*Presenta
el legislador Carlos Antonio Morales Guevara iniciativa que reforma el Código
Penal para imponer de 3 a 10 años de prisión a quien incumpla con el fallo.
Xalapa, Ver. | 23 octubre de 2018
Tribuna Libre.- Para resolver la problemática, en relación al
pago de laudos laborales en la entidad, la Diputación Permanente dio entrada a
la iniciativa del diputado Carlos Antonio Morales Guevara que reforma el
artículo 320 del Código Penal para establecer que se impondrán de tres a diez
años de prisión, y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA),
a quien impida el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolución
judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal o utilice el
auxilio de la fuerza pública para tal objeto.
La iniciativa señala que existe un grave
problema por el incumplimiento del pago de laudos laborales y para tal caso
cita el Informe General de la Fiscalización Superior de los Entes Municipales,
como parte de la Cuenta Pública 2017, advierte un importe de 470 millones 534
mil 900 pesos por concepto de pasivos derivados de laudos laborales,
correspondientes a 53 Ayuntamientos y seis entidades paramunicipales.
En 2016, de acuerdo a la Magistrada del Poder
Judicial del Estado, Concepción Flores Saviaga, el pago pendiente por laudos
laborales en la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, ascendía a más de 2
mil millones de pesos.
En tal razón esta iniciativa pretende inhibir
el comportamiento que evidencia irresponsabilidad e insensibilidad, por parte de
algunas autoridades municipales cuando son notificadas de un laudo que tienen
que acatar en sus términos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), este año ordenó separar de sus cargos a los Presidentes Municipales de
Coacalco, en el Estado de México y de Tlacotepec, en Puebla, y a los síndicos y
regidores que integran sus Cabildos, derivado de su negativa por cumplir con
dos sentencias de amparo.
-Solicitan
conocer el pasivo laboral del Estado-
En la misma sesión, el diputado Carlos
Antonio Morales presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al
titular del Poder Ejecutivo a que informe a esta Soberanía -en un plazo de 10
días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo- sobre
la situación que guarda el pasivo laboral en el Estado, en relación al monto al
que ascienden los laudos laborales a los que fue condenado el Gobierno estatal
por despedidos injustificados hasta este año.
También sobre el número de sentencias del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a las que el Poder Ejecutivo ha
dado cumplimiento y el número de Ayuntamientos que fueron condenados en los
laudos y en los que se vinculó al Ejecutivo del Estado.
Del mismo modo, la calendarización en los
plazos para dar por cumplidas las sentencias en las que se condenó al Gobierno
del Estado y las acciones emprendidas para resolver la problemática y realizar
los pagos a los que fue condenado por laudos.
En su intervención, el legislador dijo que no
debe olvidarse que los adeudos y los montos reclamados en los laudos no son a
una persona en particular, sino a una institución.