*El legislador Juan Manuel de Unánue dijo que con esta modificación se
logrará hacer una revisión más completa al Ente fiscalizable.
Xalapa, Ver. | 29 agosto de 2018
Tribuna Libre.- El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que reformaría el artículo 52 de la Ley 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz a fin de
que los servidores públicos o personas responsables de entregar las cuentas
públicas lo realicen, aún y cuando se hayan separado del cargo público, otorgándoles
un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que
surta sus efectos.
El diputado Unánue
Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
indicó que las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, son recibidas por
parte del Congreso del Estado, durante el mes de abril del año siguiente del
ejercicio presupuestal anterior, comprendido del uno de enero al 31 de
diciembre y la presente iniciativa contempla que aún cuando el servidor público
responsable ya no labore en la institución se encargue de realizarlo.
Recordó que el
procedimiento de fiscalización superior, inicia una vez que las citadas Cuentas
Públicas son remitidas por la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso
del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS),
mediante la emisión de la respectiva orden de auditoría dirigida al Titular del
Ente Fiscalizable, con la finalidad revisar los ingresos, egresos y deuda
pública.
Así como el manejo,
la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y
municipales, la ejecución de obra pública; a fin de realizar auditorías sobre
el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
estatales y municipales.
La iniciativa
contempla que el ORFIS pueda requerir la información respectiva a todas
aquellas personas responsables que hayan participado en la aplicación y
comprobación de los recursos públicos, aún y cuando se haya separado del cargo
público.
Dijo que con ello
se lograría una revisión más amplia del Ente Fiscalizable, al disponer de
información suficiente, competente y relevante, que permita fundamentar
razonablemente los juicios y conclusiones, que se formule respecto de
programas, actividades o funciones que sean objeto de auditoría.
La iniciativa se
turnó a la Comisión Permanente de Vigilancia para su análisis.
