*Acude
Silvia Edith Mota Herrera a comparecer ante diputadas y diputados, con motivo
de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Xalapa, Ver. | 26 noviembre de 2018
Tribuna Libre.- La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión
Social, presidida por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, recibió la
comparecencia de la titular de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y
Productividad del Estado (STPSP), Silvia Edith Mota Herrera, en la que
diputadas y diputados la cuestionaron en relación a las estrategias para
mantener los empleos e incrementarlos, el apoyo a personas que fueron
despedidas injustificadamente, y la inversión realizada para la vinculación
empresarial, entre otros temas.
La Comisión, integrada también por la
diputada Erika Ayala Ríos, secretaria y el legislador Sergio Hernández
Hernández, vocal, dio inició a las 10:00 horas, a la comparecencia de la
titular de la STPSP, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que en esta
administración estatal se registró el despido masivo de trabajadores, con lo
que miles de familias se quedaron sin el sustento diario; por lo que preguntó
cuántos despidos se realizaron, qué criterios se tomaron en cuenta para ello,
el monto de las indemnizaciones, las acciones para apoyar a pensionados que
exigen sus pagos, el número de personas contratadas en su área, estrategias
para la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad o adultos
mayores, así como el total de empleos creados en el distrito de Martínez de la
Torre.
La funcionaria contestó que en su secretaría
no se realizó ningún despido injustificado, sino que algunos trabajadores
concluyeron su contrato y ya no se les renovó. Agregó que iniciaron con 344
plazas y como parte la contención del
gasto se ajustaron a 324 plazas, dado que había duplicidad de funciones. Destacó
que a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), apoyaron con el programa
“Abriendo Espacios” a 827 personas con discapacidad.

La secretaria respondió que se mantuvo una
relación de cercanía con empresas para evitar huelgas; fueron incrementados los
programas de capacitación, autoempleo y vinculación de trabajadores. Informó que
se colocaron dos mil 26 trabajadores en 127 municipios y que el Gobierno
Federal otorgó 19 millones de pesos (MDP), para estas acciones. Señaló que se
llevaron a cabo 25 ferias de empleo; que el TLC no afecta el programa de
trabajadores agrícolas y que hay tratos con Alemania, pero que una de las
limitantes es el idioma.
El coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares,
preguntó sobre el tema de los trabajadores despedidos del Sistema de Agua y
Saneamiento (SAS), de los municipios de Boca del Río y Veracruz y si existe
algún candado para evitar que una empresa reciba beneficios duplicados de
capacitaciones a su personal; a lo que la funcionaria contestó que han llevado
a cabo pláticas con la líder del sindicato del SAS toda vez que no quieren la
indemnización de Ley, sino que piden la reinstalación laboral y el sistema no
tiene la capacidad financiera para esta acción.
Indicó que sí, existe el candado para que una
empresa no reciba nuevamente beneficios
por los cursos de capacitación y que además hay el compromiso, entre la
dependencia y la empresa, de contratar al menos el 80 ó 90 por ciento de las
personas que participaron en ellos.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Jorge Moreno Salinas,
requirió información sobre qué han hecho para combatir el rezago en la Junta
Local y por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido la
problemática de la compañía tabacalera y del Tecnológico, ambos de San Andrés
Tuxtla.
Mota Herrera respondió que la Secretaría
implementó que, al momento de la recepción de la demanda, se otorgue la fecha
para la primera audiencia en un plazo no mayor de 30 días, a fin de que no
exista rezago.
Sobre el tema de San Andrés Tuxtla dijo que
fue la Junta Local la que dio la atención oportuna, conforme a derecho, y
abundó que el caso del Tecnológico ya fue solucionado, firmándose el convenio
respectivo.
Durante la segunda ronda de preguntas y
respuestas, el diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó cuáles fueron sus retos
y qué se debe hacer para potencializarlos.
La Secretaria de despacho dijo que los retos
fueron enormes, porque no había recursos, ejemplificó que el primer día les
cortaron el servicio de agua y debían rentas de algunas Juntas en el Estado,
mismas que durante su administración fueron mejoradas.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares,
cuestionó sobre qué hacer y cómo retomar la falta de pago a empresarios
veracruzanos.
Mota Herrera subrayó que el cierre de las
empresas sí ha impactado al dejar a cientos de trabajadores sin los recursos
para el sustento diario, por lo que propondrá al Ejecutivo la creación de un
Fideicomiso para que los recursos de bienes recuperados, por el Estado, sean
destinados al pago de adeudos con empresarios.
Por parte del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos preguntó sobre
las implicaciones de la reforma a la Ley que afectaría a los trabajadores de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), qué pasará con los Organismos
Públicos Descentralizados (OPD), los rezago en las Juntas y las acciones para
atender las Alertas de Violencia de Género (AVG), decretadas para Veracruz y
quiénes integran los Comités de Vigilancia laboral.
La secretaria contestó que, a partir de la
reforma laboral de 2017, se espera la legislación secundaria toda vez que hay
inquietud del personal de las Juntas de Conciliación ya que la mayoría de los
organismos de los poderes no quieren al personal para que asuman el cargo de
jueces de lo laboral.
Se prevé –indicó- que las Juntas sigan
funcionando de tres a cinco años para que saquen el rezago que tienen; que el
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) no
verá afectado su relación con la Secretaría ya que tienen patrimonio; añadió
que en esta administración se dictan de 20 a 30 laudos a diferencia de hace
años que solo eran de uno a tres. Expuso que los Comités de Vigilancia fueron
instalados en 11 municipios y que están integrados de forma institucional,
presidido por el presidente municipal de la zona en que esté asentado.
De igual forma, la diputada Montserrat Ortega
Ruiz, de la bancada del PAN, preguntó qué hizo la Secretaría para abatir el
trabajo infantil no permitido y cómo se trabaja para frenar el estado de
vulnerabilidad para niñas y niños. La secretaria indicó que a través del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) han firmado 95 convenios con organizaciones sindicales para
establecer, en sus respectivas clausulas, no contratar personal infantil y se
realicen visitas periódicas a empresas para vigilar que no haya niñas o niños
trabajando.
Por otra parte, la diputada Margarita Corro
Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó si la Secretaría tiene un
censo de trabajadoras agrícolas de la entidad, qué se hace para garantizarles
un salario digno como lo marca la Ley, las políticas para brindarles, a las
personas de las sierra, acceso a seguros de empleo y sobre la explotación laboral infantil.
La secretaria respondió que los trabajadores
agrícolas no tienen seguridad social y que realizan sus jornadas en
temperaturas extenuantes, por lo que se vigila que los espacios, ofertados por
las empresas, sean dignos, ya que no solo viajan los padres, sino en ocasiones
también los hijos.
Para finalizar, del Grupo Legislativo de
Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez preguntó, qué acciones
emplean para evitar la explotación laboral infantil, cuáles son las zonas
territoriales con mayores conflictos laborales y qué sindicatos, con sus
políticas, perjudican los derechos de los trabajadores de la entidad.
La Secretaria reiteró que no tienen ninguna
denuncia por explotación laboral infantil, en cuanto a las zonas territoriales
con mayor conflicto dijo que son Coatzacoalcos y Veracruz y sobre el tema de
los sindicatos señaló que sólo existen abusos de la organización patronal de
transportistas, especializados en materiales
de construcción, ya que cualquier persona que desee dedicarse a esta actividad
deberá pagar obligatoriamente la cuota, aunque no sean parte de la
organización.
La legisladora Adriana Esther Martínez,
presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, agradeció a
la secretaria y, a las 13:51 horas, concluyó la comparecencia.