Xalapa, Ver. | 24 octubre de 2018
Tribuna Libre.- ¿Por qué la falta de pago del gobierno de
Miguel Ángel Yunes a los empresarios acreedores es una violación a sus derechos
humanos?
El despacho jurídico "Viades, Llanes y
asociados" emitió un comunicado donde hace la puntualización sobre el
porque hay violación a los derechos humanos.
En resumen lo enuncia así:
1. Los empresarios tenían que sujetarse a un
procedimiento kafkiano, indefinido, opaco y lesivo, antes poder aspirar a que
se les pagara.
2. Miguel Ángel Yunes -autoritario como es-,
se ubicó en el plano de supra-subordinación que tanto le agrada, porque le
agradan las peleas desiguales: él, con el poder del Estado.
3. En Veracruz se fracturó el más elemental
principio de institucionalidad republicana. Miguel Ángel Yunes habló de las
"deudas de Duarte" y de "sus deudas", como si viviéramos en
la Francia de Luis XIV. Lo cierto es que decidió que no pagaría ni las del que
está preso ni las suyas.
4. El Gobierno de Veracruz determinó que
todos aquellos que se ostentaban como sus acreedores estaban obligados a
demostrar que no intentaban defraudar al Erario... más aún: se les dio trato de
delincuentes.
Y con esto se violó su PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.
5. Los empresarios acudieron a la CEDHV confiando
en su autonomía. Ello, sin embargo, no es obstáculo para identificar que se
cometieron delitos por parte de servidores públicos.
Ante esto la expectativa es que SEA QUIEN SEA
el Gobernador del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
emita la Recomendación correspondiente, que deje en claro que no se trata de
personas "a las que quedó a deber Duarte", sino víctimas de violación
a sus Derechos Fundamentales.
Este es el comunicado completo.
"VIADES, LLANES Y ASOCIADOS"
Comunicado.
EMPRESARIOS, SE QUEJAN EN LA CEDHV.
Este lunes los proveedores de bienes y
servicios a los que el Gobierno de Veracruz decidió no pagarles, acudieron a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja. Quienes integran la
Asociación Civil "Empresar SOS" (que encabeza Jesús Castañeda
Nevárez), fueron recibidos por la Presidente de ese organismo, la Dra. Namiko
Matsumoto Benítez.
Nuestro Corporativo Jurídico considera
pertinente hacer algunas precisiones en relación con las quejas presentadas
este lunes 22, en las oficinas de este organismo, en esta ciudad capital:
1).- Existen violaciones a Derechos Humanos.
Este es el punto toral, y debe advertirse que
es así, porque más allá de que el gobierno de Veracruz haya fincado tratos de
carácter comercial con particulares, Miguel Ángel Yunes Linares -actuando como
titular del Poder Ejecutivo- usó su investidura y las facultades que tiene como
gobernador, para evadir el pago a los empresarios: dispuso en un
"Acuerdo" (en el que recapituló sus atribuciones como gobernador),
que los acreedores del gobierno ("presuntos" acreedores, les llamó),
tenían que sujetarse a un procedimiento kafkiano, indefinido, opaco y lesivo,
antes poder aspirar a que se les pagara.
2).- Miguel Ángel Yunes -autoritario como es-
no resistió la tentación de colocarse frente a los empresarios con
"acuerdos" y "decretos" en la mano. No advirtió que su
doble discurso habilitó a la instancia tutelar de los Derechos Humanos: por una
parte, minimizó las quejas de los empresarios aludiendo a que versaban sobre
"tratos comerciales", mientra que, por otro lado, usaba sus
atribuciones para decretar -por sí y ante sí- lo que, de facto, no fue sino una
moratoria. Fracturó, entonces, el esquema de coordinación que caracteriza a los
contratos mercantiles, y decidió ubicarse en el de supra-subordinación que
tanto le agrada, porque le agradan las peleas desiguales: él, con el poder del
Estado.
3).- Los empresarios acuden a la CEDHV a
denunciar que en Veracruz se fracturó el más elemental principio de
institucionalidad republicana. El gobernador ignoró en todo momento que el
gobierno se rige por un principio de continuidad que trasciende a las personas
que ocupen, temporalmente, cargos públicos. Habló de las "deudas de
Duarte" y de "sus deudas", como si viviéramos en la Francia de
Luis XIV. Lo cierto es que decidió que no pagaría ni las del que está preso ni
las suyas. Y en todo caso, se debe dejar claro que no son deudas personales,
sino del Gobierno del Estado de Veracruz, sea quien sea titular del Poder
Ejecutivo.
4).- El Gobierno de Veracruz determinó que
todos aquellos que se ostentaban como sus acreedores estaban obligados a
demostrar que no intentaban defraudar al Erario. Los llamo "empresas
fantasma", "cómplices de Duarte" y otros tantos epítetos que
lesionaron la dignidad de personas; más aún: se les dio trato de delincuentes y
se les conminó a acreditar que no lo eran para poder acceder a un pago, en
fecha indeterminada.
Los empresarios sostienen que se violó su
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Al respecto, debe precisarse que los
diferentes constructos que ha elaborado la Corte y la Comisión Interamericanas
de Derechos Humanos, sostienten la obligación del Estado de no hacer juicios
apriorísticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado también
los alcances de este principio: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en
materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al
acusador, ES UN DERECHO FUNDAMENTAL que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce y garantiza EN GENERAL, cuyo alcance TRASCIENDE la
órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de
otros derechos fundamentales como son la DIGNIDAD HUMANA, la libertad, LA HONRA
y el BUEN NOMBRE, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o
disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio OPERA también en
las SITUACIONES EXTRAPROCESALES y constituye el DERECHO A RECIBIR LA
CONSIDERACIÓN y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de
carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la
culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las
consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, EN
CUALQUIER MATERIA". (Tesis 2a. XXXV/2007, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, p.
1186).
5).- Los empresarios acudieron a la CEDHV
confiando en su autonomía. Ello, sin embargo, no es obstáculo para identificar
que se cometieron delitos por parte de servidores públicos: el dinero que se
debía destinar a sus pagos, debía estar presupuestado y disponible desde el
instante mismo en que se les contrató para prestar un servicio, vender un bien,
o hacer una obra pública. Si el dinero de su pago no llegó a sus manos,
evidentemente se desvió. Eso es PECULADO. No obstante, también debe decirse
fuerte y claro: la Fiscalía General del Estado NO ES UN ENTE CONFIABLE, ante su
evidente sumisión al Poder Ejecutivo.
Las quejas serán nutridas, se hará llegar el
soporte documental necesario, y se espera que en un lapso breve, SEA QUIEN SEA
el Gobernador del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
emita la Recomendación correspondiente, que deje en claro que no se trata de
personas "a las que quedó a deber Duarte", sino víctimas de violación
a sus Derechos Fundamentales.
