La
impunidad, remedio contra la corrupción: 4T
Héctor
Yunes Landa | 03 diciembre de 2018
Tribuna Libre.- A partir del pasado sábado, México tiene un
nuevo Presidente de la República. Su investidura, es el resultado del adecuado
funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado mexicano y el
respeto al Estado de Derecho. Es una muestra de que la obediencia de las leyes
hace que el gobierno funcione bien.
De las decisiones que ha tomado el Presidente
López Obrador, se observa un proceso de transición que tiene como propósito un
cambio de régimen, al que él denomina la Cuarta Transformación (4T).
Ante la situación de violencia criminal y
pobreza que se vive en muchas regiones del país, el cambio en sí mismo es una
necesidad del Estado por asegurar su supervivencia y cumplir con su obligación
de garantizar seguridad y bienestar para los ciudadanos; sin embargo, por lo
observado hasta hoy, la vuelta a un presidencialismo absoluto no parece ser la
mejor respuesta.
La naturaleza de un nuevo régimen debe
responder al mismo criterio que le dio origen: el respeto al Estado de Derecho.
La pacificación que requiere México no nacerá
de un pacto de impunidad al margen de nuestras leyes. La capacidad de perdonar
es un valor inherente a la voluntad de las personas, pero en las instituciones
está condicionado para que se ejerza como un acto de justicia.
El perdón en sí mismo no repara el daño.
Tampoco garantiza que la ofensa o el agravio no se repitan en el futuro. Es por
ello, que se han construido sólidas instituciones que eliminan esta
discrecionalidad y aseguran que los ciudadanos reciban lo que en derecho les
corresponde.
El presidente López Obrador ha confirmado su
decisión de conceder el perdón y ser indulgente poniendo punto final a
historias de corrupción, anunciando que no habrá persecución a los funcionarios
del pasado. Es decir, un borrón y cuenta nueva.
Es de reconocerse que el Presidente de la
República no busca con esta medida blindar a quienes, de su gobierno, cometan
actos de corrupción. La medida tiene dedicatoria exclusiva a los corruptos del
pasado. Pero ello no es suficiente.
Se entiende la reconciliación nacional que
pretende el Presidente de la República, pero ello no justifica interpretar a la
justicia como un acto de persecución.
Si bien no dudo de la buena fé del Presidente
López Obrador en su propósito de no iniciar una cacería de brujas en aras de una
reconciliación política nacional, también creo que deben ser las leyes y las
instituciones encargadas de impartir justicia las que determinen, en todos los
casos, sin excepción alguna, la consecuencias jurídicas de los posibles delitos
cometidos.
Si queremos un país sin privilegios, debemos
empezar con el ejercicio de la justicia. Esperamos y deseamos que el Presidente
no sólo logre su compromiso de gobierno de no permitir que nadie se aproveche
de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al
amparo del poder público; sino que consolide la aplicación irrestricta de la
ley.
Mientras la “Cuarta Transformación” se
apresta a aplicar la impunidad como remedio contra la corrupción, la Vox populi
le revira: “Ni perdón ni olvido”.
facebook.com/HectorYunes
Instagram: hectoryuneslanda
Twt: @HectorYunes
