Tribuna Libre.- El Órgano de Gobierno del Sistema Estatal
Anticorrupción aprobó por unanimidad de votos en su Primera Sesión
Extraordinaria el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, con el que se
define el marco normativo de este organismo descentralizado, estableciendo sus
atribuciones, las áreas que la integran, las competencias y obligaciones de los
servidores públicos que formen parte de ella, así como los procedimientos
administrativos y lineamientos de trabajo a los que habrá de sujetarse.
En la misma sesión, también de manera
unánime, se aprobó el Proyecto de Presupuesto 2018 por un monto de 17 millones
611 mil 582 pesos, para el inicio de operaciones de la Secretaría Ejecutiva, el
cual ha sido entregado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tal como
establece el artículo Tercero Transitorio de la Ley 348 del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Secretaría Ejecutiva es un organismo
público descentralizado que tiene la función de brindar apoyo, asistencia
técnica y proveer los insumos necesarios para el cumplimiento de las
atribuciones de los distintos órganos que componen el Sistema Anticorrupción en
Veracruz.
El proyecto de presupuesto fue formulado con
base en criterios de eficiencia y austeridad, principalmente para los meses
correspondientes al inicio de labores de la Secretaría Ejecutiva, contemplando
esta etapa como una fase de planeación y programación, en la que habrán de
desarrollarse además las actividades que dispone la ley en la materia.
En congruencia con el funcionamiento del
Sistema Nacional Anticorrupción se diseñó una estructura orgánica de funciones
homologadas para mayor y mejor coordinación de esfuerzos de operación y
medición de avances y resultados, proponiendo una plantilla básica de personal
que permita desarrollar las primeras líneas de trabajo de esta instancia de
coordinación entre autoridades y ciudadanos.
La propuesta de sueldos y salarios de la
estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, se calculó con base en el
tabulador oficial del Poder Ejecutivo del Estado. Además, se contempla en el
proyecto la adquisición de mobiliario, equipo e insumos, incluyendo los costos
por renta y acondicionamiento de un espacio físico donde se establecerá el
domicilio oficial del Sistema Anticorrupción de Veracruz.
Como en el resto del país, esta instancia de
coordinación entre sociedad y gobierno para el combate a la corrupción y la
impunidad está en construcción. Es un ente nuevo que sin duda tiene frente a sí
uno de los mayores retos de la historia institucional del país y de la entidad
para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de
corrupción, como respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad.
Desde su concepción como política pública
nacional y posteriormente en su concreción en preceptos legales de obligada
observancia para todas los entes públicos del país, el Sistema Estatal
Anticorrupción está llamado a constituirse en el vehículo institucional por el
que se establezcan la mejores prácticas administrativas, se vigile el
cumplimiento de las normas y procedimientos y se sancione efectivamente a
quienes incurran en la comisión de algún delito o falta, u omitan el
cumplimiento de sus deberes legales.
En el Sistema Anticorrupción de Veracruz concurren
todos los entes públicos relacionados con labores de prevención, fiscalización,
sanción y aplicación de la justicia, así como la representación ciudadana, con
el propósito de que, de manera colegiada, se conjunten esfuerzos para lograr
una mayor efectividad en los resultados.
Estuvieron presentes en la sesión
extraordinaria, el Presidente del Órgano de Gobierno y del Comité de
Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez; Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; Yolli García
Álvarez, Comisionada Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; Pedro García Montañez, Magistrado
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Andrés Cruz Ibarra,
Magistrado Representante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de
Justicia del Estado; Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado;
Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; y
Martín Quitano Martínez, Secretario Técnico.