*El
dictamen presentado por Morena fue aprobado en lo general, pero no consiguió
los votos necesarios en la discusión de dos artículos que fueron impugnados.
Tribuna Libre.- Morena sufrió su primera derrota legislativa
este martes, al no conseguir los dos tercios de la votación que necesitaba para
quitar las reservas a los artículos 38, 111 y 112 de la Constitución y eliminar
el fuero para todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la
República.
Actualmente, en esos artículos se establecen
la existencia del fuero y el mecanismo para retirárselo a diputados, senadores,
ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, jefe de gobierno de
la Ciudad de México, consejeros del Instituto Nacional Electoral y los
procuradores de la República y la CDMX, entre otros.
Diputados del PAN, MC y PRI celebraron el
resultado de la votación, pues el reglamento señala que, al ser rechazada en lo
particular la votación, se desechan los artículos que no fueron aprobados y la
iniciativa de reformarlos puede presentarse nuevamente hasta el próximo periodo
de sesiones, en febrero de 2019.
La intención de la bancada mayoritaria es que
Andrés Manuel López Obrador sea el primer presidente que no cuente con la
protección de esta figura.
El dictamen presentado por Morena fue
aprobado en lo general con 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. El
presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, envío al Senado los
artículos aprobados en lo general, pero anunció que se desecharon los artículos
no aprobados, por lo que Morena solo consiguió eliminar el requisito de la
declaratoria de procedencia del Congreso para retirar el fuero.
Según los cambios propuestos, el retiro del
fuero del presidente de la República no tendría que ser evaluado por el
Congreso. En el caso de los gobernadores y funcionarios estatales, serían
evaluados en los congresos de sus entidades federativas.
“La sociedad reclama cambios inmediatos y uno
de ellos es la demanda de quitarle el fuero y ponderar la inmunidad a ciertos
servidores públicos del Estado mexicano”, dijo la diputada Miroslava Carrillo,
presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El dictamen planteaba que la sujeción a
proceso penal de los servidores públicos debía realizarse sin tener como
requisito una declaratoria de procedencia del Congreso, como hasta ahora se
tiene establecido.
La única condición es que el procesado se
mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso
perdería la inmunidad y el cargo.