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miércoles, 21 de febrero de 2018

Ruiz Esparza y Rosario Robles traen perdidos 2 mil millones del Fondo para Desastres, dice la ASF


* La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se usa para apoyar a las entidades que se ven afectadas por un desastre natural.

*De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizada por la ASF, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –encargada de la obra pública federal– y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que tiene a su cargo las políticas públicas de ordenamiento territorial y asegurar una vivienda digna para los ciudadanos, entre otras–, no regresaron 2 mil 198 millones 100 mil pesos.

*La Auditoría ya había detectado irregularidades en el uso de este fondo por parte de ambas dependencias en el año 2013, tras el paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”.

Gerardo Ruiz Esparza y Rosario Robles Berlanga
Ciudad de México. |  21 febrero de 2018
Tribuna Libre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “deficiencias” por 2 mil 198 millones 100 mil pesos en el uso de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un instrumento para aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un huracán, inundación o sismo en el país.

En la tercera entrega de la Cuenta Pública del 2016, el órgano fiscalizador observó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no reintegró al erario público mil 927 millones de pesos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no regresó 271 millones 100 mil pesos.

La Sedatu, que desde entonces dirige Rosario Robles Berlanga, “no reintegró” al Fonden los recursos por 961 millones 500 mil pesos, más los intereses generados por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar. Tampoco regresó el cobro de la penalización no aplicada por 420 millones de pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas de un contrato y sus convenios modificatorios.

Además, la dependencia “no transfirió” a la delegación estatal en Veracruz ni reintegró al Fideicomiso 2003 Fonden los recursos por 545 millones 500 mil pesos con sus respectivos intereses, “para solventar los gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación de daños del fenómeno natural perturbador”.

El 8 de agosto agosto de 2016 la tormenta “Earl” causó la muerte de doce personas en Veracruz y dañó 29 municipios.

Aunque la Sedatu en Veracruz reintegró en julio de 2017 recursos por 281 millones 100 mil pesos, “no se proporcionó evidencia del cálculo y reintegro de los intereses generados” por el tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la delegación estatal, ya que los recursos fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de octubre de 2016.

En el caso de la SCT, dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, la ASF determinó que no se reintegraron 271 millones 100 mil pesos al Fonden por parte de la empresa del contrato del 25 de marzo de 2015, correspondiente al ajuste de costos a favor de esta secretaría.

Asimismo, no reportó a su Órgano Interno de Control los informes trimestrales sobre los avances físicos financieros por obra y acción del ejercicio 2016.

UN FONDO CON USO IRREGULAR

La ASF ha detectado irregularidades en el Fonden en cuentas públicas de años pasados. En la de 2013 también fueron por parte de la Sedatu y la SCT. La organización México Evalúa ha advertido que los fideicomisos locales se caracterizan por su opacidad y riesgo de corrupción por la falta de control en la contratación y evaluación de las empresas –al haber adjudicación directa por caso extraordinario– por parte de las autoridades locales.

Las irregularidades detectadas en la última entrega del informe de la ASF corresponden a 2016, un año antes de que ocurrieran los sismos el 7 y 19 de septiembre, donde más de 150 mil casas resultaron dañadas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

Los recursos públicos disponibles para la población afectada en situación de extrema pobreza son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones de pesos para 2017 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un monto de 27 mil millones de pesos etiquetados para todos los estados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

El Fonden se financia de dos formas. Una parte son recursos federales (6 mil 400 millones de pesos asignados este año) y otra parte es un fideicomiso (3 mil millones de pesos disponibles desde el año pasado). Para 2018 se propusieron 7 mil millones de pesos, un 5 por ciento más.

Los recursos no se entregan directamente a los estados porque existe un mecanismo con lineamientos específicos. Cuando el Gobierno federal levanta la declaratoria de emergencia y señala a las entidades afectadas, éstas son responsables de hacer un Comité de evaluación de daños, integrado por un representante del ejecutivo federal o estatal, de Protección Civil y de diferentes sectores (educación, salud, infraestructura…). Tras evaluar y cuantificar los daños, el Comité estatal hace una petición de recursos a la Secretaría de Gobernación.

No obstante, desde la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los estados a contar con su propio fondo para atender los desastres naturales, pero no existe un registro de ello. Hasta el primer trimestre de 2017, se había empleado el 5 por ciento del Fonden por los desastres naturales anteriores (en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), documentó el Centro de Investigación Económica y Presupueataria (CIEP).

Mariana Campos, coordinadora de gasto público de México Evalúa, dijo a este medio anteriormente que tras las inundaciones que sufrió Chiapas en 2011, la ASF detectó que las autoridades estatales contrataron a empresas que no contaban con la capacidad técnica ni con los recursos materiales y humanos para ejecutar los contratos. El gobierno estatal no se aseguró de haber conseguido las mejores condiciones de contratación para el erario en 84 contratos de obra pública por mil 250 millones de pesos. Además, no se integró la información y documentación que acreditara la existencia legal de 47 empresas contratadas.

En la cuenta pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación observó que el Fonden puso a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recursos por 432 millones 789 mil pesos para la reconstrucción de obras en el estado de Oaxaca para atender los fenómenos naturales ocurridos en 2012 (huracán Carlota) y 368 millones 190 mil pesos para los registrados en 2013 (huracán Ingrid y Manuel). También se puso a disposición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un importe de 25 millones 976 mil pesos para la reconstrucción de obras en Oaxaca.

De esos datos, el organismo fiscalizador concluyó que la Secretaría de Gobernación, la SCT y la Conagua “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables” porque la Conagua y la SCT adjudicaron contratos mediante invitación a cuando menos tres personas cuando debieron hacerlo mediante el procedimiento de licitación pública; y la SCT no acreditó la contratación y el ejercicio de 210 millones 657 mil pesos autorizados, aunque el plazo para ejercerlos ya se había cumplido.

En el mismo informe de 2013, la ASF también revisó los 3 mil 025 millones de pesos del Fonden para la atención de los desastres provocados por las fuertes lluvias en Guerrero, pero las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas”.

La Sedatu inició obras y acciones con atrasos de más de cien días, comprometió recursos mediante contrataciones por 445 millones 403 miles pesos, superior a los 120 millones 582 mil pesos autorizados. Asimismo, no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y tampoco corroboró que las viviendas fueran entregadas por parte del contratista a la dependencia en la fecha estipulada en el contrato.

La SCT, por su parte, no comprobó que un contratista diera cumplimiento al plazo de ejecución de la obra y comprometió recursos mediante contrataciones por 3 mil 626 millones de pesos, más de los mil 769 millones autorizados por el Fonden.

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