollo de las elecciones”.
“A veces la Ley se queda corta [en
comparación] con la realidad […]. Aquí también hubo una falta de apreciación de
los partidos políticos a la hora de modificar la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Tuvieron que haber previsto el crecimiento de la
lista nominal [y] que iban a haber más cargos en disputa, [lo] que implica
mayor carga de trabajo [para el INE]. Lo que falló fue una perspectiva cuando
esta Ley se modifica y que pone ahora en aprietos a las dos instituciones
encargadas de darle certidumbre al proceso: Por un lado al INE, que organiza
las elecciones; por otro lado al Tribunal Electoral, que vigila y califica la
adecuación de los procedimientos a la norma”, explicó.
En ese sentido, Sánchez y Sánchez mencionó
que la norma vigente necesita de una “revisión profunda” y que los organismos
electorales lleguen “a un punto intermedio” para asegurar la legitimidad del
proceso, donde el INE pueda dar resultados preliminares sin mayor dilación, con
el respaldo del Tribunal Electoral.
LA
DISPUTA Y EL ENTREDICHO
Hace una semana, el TEPJF revocó la reforma
del INE al Reglamento de Elecciones, mediante la cual, el Instituto buscaba
agilizar los resultados electorales de las elecciones de julio próximo.
Con su enmienda, el INE propuso que en la
noche de los comicios se abrieran las urnas para revisar y ordenar los paquetes
electorales, tanto de las elecciones federales -en las que resultarán electos
el Presidente de la República y los diputados y senadores federales- como de
aquellas locales -que definirán a quienes serán los nuevos gobernadores,
alcaldes y diputados locales-, con la finalidad de reubicar las boletas
depositadas por error en la urna equivocada.
Dicha acción permitiría, según el propio INE,
concentrar las boletas de manera ordenada y acelerar el cierre del cómputo de
las elecciones presidenciales -para efectos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) y del conteo rápido-, con lo cual se lograría
generar “información veraz y oportuna”, evitando incertidumbre, sobre todo
aquella generada a partir de la auto-proclamación de victoria que suelen hacer
los candidatos al Ejecutivo federal.
Como lo estimó el Instituto a cargo del
doctor Lorenzo Cordova Vianello, con esta medida se esperaba que antes de las
23:00 horas del 1 de julio pudieran tener tendencias de los resultados en el
conteo rápido y que, a las 24 horas posteriores a la celebración de las
elecciones presidenciales, el PREP presentara un avance de al menos 60 por
ciento.
No obstante, luego de una impugnación en
contra de la enmienda, promovida por los partidos Acción Nacional (PAN),
Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el TEPJF
determinó que la pretensión del INE no sólo excedió sus facultades como
institución. También implica el riesgo de una posible manipulación de las
boletas, situación que transgrede los principios de reserva de ley, certeza y
seguridad del proceso electoral.
Según Janine M. Otálora Malassis, magistrada
presidente del TEPJF, no existen confrontaciones con el INE, aunque “a veces se
tienen criterios que no comparten una y otra autoridad”. Y a pesar de confiar
en que las autoridades electorales podrán garantizar el buen manejo del
proceso, subrayó que el INE deberá encontrar otro medio para acelerar los
resultados de las votaciones.
“Abrir cada urna, extraer las boletas,
revisar que estén bien colocadas, ubicarlas en la urna correspondiente y volver
a cerrar; esto, si hay un resultado cómodo entre el primero y segundo lugar no
plantea ningún problema. Sin embargo, si el resultado es muy cerrado entre el
primero y segundo lugar, podría levantar sospechas, que es uno de los problemas
de nuestro sistema electoral”, refirió Otálora Malassis en un comunicado de
prensa.
En la última semana, el INE aseguró que
respetaría la determinación del Tribunal Electoral. Como nueva medida para
asegurar el conteo rápido oportuno -porque el PREP sí saldrá con más retraso
que en otras ocasiones-, el Instituto propone utilizar los resultados
preeliminares de la “hoja de operaciones” de los funcionarios de casilla.
Dicha hoja contiene los primeros datos
fehacientes sobre los resultados electorales, que por Ley son “transcritos” al
acta de escrutinio y cómputo, que es el documento final en que son asentados
los resultados de cada una de las elecciones.
De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, esta
medida será discutida el miércoles de la semana entrante por el Consejo General
del INE, aunque adelantó que es una “fórmula blindada” porque el TEPJF y los
partidos no tendrían razón para impugnarla, dado que se basa en un documento
que ya está previsto en la Ley y porque no se habrán tocado las boletas de las
urnas.
Hasta el momento, el INE confía en que a las
24:00 horas de la elección presidencial, el PREP alcanzará “apenas el 12 por
ciento” de avance en el conteo, en lugar del 60 o 70 por ciento previsto con la
apertura de urnas. Y de ser aprobada la nueva medida, el conteo rápido podría
estar listo al filo de las 23:00 horas del día de las elecciones. De lo
contrario, el INE tendría resultados hasta las 2:00 y 5:00 horas del día
posterior a la elección.
Esta no es la primera vez que estos dos
organismos tienen posicionamiento encontrados en materia electoral. El año
pasado, en el marco de las elecciones locales del Estado de México y Coahuila,
el INE y el TEPJF discutieron luego de que el INE, de cara a las elecciones de
2018, modificara el Reglamento de Fiscalización para evitar lo que sucedió en
los comicios locales: la entrega de dádivas -para cooptar el voto- a través de
tarjetas o monederos electrónicos, durante el proceso de campañas políticas.
Una vez más, luego de la apelación de varios
partidos políticos [MC, PAN, PRD, PRI y PVEM], el Tribunal Electoral determinó
que la disposición del INE era improcedente por dos razones: el Instituto no
tiene potestad para cambiar las leyes -sólo puede cumplirlas y aplicarlas- y
las tarjetas, al ser un mecanismo de propaganda política, son fiscalizables -y
salvo sea que haya un eventual rebase al tope de gastos de campaña, son
legítimas y legales-.
Para el doctor Reveles Vázquez, los
argumentos del INE “son adecuados” porque abrir los paquetes de boletas “en
efecto podría hacer más rápido el proceso de escrutinio”. Aunque también el
Tribunal electoral “tiene cierta razón, en la medida en que fácilmente se
podrían cuestionar [los resultados electorales] si se diera esta aprobación de
apertura de los paquetes de las boletas”.
Sin embargo, confió en que el “problema de
fondo es que el cuestionamiento a las elecciones está presente, no solamente en
este momento sino en todas sus fases, a lo largo de todo el proceso electoral”.
Y considerando la baja credibilidad de la que gozan las instituciones
electorales en la actualidad, la apertura de urnas “no debería ser un motivo
sustantivo de debate entre el INE y el Tribunal -menos a estas alturas- pues
genera más desconfianza institucional”.
De acuerdo con la última encuesta sobre
confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, por ejemplo, el
INE se encuentra entre las nueve instituciones con peor calificación. En una
escala de cero a 10, la ciudadanía le dio 5.7 puntos de confianza -lo que
quiere decir que está reprobado-.
Y según la casa encuestadora BGC: Ulises
Beltrán, el 56 por ciento de los ciudadanos cree que los consejeros electorales
buscarán favorecer a algún partido político en los comicios, particularmente al
Revolucionario Institucional (PRI), además de un 42 por ciento que estima que
los comisionados no son ciudadanos dignos de confianza en materia electoral.