*El
decreto busca adecuar la Ley a la realidad operativa y funcional de los entes
públicos.
Tribuna Libre.- Durante la sesión extraordinaria, el pleno de
la LXIV aprobó con 34 votos a favor, 11 abstenciones y 1 voto en contra el
dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, a fin de lograr una revisión más amplia en la
fiscalización de las cuentas públicas, permitiendo mejorar en el combate a la
corrupción.
El dictamen fue resultado de la iniciativa
presentada por el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, el pasado 19 de julio del año en
curso, con la intención de adecuar la Ley a la realidad operativa y funcional
de los entes públicos.
Actualmente los titulares de los entes
públicos son a quienes se les notifica las observaciones pendientes por
solventar, y con la reforma aprobada se les notificará directamente a los
servidores o ex servidores públicos responsables del uso de los recursos
públicos.
Con ello se evitará retardar la solventación
de las observaciones, beneficiando a las instituciones con mejores prácticas
administrativas.
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Contará el Sistema Estatal Anticorrupción con recursos etiquetados-
Con 33 votos a favor y 15 abstenciones, el
Pleno aprobó el decreto que adiciona y reforma las Leyes de Responsabilidades
Administrativas; de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas; del Sistema
Estatal Anticorrupción; las Orgánicas del Poder Ejecutivo y del Legislativo,
todo ello con el objetivo de garantizar que las autoridades del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) cuenten con recursos ya etiquetados para operar
adecuadamente, mismos que deberán ser contemplados en el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado.
Esta reforma fue propuesta por el Grupo
Legislativo Mixto, Juntos por Veracruz a través del diputado Ernesto Cuevas
Hernández, el 11 de septiembre del año en curso y busca que las y los
veracruzanos conozcan el costo que tendrá el prevenir, detectar, combatir y
sancionar los eventuales actos de corrupción provenientes de servidores
públicos.