*¿Se
enriqueció Vicente Fox Quesada con formas corruptas? ¿Qué diagnóstico de la
seguridad le entregó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto en 2012 después de
iniciar una guerra? ¿Hubo autores intelectuales en el asesinato de Luis Donaldo
Colosio? ¿Qué funcionario autorizó convertir al Zócalo en un estacionamiento en
2014? ¿Y los sobornos tras Odebrecht?
Esas son sólo algunas dudas en los 12 millones 333 mil 746 de expedientes
reservados en los archivos del INAI y que Andrés Manuel López Obrador recibirá
como herencia, en cuanto se convierta en Presidente de la República.
*A
menos que las causas que motivaron su reserva sean revisadas, nadie puede
abrirlos antes de 2021, 2024 o 2028, conforme marca la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esas montañas de oscuras
carpetas hay asuntos cruciales para el rumbo que tomará México por tratarse -en
muchos casos- de tramas de corrupción, el tema central del discurso del virtual
Primer Mandatario. Es el pasado del país, nublado por el recurso de la reserva
del que se valieron los Gobiernos anteriores de manera sistemática.
Son
millones de expedientes, pero he aquí algunos ejemplos.
Ciudad de México. | 09 julio de 2018
Tribuna Libre.- En cuanto sea
investido con la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estará
frente a una abultada herencia. Las administraciones de sus antecesores, tanto
los panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), como el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) dejaron 12 millones
333 mil 746 millones de expedientes reservados.
En esas montañas de oscuras carpetas hay
asuntos cruciales para el destino que tomará México por tratarse -en muchos
casos- de tramas de corrupción. Es el pasado del país, nublado por el recurso
de la reserva del que se valieron los Gobiernos anteriores de manera
sistemática. Pero nadie, conforme marca la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, puede romperla antes de 2021, 2024 o 2028.
Desde 2004, cuando fue creado el Índice de
Expedientes Reservados, los asuntos guardados por el Gobierno son más que en
ningún otro momento. La secrecía aumentó conforme pasaron los Gobiernos.
Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil carpetas y Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones, según una búsqueda de esta
Unidad de Datos. Peña Nieto aumentó en cinco años de Gobierno en 55 por ciento
esos secretos. [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados]
Hay un asunto guardado que integró alguna vez
ese Índice pero al que ya se le decretó “archivo”. Se trata de la indagatoria
sobre el supuesto enriquecimiento de Vicente Fox Quesada. Y hay otro que, no
obstante que es negado en forma sistemática mediante amparos legales, no está
incluido (se considera en este texto por tener un comportamiento de secrecía):
el sueldo de Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato petrolero.
Presionado por las acusaciones de corrupción
en su Gobierno, después de los escándalos de la Casa Blanca y Obrascón Huarte
Lain (OHL), en 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó un nuevo marco
jurídico de la Transparencia y el acceso a la información. En el nuevo orden
quedó claro que los documentos cerrados podrán abrirse cuando se extingan las
causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de la reserva o
exista una resolución de una autoridad competente.
EL
ENRIQUECIMIENTO DE VICENTE FOX. (DECRETO DE ARCHIVO)
Bajo reserva de 2007 a 2010, a la indagatoria
que contenía un análisis y “cruce de datos” de 32 cuentas bancarias de Vicente
Fox y su esposa, Marta Sahagún, así como las declaraciones patrimoniales que
por ley presentó de 2000 a 2006, se le
dictó acuerdo de archivo.
De modo que la Secretaría de la Función Pública,
donde esa documentación debiera estar archivada, la declaró “inexistente”. Es
decir, ya no se la puede entregar a ningún ciudadano. Según esa dependencia, en
una respuesta a una solicitud de información, el expediente 142/2007, iniciado
al matrimonio Fox-Sahagún, se “radicó” en la Dirección General Adjunta de
Verificación Patrimonial y se “dictó acuerdo de archivo por falta de
elementos”.
Según la Función Pública –que durante el
Gobierno de Enrique Peña Nieto estuviera acéfala durante dos años y luego fuera
ocupada por Virgilio Andrade- el expediente fue remitido a la Procuraduría
General de la República “para cumplir con los requerimientos del Ministerio
Público de la Federación”.
LA
GUERRA DE CALDERÓN. CANDADO HASTA 2024
En septiembre de 2012, Felipe Calderón se
reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos y le entregó un diagnóstico de la
seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. La Presidencia de la República
reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que se dijeron esa vez los dos políticos.
Por esos días, la guerra había alcanzado
puntos climáticos. La Procuraduría General de la República (PGR) reconocía 121
mil muertos en los últimos seis años y en un tribunal de La Haya, un grupo de
ciudadanos y abogados había entregado un expediente para acusar al Jefe del
Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad. Ese legajo fue creciendo con los días:
empezó con 700 fojas y para el cambio de poderes en 2012, tenía más de siete
mil.
En el peñanietismo, la guerra siguió
campante, como si nada. Los homicidios y sus formas funestas superaron a los
años de Calderón en el poder presidencial. El Secretariado Ejecutivo reportó 20
mil cinco homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de
2009. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte
dio 54 mil 454 asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449. En 2017, la
cifra fue de 23 mil 968. Octubre de ese año fue el más violento desde 1997, con
dos mil 764 asesinatos.
En sus discursos, el Presidente Enrique Peña
Nieto jamás pronunció la palabra “guerra”, pero en la acción, no la suspendió.
Peña y Calderón sumaron más de 234 mil muertos. Y lo que Calderón Hinojosa le
dijo a Peña Nieto aquella tarde de septiembre, sobre la violencia en el país,
no puede conocerse.
ODERBRECHT.
CANDADO HASTA 2021
Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó hasta
2021 todos los datos que conciernan a las negociaciones para otorgar a
Oderbrecht un contrato por mil 811 millones de pesos que le otorgó por
adjudicación directa a la brasileña Oderbrecht para el proyecto de
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El gigante de la construcción brasileño
admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de
América Latina para ganar contratos públicos en una docena de países, entre
ellos México. Las consecuencias de las investigaciones afectaron a todas las
naciones donde operaba la empresa, con Presidentes enjuiciados, funcionarios
arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.
En esta cauda de corrupción, hubo dos
excepciones: Venezuela y México.
Según testigos ante la Procuraduría General
de la República, en el municipio de Guarulhos, Sao Paulo, en Brasil, el
Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargo en contra de
funcionarios vinculados al escándalo. Entre los funcionarios que presuntamente
recibieron sobornos está Emilio Lozoya Austin, quien dirigiría Pemex de 2012 a
2016, mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsaba la Reforma
Energética.
CISEN Y THE HACKING TEAM. CANDADO HASTA 2027
El Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN) desaparecerá en el próximo Gobierno, según anunció Alfonso
Durazo, el hombre propuesto para ocupar la titularidad de la Secretaría de
Seguridad Pública. Pero ese centro reservó hasta 2027, los contratos CISEN
128/13 y CISEN /020/15 con la empresa italiana, The Hacking Team, con los que
compró “Galileo RCS”, un software para realizar espionaje por el que pagó 1
millón 390 mil euros y con el que al final, alcanzó menos del 2 por ciento de
efectividad.
Garante del acceso de los ciudadanos a la
información, el INAI no sólo avaló la determinación del CISEN de reservar la
información del espionaje porque se trataba de información que podría vulnerar
la seguridad nacional. En pleno, el instituto instruyó al órgano de
inteligencia a modificar la justificación de la reserva. Le pidió que no se
basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia –como lo
había hecho -, sino en el 13 de la misma ley en aras de dejar claro que la
revelación de la información del spyware Galileo podría conllevar riesgos.
EL
ZÓCALO, UN ESTACIONAMIENTO. CANDADO HASTA 2026
El 2 de septiembre de 2014, cuando el
Presidente Enrique Peña Nieto dio su mensaje alusivo al Segundo Informe de
Gobierno, la Plaza de la Constitución –el epicentro social del país- quedó
convertida en estacionamiento exclusivo para los invitados del acto presidencial.
Funcionarios, periodistas y empresarios estacionaron camionetas Suburban, autos
blindados y vehículos custodiados por guaruras. Fueron unos 250 vehículos cuyo
costo promedio era de un millón de pesos.
Dentro, en El Palacio Nacional, Peña Nieto
hablaba de once reformas estructurales y le cambiaba el nombre al programa para
abatir la pobreza, de Oportunidades a Prospera. ¿Quién dio la orden para que el
Zócalo se convirtiera en en ese aparcamiento privado? Los Pinos declaró esa
información como “clasificada durante 12 años”, a pesar de que el mismo día en
un comunicado ofreció disculpas y reconoció que había sido “una decisión
equivocada”.
EL
SUELDO DE ROMERO DESCHAMPS. (CASI SECRETO DE ESTADO)
Carlos Romero Deschamps es un mexicano de 74
años de edad que ha logrado guardar con mucha discreción cuánto gana desde que
en 1996 se convirtió en dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Desde que era ayudante de Joaquín
Hernández Galicia, alias La Quina, su vida mejoró en forma notoria. Hoy puede
ampararse en cuanto los ciudadanos le hacen cualquier pregunta sobre su tren de
vida a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), mediante el aparato jurídico del sindicato petrolero,
según consta en juzgados y en el órgano de Transparencia.
Así, como si se tratara de un secreto de
Estado, los ciudadanos mexicanos no saben con certeza cuánto gana Carlos Romero
Deschamps al dirigir al instituto gremial más poderoso de América Latina por
número de afiliados y conquistas reflejadas en los Contratos Colectivos de
Trabajo. Mientras, el también Senador de la República por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) pasa sus días con tranquilidad y sin grandes
perturbaciones. Es posible verlo en el restaurante The Palm, en Polanco, donde
una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta
tres mil pesos; o la cantina Cuchilleros, a una calle del edificio del Senado,
donde ordena whisky con agua mineral.
Aunque esconda su salario, hay algo que sí
puede saberse: lo que recibe en conceptos de “ayuda”. Hasta 2015, el sindicato
recibió por ese concepto siete millones de pesos cada mes. La cifra se
incrementó con la firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que entró en
vigor el 1 de agosto pasado y ahora es de siete millones 865 mil 200 pesos.
AVERIGUACIONES
SOBRE COLOSIO. CANDADO HASTA 2035
El asesinato de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, quien en 1994 fue candidato por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) es una página que aparenta haberse quedado atrás. O más
bien que fue arrancada de tajo para olvidarla. La investigación oficial fue
reservada hasta 2035 por la Procuraduría General de la República, por lo que
pasarán Gobiernos y Gobiernos antes de que se conozca por qué las autoridades
concluyeron que no hubo autores intelectuales vinculadas a la política o el
narcotráfico.
Aunque la investigación oficial haya
concluido y se mantenga bajo resguardo en la bóveda del Archivo General de la
Nación, la sospecha –jamás la claridad o la satisfacción– ha sido la marca de
esta oscura trama. Tres fiscales y un subprocurador, además de una inversión de
millones de pesos, arrojaron una irrefutable verdad jurídica: no hubo
conspiración y esta muerte se debió al impulso de un solo hombre, Mario Aburto
Martínez. Si se desempolvan los cuatro tomos del Informe de la Investigación
del homicidio del licenciado Colosio Murrieta, elaborado por la Subprocuraduría
Especial, hay rostros que emergen con la misma inercia de aquellos días. Si se
pregunta qué dice la simple mención de los apellidos Colosio Murrieta, es
difícil desvincular ciertos nombres de un trauma social que cumple dos décadas.