Ciudad de México. | 14 agosto de 2018
Tribuna Libre.- El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en
Materia Penal en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, ordenó a la
Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación
exhaustiva que esclarezca si hubo, o no, la ejecución arbitraria de 22 personas
durante un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México en el 2014.
La decisión judicial fue motivada por un
recurso interpuesto por Clara Gómez González, detenida por elementos del
Ejército durante el operativo contra supuestos integrantes de un grupo criminal
realizado en una bodega de Tlatlaya.
Según la versión de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), el 30 de junio del 2014, elementos del Ejército
ubicaron la bodega donde supuestamente se escondían integrantes de un grupo
delincuencial, por lo que al iniciar un operativo para lograr su detención se
inició un enfrentamiento que dejó como saldo 22 personas muertas.
Sin embargo, tres de los detenidos en el
lugar declararon que sólo uno de los 22 fallecidos había muerto a causa del
enfrentamiento, y los demás fueron ejecutados por los elementos del Ejército.
Esto provocó la detención de los elementos
militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López, Leobardo Hernández
Leónides, Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César
Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, quienes fueron liberados en el 2015 y
el 2016, por falta de pruebas en su contra.
Debido a que los hechos no han sido
esclarecidos, el juez Érik Zabalgoitia Novales ordenó a la PGR realizar una
serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y establecer
responsabilidades, “incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal
orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“Las autoridades deben, de manera
ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar
pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por
cadena de mando. (También) investigar la orden de abatir delincuentes en horas
de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la
víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las
diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal”, refirió la
sentencia.
Lo anterior, según el juez, debido a que “no
se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de
las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron
pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias
declaraciones de los militares involucrados”.
Además, “no se ordenó recabar nuevas pruebas
ni fortalecer la acción penal. Las autoridades no han considerado las pruebas
ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de
abatir delincuentes en horas de oscuridad”, señala la sentencia.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro informó en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas
diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron
ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada
con la orden de abatir a los delincuentes.
