Fiscal
Anticorrupción debe garantizar justicia, no impunidad
Héctor
Yunes Landa | 23
julio de
2018
Tribuna Libre.- El nombramiento de un Fiscal, en cualquiera
de las especialidades de la procuración de justicia, obedece a la voluntad del
Estado por garantizar honestidad, transparencia y rendición de cuentas; no debe
representar en ningún caso una herramienta para buscar impunidad. En los
últimos años, en Veracruz ha sido entendida de la segunda forma.
El jueves pasado, el Sistema Nacional
Anticorrupción cumplió un año de entrar en operación. Este sistema es una
instancia que coordina a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para
prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Entre sus objetivos
está la fiscalización y control de los recursos públicos que conforman el
erario del gobierno a nivel federal y estatal.
Sin embargo, su aplicación en Veracruz ha
sido letra muerta, ya que registra uno de los mayores rezagos en la materia a
nivel nacional. Luego de que en julio del año pasado el Congreso local aprobó
la reforma constitucional -en el límite de la fecha establecida para la
armonización legislativa-, no ha habido acciones que sugieran que a la actual
administración estatal le interese avanzar en esta materia.
Hasta ahora, el gobierno de Miguel Ángel
Yunes ha evitado a toda costa el diseño de políticas integrales en materia de
fiscalización de recursos públicos; prevenir faltas administrativas y los
hechos de corrupción, y establecer las bases para que todas las autoridades
estén coordinadas para hacer una efectiva fiscalización del uso de los recursos
públicos.
Durante dos años, el Congreso de Veracruz ha
venido atrasando la designación del Fiscal Anticorrupción, una figura clave
para el funcionamiento del sistema estatal. Y ha sido por la misma razón: el
interés del gobernador en turno –primero Javier Duarte y hoy Miguel Ángel
Yunes- por imponer un funcionario de su propia administración, lo que presenta
un evidente conflicto de interés, resta autonomía y fortaleza a la Fiscalía
Especializada y abre la puerta a la impunidad.
Luego de señalar de manera reiterada los
actos de corrupción del gobierno de Javier Duarte, el Gobernador de Veracruz
decidió que la transparencia y la rendición de cuentas sólo debían realizarse
“en los bueyes de mi compadre”.
"Entiendo que usted y buena parte de su
grupo parlamentario no gozan de autonomía, no la hacen valer, están postrados
frente a un gobernador que los usa para legitimar sus acciones contrarias a la
ley". Esta declaración es una parte de la misiva que envió el entonces
gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares a la mesa Directiva del Congreso,
ante la intención de imponer a un ex funcionario de la administración
duartista.
El gobernador electo dijo entonces que los
legisladores del PRI no gozaban de autonomía y pretendían imponer a funcionarios
que ocultaran actos de corrupción de la administración de Duarte, de la misma
forma que hoy lo hace la bancada del Gobernador en el Congreso local.
La semana pasada la historia se repitió. El
gobernador electo Cuitláhuac García solicitó a los diputados que el
nombramiento del Fiscal Anticorrupción lo realice la próxima Legislatura ante
el mismo intento de imponer a un personaje que se aleje de la justicia y
garantice impunidad a los funcionarios de la administración saliente, incluido
el gobernador.
Por instrucción del Yunes Linares –como él
mismo señaló en su misiva hace un año-, el grupo parlamentario del PAN intentó
llevar a cabo el nombramiento de manera ilegal y perversa; sin embargo, la
falta de los votos suficientes, obligó a la coacción de algunos diputados y
sólo les alcanzó para mantener el control de la Junta de Coordinación Política.
Veracruz seguirá a la zaga en materia de
anticorrupción; será la próxima Legislatura del Estado la que realice el
nombramiento del nuevo Fiscal, cuya función deberá ser siempre garantizar la
justicia y no otorgar impunidad a quien debe su nombramiento
Lo más importante es que exista un verdadero
Sistema Estatal Anticorrupción que garantice el uso adecuado de los recursos
públicos, previniendo y sancionando todos los actos de corrupción.
Veracruz no puede excluirse de este
propósito. Hoy una nueva oportunidad de recomponer el camino y fortalecer sus
instituciones. La historia reciente nos ha demostrado de manera reiterada, que
buscar impunidad a través de la manipulación de la ley no es una buena idea.
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