Morena y su derecho a
equivocarse
Tribuna Libre.- Desde el inicio de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario de MORENA
no ha desaprovechado una sola sesión para recordarnos que en el último proceso
electoral, “ellos” ganaron con treinta millones de votos, y por tanto, lo que
hagan o decidan, es un derecho que se ganaron en las urnas.
“Nosotros”, por nuestra parte, tampoco
desaprovechamos este tipo de ocasiones para recordarles que quien sacó esa
millonada de votos fue “él” y no “ellos”. Que “ellos” solo tuvieron el mérito
de ir trepados en las valencianas de su pantalón. Que tan no fue su popularidad
la que los llevó a San Lázaro, que buena parte de quienes hoy forman parte de
la fracción de Morena en San Lázaro lograron la candidatura a la diputación
federal mediante el novedoso proceso de selección de la “tómbola”.
No obstante lo anterior, y echando mano del
“haiga sido como haiga sido” para evitar debates estériles sobre la legitimidad
de su representatividad popular, reconocemos que 256 representa la mayoría
absoluta de 500. Eso le da el derecho al Grupo Parlamentario mayoritario de
impulsar -tanto en comisiones como en el Pleno-, lo que en su opinión, más
convenga a nuestro país. Sin embargo, ese enorme soporte popular lo debería
interpretar Morena como una obligación de hacer las cosas bien y no como un
derecho a equivocarse.
En poco más de 4 meses, con las dos caídas de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las dos depreciaciones de nuestra moneda,
Morena ha despilfarrado el histórico apoyo popular con el que ganó las
elecciones federales; al mismo tiempo, ha menguado el “beneficio de la duda”
que muchos otros mexicanos -que no votaron por esa opción- le habían concedido.
En la próxima sesión de la Cámara Diputados,
cuando se debata la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, nuevamente Morena tendrá la oportunidad de
hacer las cosas bien o de volver a ejercer su derecho a errar.
Esta iniciativa, presentada por Morena el
pasado mes de octubre, pretende reformar -entre otros- el artículo 27, con el
propósito de crear una Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, y
transferir a ella la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la
Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, de seguridad
nacional y de protección civil.
Separar de la Secretaría de Gobernación las
facultades de seguridad pública y confiárselas a una Secretaría de nueva
creación no amerita cuestionamiento alguno de mi parte. Sin embargo, la
situación de violencia que viven muchos estados del país no justifica la
confusión entre lo que representan la seguridad nacional y las acciones de
seguridad pública.
La historia y la práctica nos dicen que la
seguridad pública se enfoca en resolver los fenómenos y conductas que pongan en
riesgo la integridad personal de los ciudadanos, la prevención y acción en
contra de la incidencia delictiva; así como la investigación, persecución y
sanción de conductas delictivas.
En contraste, el objeto principal de
protección de la seguridad nacional es salvaguardar la seguridad y unidad del
Estado; por lo tanto, se trata de un concepto mucho más amplio y de mayor
relevancia por los riesgos potenciales -terrorismo, crimen organizado,
migración, cambio climático, guerrillas, espionaje- que podrían presentarse
para el país en su conjunto.
Además, cambiar de nombre al CISEN parece más
una decisión cosmética que de fondo. No toda tarea de inteligencia está
radicada en el ámbito de la seguridad pública, sino en un conjunto de
instituciones que tienen la tarea de generar información al Estado para
garantizar la seguridad nacional. Quitarlo a Gobernación para enviarlo a la
nueva SSyPC me parece un error que puede resultar costoso para la gobernabilidad
del país.
En el caso de la protección civil –tema que
atendí de manera directa como Presidente de esta comisión en la Cámara de
Senadores-, sus riesgos no tienen que ver con conductas antisociales, sino con
los daños que provocan los distintos fenómenos naturales y la inmediata
respuesta que requiere para su atención. Por esta razón, desde su nacimiento,
el Sistema Nacional de Protección Civil ha estado a cargo de la Secretaría de
Gobernación, como la encargada de coordinar los esfuerzos interinstitucionales
en casos de desastres naturales.
Por inverosímil que parezca, la presidencia
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no incluyó a la Comisión de
Seguridad Pública en el turno de esta iniciativa para su dictamen, sólo nos fue
enviada para emitir nuestra opinión. Además, en medio del debate durante la
sesión de esta Comisión -de la que soy Secretario- fuimos informados que el
dictamen ya estaba circulando con fecha 12 de noviembre, por tanto, nuestra
opinión nunca pudo ser escuchada. Lo haremos durante el debate en el Pleno de
la Cámara.
Un gobierno eficiente no es aquél que
concentra más poder, sino el que distribuye de manera racional y objetiva sus
responsabilidades. Con esta iniciativa se está proponiendo crear una súper
secretaría, la de Seguridad Pública en detrimento de la Secretaría de
Gobernación, cercenando a esta sus dos brazos y una pierna; al parecer, en el
sexenio por venir, sólo lo le quieren dejar una extremidad para andar pateando
el bote.
Equivocarse es parte del ejercicio de
gobierno. Ojalá que en la próxima administración sea la excepción y no se
consolide como la regla.
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