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Durante 43 meses, los familiares y activistas
han rechazado la “verdad histórica” respecto a la desaparición forzada de 43
estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa. Los siguen buscando.
Exigen que se sigan las recomendaciones del GIEI. A mil 308 días de la noche
del 26 de septiembre, donde también fueron ejecutados tres normalistas y dos
resultaron heridos, la investigación “está estancada”.
*El ex
Procurador Jesús Murillo Karam, autor del “ya me cansé”, se esfumó de la esfera
pública luego de renunciar. Sin embargo, Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la
Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se niega a dejar la función
pública pese a ser señalado de alterar la escena del crimen en el basurero de
Cocula; el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aspiró fallidamente
a su intento de regresar a la Cámara de Diputados, y Miguel Ángel Osorio Chong
se perfila a ocupar un lugar en el Senado tras su fallida candidatura a la
Presidencia de la República.
Ciudad de México. | 27 abril de 2018
Tribuna Libre.- Hace mil 308 días, en la noche del 26 y 27 de
septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa
fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en
presunta colusión con organizaciones criminales. Llevan 43 meses desaparecidos.
Por más de tres años sus familias los han buscado y, en contra de la denominada
“verdad histórica”, exigen justicia frente a una investigación estancada.
Durante ese camino, el Presidente Enrique
Peña Nieto perdió credibilidad y algunos protagonistas políticos se han
esfumado como el ex Procurador Jesús Murillo Karam o el ex Gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, otros activistas siguen en pie arropados por el
Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Las
detenciones más significativas fueron las del ex Alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pero falta la sanción a
todos los responsables.
A pesar de que van más de cien detenidos, el
informe del GIEI reveló que al menos 17 de ellos fueron torturados, entre
ellos, los seis que aseguraron que los jóvenes fueron asesinados e incinerados
en el basurero de Cocula.
Entre los más de mil días de indagación, el
abogado de los padres, Vidulfo Rosales, solo destaca que se han tomado en
cuenta las cuatro líneas de investigación: la presencia del Ejército mexicano
en escenarios clave; la responsabilidad de policías de Huitzuco que estuvieron
presentes; el análisis de nueve teléfonos de los estudiantes e implicados; y el
traslado de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
Hace unos días el diario Reforma dio a
conocer que la noche de ese 26 de septiembre habrían desaparecido entre 50 y 60
personas.
De acuerdo con transcripciones telefónicas en
manos del Gobierno de EU, a la que tuvo acceso el medio, jefes de la
organización Guerreros Unidos “dieron órdenes desde Chicago de involucrar a
policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno estatal
ante la magnitud del conflicto desatado”.
Las conversaciones forman parte del
expediente judicial con los que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago,
detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y “no han sido
interrogados por los hechos de Guerrero”.
El medio explica que “los integrantes de GU
creían que un grupo de “Los Rojos”, enviados por Santiago Mazari, alias ‘El
Carrete’, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización
estudiantil era parte de la operación rival”.
Agrega que los datos están en poder de la PGR
y que una parte de fue compartida, en distintas reuniones, con la CIDH y
familiares de los 43 estudiantes.
Los padres de los 43 solicitan ahora que ante
esas revelaciones se amplíe la investigación. “Tenía razón y hay trasiego de
droga de Iguala a Chicago y es una línea de investigación que debe seguirse de
forma exhaustiva hasta lograr dar con una pista de los muchachos”, sostuvo el
papá Melitón Ortega, en días pasados.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que apoya a las familias de las
víctimas– ha resaltado que aunque se ha descartado científicamente la
posibilidad de que los 43 estudiantes fueron reducidos a cenizas en el tiradero
de basura municipal, en el expediente indicios claros de que existieron varias
rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes
detenidos.
No obstante, la PGR no ha cambiado la
narrativa: los videos donde se desarrolla con falsedades la “verdad histórica”
siguen en su página oficial; los informes del GIEI no han sido colocados en las
páginas gubernamentales; y funcionarios de alto nivel han intentado relanzar la
verdad histórica.
EL
“PARTEAGUAS” DEL GOBIERNO DE EPN
En febrero de 2014, ocho meses antes del caso
de Ayotzinapa, la revista Time dedicó al Presidente de México la portada de la
última edición de ese mes, la cual tituló: “Saving Mexico”. Al interior de sus
páginas Michael Crowley planteó que las reformas estructurales cambiaron la
narrativa que existía sobre el país a partir de la guerra contra el
narcotráfico.
“Ahora, las alarmas se han remplazado con
aplausos. Tras un año en el gobierno, Peña Nieto ha aprobado el más ambicioso
paquete de reformas sociales, políticas y económicas en la historia. Las
fuerzas de la economía global, también, han virado en la dirección del país”,
escribió Crowley.
Pero el 26 de septiembre de ese mismo año
ocurrió un suceso que cambió la imagen del “salvador” y su Gobierno: 43
estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, tres fueron asesinados,
entre ellos uno desollado, y dos más quedaron heridos después de una noche
trágica de la que hasta hoy hay dudas sobre lo sucedido.
“Todos los casos de heridos y ejecutados
permanecen impunes. Ni las víctimas ni sus familias han sido reparadas. La
atención a perpetuidad de los heridos que lo requieren no está garantizada. La
responsabilidad estatal por estos hechos no ha sido reconocida”, criticó el
Centro ProDH, en un comunicado con motivo del tercer aniversario de la
tragedia.
Gustavo López Montiel, experto en partidos
políticos dijo a SinEmbargo que la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa fue un “parteaguas” en la administración de Enrique Peña Nieto.
El rostro de un “Saving México” que se
promocionaba en la revista estadounidense empezaba a desmoronarse con los
hechos de Tlatlaya, sin embargo los sucesos de Iguala, Guerrero, terminaron por
enterrar los avances que México presumía en torno a las reformas estructurales.
“La administración del Presidente Peña está
marcada por el tema Ayotzinapa. Si bien no es de lo más relevante, es un
parteaguas en la forma en la que había iniciado con mucho ímpetu la negociación
de las reformas con el Congreso. Cuando se concretaron esas reformas vino la
generación de expectativas sobre el impacto y aparece Ayotzinapa y otros casos
de violación de derechos humanos”, enfatizó López Montiel, del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
El analista político explicó que si bien
Ayotzinapa no fue en su totalidad culpa del Gobierno federal, gracias a una
mala estrategia política y de comunicación cargó con la culpa de lo sucedido.
“La idea de ubicar a México donde se violan
derechos humanos y hay una especie de contubernio entre la autoridad y el
crimen organizado, junto con las muertes de la guerra contra el narcotráfico,
impacta no sólo en la imagen del país, sino del Gobierno”, precisó.
De acuerdo con el analista la imagen de Peña
Nieto nunca se recuperó después de Ayotzinapa. “Lo podemos ver en las
encuestas. La línea de la aprobación presidencial empieza a caer en el caso de
Ayotzinapa y de ahí no se vuelve a recuperar. En algunos momentos goza de un
punto, dos puntos, pero ha ido la aprobación en picada”, indicó.
ZERÓN Y
OSORIO, LOS PREMIADOS
Además del Presidente Enrique Peña Nieto,
otras figuras políticas han sido señaladas por los familiares de los
normalistas y por organizaciones civiles.
Miguel Ángel Osorio Chong, como Secretario de
Gobernación, fue uno de los grandes defensores de la “verdad histórica” y
durante más de 5 años tuvo a su cargo la estrategia de seguridad del país.
Aspiró a suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, pero en su lugar José
Antonio Meade fue ungido por el presidente y por el PRI.
El ex “Súper Secretario” sostuvo que los
integrantes del GIEI no aportaron ningún elemento contrario a la “verdad
histórica”. En reiteradas ocasiones negó que el gobierno federal o el
presidente Enrique Peña Nieto tuvieran responsabilidad en la desaparición de
los 43 normalistas y acusó que “otros intereses” intentaban incriminarlos.
Hoy aspira a ser Senador y liderar a la
bancada tricolor.
A inicios de septiembre pasado, algunos de
los padres acusaron de “cínico” a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la
Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República
(PGR), por declarar a la prensa que la investigación “estuvo bien hecha”.
Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de
alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones
del Río San Juan, de Cocula, el 28 de octubre de 2014. Él negó a la PGR que
fuera un acto ilegal. Desde esa revelación, los familiares exigieron su
renuncia. Dejó el cargo, pero tiempo después fue nombrado Secretario Técnico
del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.
Recientemente se reveló que cuando fungió
como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón de
Lucio, firmó el contrato de adquisición del software Pegasus, en octubre de
2014. El software fue usado para espiar a activistas, periodistas y miembros
del GIEI.
MURILLO
KARAM, EL AUSENTE
Cuando explotó el caso de Ayotzinapa, el
Procurador era Jesús Murillo Karam. Durante una conferencia de prensa, luego de
responder una serie de preguntas, declaró “ya me cansé”. A raíz de eso se
acrecentó la exigencia de su renuncia y finalmente Peña Nieto lo removió a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de febrero a agosto de 2015.
Como Procuradora quedó Arely Gómez hasta octubre de 2016 luego de ser relevada
por el actual Procurador, Raúl Cervantes, quien tampoco ya despacha ahí.
El escándalo por Pegasus salpicó a Luis Ayala
Puente, quien trabajó en la PGR encabezada por Murillo Karam, pues se reveló
que fue socio fundador de la compañía CITELAE del Centro SA de CV, ligada a la
empresa que vendióa la propia PGR programa de vigilancia ilegal. Una
investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), dio a conocer que la empresa registró el nombre y el logotipo de Balam
Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El ex Gobernador de Hidalgo se ha alejado de
los reflectores.
AGUIRRE,
EL GOBERNADOR FALLIDO
Respecto al ex Gobernador Ángel Aguirre
Rivero, el perredista pidió licencia al cargo frente a la presión social del
caso. En octubre de 2016 reapareció públicamente durante una reunión en un
restaurante de Acapulco, en la cual demandó castigo a los responsables y
aseguró que un político no se retira hasta que muere.
Apenas en diciembre pasado, algunos de los
padres de los normalistas víctimas irrumpieron la apertura de la precampaña del
ex mandatario, quien aspiraba a una diputación federal por el distrito 8
impulsado por la coalición “Por México al Frente”.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
tomaron el template en el evento, y le gritaron “¡Asesino! ¡Asesino!”.
“Vamos a seguir hasta las últimas
consecuencias contra usted, porque no es no es posible que a más de tres años
padres y madres seguimos con ese dolor”, increpó Melitón Ortega, familiar del
normalista desaparecido Mauricio Ortega.
“Exigimos cárcel para Aguirre. Venimos a
decirle en su cara que es el jefe del narcogobierno en Guerrero”, le espetó una
de las madres.
Aguirre Rivero sostuvo ante ellos que él “es
el principal interesado en saber el paradero de los jóvenes”. Y señaló: “tengo
la autoridad moral de hacer precampaña, sí, no tengo nada de qué avergonzarme”.
Tras intercambiar palabras, el político salió
del salón en el que celebraba el evento entre gritos de “¡Asesino¡ Asesino!”;
mientras otros de los presentes coreaban el apellido del ex mandatario en señal
de apoyo. Días después, anunció que desistiría de su solicitud para competir
por una diputación federal en julio de este año.
En febrero de 2015, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) solicitó a la PGR congelar cuatro cuentas bancarias de
Aguirre Rivero por el presunto desvío de 287 millones de pesos del erario. En el
delito estarían involucradas 19 personas, entre familiares y socios del ex
mandatario.
En su momento fueron detenidos Carlos Mateo
Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Gobernador,
y Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex Subsecretario de Finanzas y Administración
de Guerrero. Pero el perredista sigue sin ser investigado y el hermano Carlos
Mateo fue puesto en libertad meses después al no comprobarse el delito.
A 36 meses de la desaparición forzada de 43
estudiantes, resalta la detención el cuatro de noviembre de 2014 de José Luis
Abarca Velázquez, el ex Alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los
Ángeles Pineda Villa. Luego de permanecer fugados unos días, fueron encontrados
en una casa de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.
En el ataque de la noche del 26 de septiembre
murieron seis personas y 25 resultaron heridas, por lo que sobre Abarca cargan
tres órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de
tentativa y desaparición forzada.
Felipe Flores Velázquez, ex secretario de
Seguridad Pública de Iguala, también es otro de los funcionarios detenidos por
el delito de secuestro. A él se le acusa de ordenar a los policías a su cargo
secuestrar y entregar al grupo criminal Guerreros Unidos.
sinembargo