*Motivado
por las críticas, el gobernador prefirió no promulgar algunos dictámenes
aprobados por el Congreso local.
Tribuna Libre.- Durante los dos años de la LXIV Legislatura
el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, corrigió la plana a los diputados
locales, en su mayoría panistas, al vetar cinco reformas a leyes locales.
El mandatario estatal hizo uso de su derecho
de no promulgar las modificaciones legales, como lo marca el artículo 36 de la
Constitución, con lo que el trabajo de comisiones se desechó, pues las
modificaciones a la ley de Tránsito y Transporte; de Protección Animal; del
Instituto de Pensiones, De Entrega-Recepción; y al Código Penal no se
publicaron en la Gaceta Oficial del Estado.
E-Consulta presenta una cronología de los
vetos de Yunes Linares al trabajo de la Cámara local, la mayoría propuestas por
el Partido Acción Nacional (PAN) y una de Morena.
“No
leyó” y aplicó veto
En enero del 2017, se aprobó regular el servicio
de mototaxi al modificar la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado. Se
establecía que una moto prestaría el servicio de transporte en una localidad
rural específica y municipio determinado.
Horas después de que se aprobó el cambio de
la ley el Gobernador aclaró no estar conforme con dicha medida debido a que -en
ese momento- existía un desorden generalizado en el transporte público.
“Adicionalmente hemos detectado que la
delincuencia organizada controla parte de este servicio público y lo vimos por
ejemplo los días 4, 5 y 6 de enero (2017) con los problemas que hubo de
vandalismo en Veracruz que se usaban taxis para cometer actos vandálicos, lo
hemos visto en secuestros y asaltos”, argumentó en entrevista radiofónica.
En respuesta, la diputada panista María
Josefina Gamboa Torales, autora de la iniciativa, afirmó que el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares estaba protegiendo a mafias de transportistas.
“Creo que no la ha leído bien, creo que no
leyó el transitorio que dice que entra en vigor después de que se regularice el
servicio de transporte público”, expuso en entrevista en la sede del poder
legislativo y recriminó que el gobernador estaba emitiendo un mal mensaje al no
publicar la reforma a la ley 589.
Ante
crítica permitió maltrato animal
Para el mes de agosto, previo al proceso
electoral, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que no promulgaría
la reforma a la Ley de Protección Animal, que permitía vaquilladas y peleas de
gallos en el Estado.
Previamente el diputado local panista Daniel
Olmos Barradas, presentó una reforma a la ley 876 para revocar las
modificaciones, aprobadas ocho meses antes.
Ese proyecto prohibía los circos con
animales, las peleas de gallos, novilladas o vaquilladas y en general,
cualquier actividad o espectáculo que atentara contra el bienestar animal.
Días después, el 12 de agosto, el mandatario
impuso su derecho constitucional, y regresó las reformas para que las
analizaran los diputados locales a la luz de ordenamientos jurídicos
internacionales, con la opinión de los veracruzanos y las observaciones que
realizó.
“Si la violencia se expresa cotidianamente en
las diversiones, en las tradiciones, esa violencia, de alguna manera permea
también en la conciencia social y se vuelve una práctica razonable”, argumentó
en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.
Durante el análisis y aprobación de las
modificaciones galleros y defensores de derechos humanos se manifestaron en el
Congreso local.
La ley
del IPE tampoco verá la luz
El 27 de julio, el Congreso de Veracruz
aprobó una reforma a la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que
obligaba al gobierno, entre otras cosas, a cubrir el pago del déficit de
pensiones y jubilaciones, que para este año ascendió a los 2 mil 500 millones
de pesos.
La iniciativa la presentó la diputada Daniela
Griego de Morena y la redactó con apoyo de sindicatos que ahí cotizan.
"El Gobierno del Estado será responsable
solidario del cumplimiento de esta obligación (...). El presupuesto asignado al
Instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el ejercicio que le precedió,
de haberse presentado este supuesto”.
Antes de que se votara la reforma Yunes
Linares anunció que no se publicaría en la Gaceta Oficial del Estado y fue el
jueves 27 de septiembre 2018, cuando remitió al Congreso las observaciones a la
ley del IPE.
El mandatario panista argumentó que aplicó el
veto porque la ley ‘‘pondría en grave riesgo el pago a pensionados y jubilados,
las finanzas de esa institución y las del propio gobierno del Estado’’.
De aplicarse la reforma, la administración
estatal tendría que entregar al IPE más de 17 mil millones de pesos, y la
siguiente administración (que encabezará Cuitláhuac García), tendría que
entregar más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 que ya se entregan.
Dijo no
a los cambios de ley de entrega-recepción
El 27 de septiembre se dio entrada a las
observaciones a las reformas a la ley de Entrega-Recepción del Estado. Se trató
del dictamen número 333, que presentó la diputada local Mariana Dunyaska Rojas.
La propuesta tenía por objeto regular el proceso
y establecer los criterios que regirán la entrega-recepción de los recursos
humanos, financieros, materiales y técnicos a cargo de los servidores públicos
del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, ya sea por conclusión del periodo
constitucional o mandato legal, o bien por separación del cargo.
Se establecía el procedimiento de preparación
de la entrega y recepción del Poder Ejecutivo y por último las obligaciones y
sanciones a los servidores públicos que incumplan en la ley.
Dentro de los Sujetos y Órganos obligados se
enlistó al Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores
y todos aquellos que tienen la titularidad de las dependencias, entidades y
órganos que integran la administración Pública Estatal y Municipal.
Así como sus subordinados con nivel de
subsecretario, director general, director de área, subdirector, jefe de unidad
departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o
comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los referidos.
Tampoco
aprobó la ley Antimeme
El 29 de septiembre, los diputados de
Veracruz, incluidos los de Morena y también del PRI y PAN-PRD, aprobaron una
reforma legal que tipificaba el “acoso cibernético” como un delito.
La ley dejaba abierta la posibilidad de criminalizar
los llamados “memes” —críticas humorísticas a personajes públicos—, y hacer
posible a los políticos victimizarse por ser objeto del escrutinio o escarnio
público en las redes sociales.
La propuesta del perredista José Kirsch
Sánchez, establecía sanciones de seis meses a dos años de prisión y hasta 100
días de trabajos forzados.
Días después, el Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares anunció el veto al Código Penal, que establece sanciones al Acoso
Cibernético, lo consideró inconstitucional por violentar la libertad de
expresión de los veracruzanos.
“Este Gobierno se ha caracterizado por el
respeto pleno a la libertad de pensamiento y de expresión, por lo que ha
actuado y actuará en favor de fomentar la libre manifestación de las ideas de
los ciudadanos, y siempre en contra de la censura”, explicó.
Todas las observaciones las resguardó la
Secretaría General del Congreso, por lo que no se analizaron en comisiones o de
parte de los diputados que las presentaron, para conocer el motivo del rechazo
de Yunes Linares.