*Miriam Fernández fue despedida del Poder Judicial del Estado
de Veracruz (PJEV); ni el acta de defunción de su hijo los hizo detenerse.
Xalapa, Ver. | 05 septiembre de 2018
Tribuna Libre.- A Miriam su superior se lo
advirtió: "te voy a reventar”.
Ninguna prueba iba a impedir su despido como trabajadora del Poder
Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), así fuera el acta de defunción de su
hijo, de cinco meses de gestación.
La advertencia hecha por
Manuel Fernández Olivares, Jefe de departamento de lo Contencioso del PJEV, se
cumplió el 06 de julio de 2018, cuando Miriam Aydee García Sánchez fue
destituida del cargo como oficial administrativo del Juzgado Sexto de Primera
Instancia en Materia Familiar de Poza Rica.
Un dictamen firmado por el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, le notificó a García
Sánchez sobre la falta de honradez y probidad en su labor, por no justificar
una incapacidad de tres días, periodo de tiempo que -según recetas médicas
expedidas por dos especialistas- estuvo convaleciente previo al sexto aborto de
su vida.
Tres meses atrás, el 08 de
marzo de 2017, Álvarez Peña presidió la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer y mencionó que esa fecha debía servir para reconocer los derechos de las
mujeres y el reconocimiento del lugar que les pertenece en la sociedad.
"Representan la armonía, la fortaleza de la familia, pero además
profesionalmente han destacado y participan de forma importante en la parte
productiva de la sociedad", dijo.
Pero Miriam se traslada al
origen de su problema y confiesa que hay temor a represalias de parte del
máximo organismo impartidor de justicia en la entidad, pues asegura, el mismo
Fernández Olivares amagó con ‘ir contra su esposo’ -también empleado del Poder
Judicial- si ella impugnaba la decisión del Consejo de la Judicatura del PJEV.
“Aún recuerdo esa impotencia de que no puedes
pelear contra ellos porque son la máxima autoridad (…) Durante seis meses
atendí quejas en materia familiar y terminé siendo objeto de violaciones contra
mis derechos como trabajadora y como mujer”, recrimina la exempleada del
Gobierno estatal, en entrevista con E-Consulta Veracruz.
El viacrucis de una trabajadora embarazada del Poder Judicial
De acuerdo con el dictamen
emitido por el Consejo de la Judicatura del PJEV, en el cuadernillo laboral
número 17/2018, el 30 de enero de 2018 Miriam Aydee cumplía cuatro meses de
gestación. Durante su horario de trabajo tuvo un sangrado trasvaginal moderado
y su jefe, el juez de distrito de Poza Rica, Leopoldo Toss Capistrán, le
recomendó acudir con un médico. “Él fue una persona muy consciente de que mi
embarazo era de alto riesgo. Incluso me regañó por haberme esperado a pedirle
permiso”, comparte.
Miriam fue acompañada por
dos compañeros de trabajo hasta el consultorio particular del doctor Edxon
Ronier Lamas Rodríguez, en Poza Rica, quien de acuerdo con una receta expedida
cuenta con cédula profesional 1381722 y una más de especialidad AEIE417. El diagnóstico
del médico mediante un ultrasonido fue que el feto no presentaba alteraciones
mayores y que estaba “activo” durante el estudio.
“El doctor Ronier
me inyectó y me pidió contactarme con mi médico de cabecera, que es de aquí de
la ciudad de Xalapa, la doctora Fabiola Nares Amezcua, toda vez que ella tenía
conocimiento del historial del embarazo y antecedentes médicos; y que con lo
que me había inyectado -el doctor Ronier- podía llegar a la revisión de Poza
Rica a Xalapa, sin manejar solamente en el ADO (…) Y así le hice, fui con la
doctora Nares Amezcua y ella me recomendó cinco días de reposo”, detalla la
entrevistada.
En la receta
entregada por la doctora Fabiola Nares se lee “por medio de la presente
comunico a usted que la paciente Miriam Aydee García Sánchez, de 33 años de
edad, cursa con Dx. De embarazo de 15 semanas por ultrasonido, más amenaza de
aborto caracterizada por sangrado trasvaginal escaso”, la profesionista se
acreditó con una certificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia,
además de su cédula profesional 2965670 y de especialidad 4670114.
Miriam Aydee
manifiesta que la doctora Nares “me indicó reposo absoluto en casa por cinco
días y con manejo médico con revisión posterior, ya que en el trabajo subía
tres pisos y esto podría afectar y provocar el desprendimiento total y pérdida
de mi bebé.
“Al no poder salir
de mi casa, le solicité apoyo a mi tía la C. Edith Sánchez García, quien llevó
dicha receta a la Clínica Número 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con residencia en Poza Rica y dicho personal cambió la incapacidad solo
por tres días con el número de serie y folio MF794135”, agrega Miriam.
Según lo
manifestado por el esposo de la agraviada, Alejandro Pozos Zamora -incluido en
el cuadernillo laboral 17/2018- él entregó la incapacidad médica a través del
Sindicato de Trabajadores del PJEV para que este hiciera lo conducente.
Miriam regresó a
su empleo una vez terminada su incapacidad de tres días. El 09 de febrero de
2018 tuvo un nuevo sangrado trasvaginal y fue trasladada al hospital del IMSS,
en Poza Rica, donde su hijo fue declarado muerto.
“El 19 de febrero regresé a trabajar, aún con
somníferos porque me costó asimilarlo ya que era mi sexto aborto. Pero lo peor
apenas estaba por llegar. Me iban a despedir y mis superiores dudarían hasta de
la muerte de mi hijo”, se lamenta.
“Me citaron a juicio para decirme que mi
incapacidad era apócrifa”
El 11 de mayo de
2018, mientras Miriam Aydee presentaba un curso para jueces, fue citada a una
audiencia en el Departamento Jurídico del Poder Judicial, con sede en Xalapa.
La notificación le advertía que su incapacidad por tres días -del 31 de enero
al 02 de febrero- era apócrifa y que su
empleo pendía de un juicio administrativo.
La entrevistada
asegura que previo a dicha audiencia, celebrada en Xalapa el 15 de mayo, fue
increpada por Manuel Fernández Olivares, quien era el responsable de presentar
un proyecto ante el Consejo de la Judicatura del PJEV -integrado por cinco
magistrados- quienes resolverían su problema laboral. “Antes de que presentara
mis pruebas me dijo, ‘declara, porque yo de todas maneras te voy a reventar’”.
“Yo le dije que
qué quería que declarara y me dijo que mi incapacidad era falsa. Le contesté
que llevaba mis papeles que acreditaban que había perdido a mi bebé, pero él me
dijo ‘a nosotros no nos importa, tenemos la orden del director jurídico que
todo al que se le que encuentre una incapacidad injustificada va para afuera.
Yo soy el que va a valorar las pruebas, ¿para qué las vas a ofrecer?, no tiene
caso. Y si sacamos la resolución y te nos pones entonces vamos contra tu
esposo’”, expone Miriam.
“Con temor
nosotros le dijimos que no íbamos a acceder. Apenas tuve dos días hábiles para
reunir mis pruebas. Llevé el acta de defunción de mi bebé, recetas médicas,
boletos de ADO, el documento de incapacidad y dos testigos. Pero el 06 de julio
me notifican que mis pruebas no servían porque no estaban ratificadas y fui
cesada”, agrega.
Con base en lo
expuesto en el dictamen de la Judicatura del PJEV, “el 05 de marzo de 2018, a
Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración del
Consejo de la Judicatura del PJEV remitió al Titular de la Jefatura de
Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, una copia
certificada de la incapacidad con serie y folio MF794135, de checa 31 de enero
de 2018, que ampara tres días, expedido en favor de la trabajadora Miriam Aydee
García Sánchez”.
El 15 de marzo de
ese año la Jefatura de Prestaciones del IMSS contestó mediante el oficio
3190012F 01 00/193, que la incapacidad de la trabajadora del PJEV no aparecía
en el sistema NSSA y que no había antecedentes de la atención médica, ni
registro en su plantilla laboral del doctor Eduardo Sánchez Monfil, quien
presuntamente expidió la incapacidad a la tía de Miriam Aydee García el 31 de
enero.
La incapacidad fue
considerada apócrifa por el Consejo de la Judicatura, que además determinó
desechar las pruebas de García Sánchez. En consecuencia, fue notificada sobre
el cese de su nombramiento como oficial administrativo “D”, adscrita al Juzgado
Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, argumentando una
“falta de honradez y probidad”, que versa en el artículo 46, fracción V, de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De acuerdo con el
dictamen, se generó presunción de inocencia en favor de Miriam Aydee, más no
certeza de la autenticidad de las recetas médicas y ultrasonidos entregadas por
ella, debido a que los dos médicos no se presentaron a audiencia.
Sobre los
medicamentos que a Miriam le fueron recetados el 19 de febrero de 2018 –día en
que abortó- por el doctor del IMSS, Arturo Gómez Ramírez, el Consejo de la
Judicatura puntualizó que se generó presunción, más no certeza de esa receta médica,
ya que tampoco fue firmada por el tratante.
Al respecto,
Miriam Aydee fustiga: “Me dieron dos días hábiles para que me defendiera, es
decir para que llevara como testigos a los médicos que me atendieron, aunque
uno tenía que viajar desde Poza Rica. Pero me duele más que incluso hayan
dudado de los medicamentos que tomé después de mi aborto, a pesar de que
entregué el acta de defunción, ¿qué querían, que les llevara a mi hijo en una
cajita?”.
Tras la
notificación de su cese, la agraviada desalojó un cuarto que alquilaba en la
ciudad de Poza Rica por 2 mil pesos y se regresó a su domicilio en Coatepec.
“Me molesta mucho porque ya había superado mis cinco embarazos perdidos, me
dieron gotas para dormir, pero con este problema te ponen el dedo en la llaga”.
“El Poder Judicial dice que le robé 800 pesos, pero
eso no me regresa a mi hijo”
De acuerdo con el
dictamen del Consejo de la Judicatura, Miriam Aydee además de ser calificada
como falta de honradez y probidad, a través de la entrega de una incapacidad
“apócrifa”, se benefició con el goce de tres días de salario, estimado en los
800 pesos. Lo cual se traduce en un engaño a su patrón: el Poder Judicial de
Veracruz.
“¿Acaso no es una
medida excesiva?, como trabajadora tengo derecho a tres días con goce de
sueldo, pero además yo le informé a mi Sindicato de que si era necesario
pediría más días de permiso así fuera sin goce de sueldo. Era mi hijo lo que
estaba de por medio”, recrimina.
La entrevistada
cuestiona, porqué si el motivo de su cese fue el uso de documentos falsos, no
fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión de ese
delito. Lo anterior, no obstante que, en el dictamen, así lo sugirió el Pleno
del Consejo en la página 16 de dicho documento.
“Si yo hubiese
sabido que mi incapacidad era ilegal, ¿cree que sería tan tonta para no haber
pedido el descuento de tres días laborales en lugar de solicitar mi
incapacidad? Son tres días que dicen que yo le robé al Tribunal. Pero yo les
digo, esos 800 pesos no me regresan a mi hijo”.
Aunado a lo
anterior, Miriam Aydee García interpuso una denuncia en junio de 2018 ante la
FGE en contra de Eduardo Sánchez Monfil –el presunto médico que le expidió su
incapacidad por tres días a su tía Edith Sánchez García- y en contra de quien
resulte responsable de la posible comisión del delito de falsificación de
documentos, carpeta de investigación 1/DXI/F25/3021/2018.
“También promoví
un amparo ante un juzgado federal de Xalapa y pretendo denunciar la
revictimización que me están haciendo. Hay violaciones a los derechos humanos
como el principio de inocencia que el Poder Judicial se pasó por el arco el
triunfo. Mi impotencia es que no puedas pelear contra ellos porque son la
máxima autoridad”, critica.
Despido de trabajadores en Poza Rica, a la sombra
de Mario Berlín
Miriam Aydee
menciona que el Sindicato que la representa buscó a Mario Berlín Mendoza,
director de asuntos jurídicos del Poder Judicial y jefe inmediato de Manuel
Fernández Olivares -Jefe de departamento de lo Contencioso- quien advirtió con
“reventarla”.
“Mario Berlín es quien autorizó el proyecto
que le presentó Manuel Fernández Olivares al Consejo de la Judicatura. Él le
dijo a mi Sindicato que vería lo que se podía hacer en mi caso, pero ese mismo
día –el 06 de julio- me notificaron de mi cese. Solo les dio el avión, porque
no solo estaba enterado de mi caso, sino además lo aprobó”, critica.
“Solo dejo
constancia de que muchos funcionarios se irán con el nuevo cambio de Gobierno y
aparentemente necesitan lugares para su gente. Y quiero recordar que Mario
Berlín es originario de Poza Rica, donde yo y más compañeros hemos sido
despedidos”, agrega Miriam Aydee.
Mario Berlín
Mendoza, fue mencionado en el reportaje publicado por E-Consulta Veracruz
“Perfilado como magistrado en Veracruz facturó viáticos en sus propias
empresas”, el cual evidenció que facturó durante ocho meses comilonas y
hospedajes en empresas de su propiedad. Comprobantes fiscales revelaron que el
funcionario durmió en la habitación más cara de su hotel, con capacidad para
cuatro personas y servicios incluidos de comedor y frigo bar.
Berlín Mendoza
también facturó entre 2017 y 2018 un total de 79 mil 959 pesos en el hotel
Civic Express y en el restaurante La Cava de Poza Rica, negocios de su
propiedad y de su hermana Graciela Patricia Berlín Mendoza, quien es jueza del
PJEV.
