Tribuna Libre.- Por instrucciones del señor presidente se ha
hecho un escándalo mayúsculo por la negativa del poder judicial de aceptar que
nadie debe de ganar más que el presidente de la república. Se acusa a los propios ministros de la
suprema corte de justicia el haber
preparado los alegatos necesarios para que el amparo prosperara, y se azuza a
la masa a manifestarse en contra de la decisión del juzgador, quien apegado a
la ley otorgó el amparo correspondiente.
Curiosamente, no se ha tocado el tema de que
los diputados federales haciendo caso omiso de la austeridad, han decidido en
su calidad de poder independiente, seguir gozando de los mismos privilegios,
ayudas y apoyos que las legislaturas anteriores, esas que fueron tan criticadas
por hacer lo mismo que la actual.
Es de todos conocido que el poder judicial
del país esta podrido hasta los cimientos, que se ha convertido en un refugio
económico de unas cuantas familias, que al mejor estilo de las organizaciones
criminales, conspiran para darle la vuelta a la ley, y tener ocupados a tíos,
primos, esposas, amantes (de ambos sexos), hijos, etc., en muchos casos
carentes de los mínimos requisitos para cumplir sus puestos, y entre quienes
ocupan lugar destacado familiares de la actual secretaria de gobernación.
También es públicamente conocido que el poder
judicial en muchas de sus instancias vende la justicia al mejor postor, o
simplemente no revisa de manera concienzuda los casos de los cuales depende la
vida y la libertad de aquéllos que están siendo juzgados, expidiendo sentencias
a la ligera que afectan vidas humanas, por las cuales, los juzgadores no
muestran el mínimo interés.
Así, llegamos a la parte medular. Es verdad que el presidente tiene la razón al
exigir moderación en los pagos y prestaciones que se obtienen de prestar un
servicio público. En ello tiene la razón
más absoluta. A partir de ello, al
entrar al análisis, la situación se complica mucho más allá de la simpleza con
la cual el congreso afín al presidente aprobó la ley correspondiente. Por otra parte, está totalmente equivocado al
provocar manifestaciones y linchamiento público a un poder autónomo, tan solo
por no someterse a la voluntad del presidente en turno.
En principio hay un error jurídico gravísimo,
pues debió modificarse el parámetro máximo.
No debe de ser el salario del presidente el que se tome como límite, ya
que su salario está sujeto al propio capricho de quien ocupe la silla del
águila, a pesar de simularse que lo define el congreso. Se viola el principio de certeza jurídica,
ya que con cada presidente puede variar dicho límite. Para mostrar lo ridículo del ordenamiento,
pensemos que un presidente de la república decide ganar diez millones de pesos
mensuales, y que otro presidente decide ganar cien pesos al mes. En ambos casos resulta extremo y absurdo
establecer su salario como límite para las percepciones de los servidores
públicos.
Una solución con mayor elegancia jurídica
(algo de lo cual hoy todavía carecen nuestros actuales legisladores), hubiera
sido establecer un método de análisis de las responsabilidades y percepciones
de los diversos puestos públicos, con el fin de establecer salarios acordes al
mercado, es decir, competitivos conforme a lo que se paga por dichas
habilidades y conocimientos. Se entiende
que hubiera sido una labor titánica y que no se hubiera resuelto el primer año
de gobierno, pero hubiera sido una solución mucho más justa y conveniente para
el país.
Solución justa, pues un servidor público es a
fin de cuentas un trabajador más, como cualquier otro, que espera percibir un
salario suficiente para conservar su propio nivel de vida y el de su
familia. Conveniente para el país,
porque hay áreas extremadamente especializadas, que demandan capacidades de
excepción, mismas que por razones de mercado laboral, reciben percepciones
superiores a la media nacional, pero también el servicio que le prestan a la
nación es excepcional. En algunos
puestos, una decisión equivocada puede costar sufrimiento físico o estrés
económico, y en el peor de los casos, pérdida del nivel de bienestar a millones
de mexicanos. Evitar daños a los
gobernados debe de ser la prioridad de cualquier gobierno, al precio que sea.
En redes sociales se ha difundido que un
mexicano que sirva en un puesto público debe de considerarlo un privilegio, lo
cual se escucha muy bien, pero primero está el bienestar de la familia. También los órganos ligados al gobierno en
turno, han afirmado una y otra vez que afuera hay mexicanos muy capaces de
ocupar las vacantes que se pudieran generar, lo cual resulta falso y absurdo,
únicamente para consumo de las masas.
El ejemplo más claro es pensar que un recién egresado de la facultad de
medicina puede ser seleccionado para realizar una operación de extremo cuidado
y que requiere experiencia, capacidad y conocimientos previos a los que no ha
tenido acceso, por ejemplo la colocación de un stent en el músculo
cardiaco. Aunque suena sencillo, nadie
acude a un principiante, se acude a un especialista.
Es natural que en un país pauperizado como el
nuestro, quien gane el salario mínimo considere ofensivo un salario superior al
que estableció para sí AMLO, sin embargo en el mercado laboral hay salarios muy
superiores, acorde a la labor, la capacidad técnica y el nivel de
responsabilidad de el puesto que se desempeñe. Algo que no es fácil de entender
para la masa, pero que es una realidad que al final, le puede otorgar mayor
bienestar o causarle graves problemas en su vida diaria, dependiendo de las
decisiones que se tomen. Pensar que la
mayor responsabilidad es la de un presidente de la república es absurdo,
considerando que quienes saben, generalmente no llegan a ese puesto, sino que
lo ocupan los mejores políticos.
Habiendo definido que la ley esta mal
redactada y que su parámetro es incorrecto, vemos una actitud de linchamiento
social, como si todo México debiera de girar alrededor de las decisiones del
presidente de la república, sin considerar la división de poderes, y sobre
todo, los errores cometidos entre sus fieles en el congreso, por las prisas de
cumplir las órdenes del titular del poder ejecutivo.
El mensaje de Andrés Manuel parece ser el de
alguien que exige que se obedezca su decisión a pesar de estar mal legislada y
peor reglamentada. En caso de no atender
a su voluntad, entonces se convoca a marchas en contra de la Suprema Corte, y
quizá hasta una consulta popular para de manera ilegal suspender a los jueces.
La lógica solución, la que se llevaría a cabo
en un país civilizado, sería aprovechar el conocimiento de los vicios del poder judicial, investigarlos y
con la ley en la mano comenzar a corregirlos, incluyendo la sanción a quienes
violen la ley, sin importar su jerarquía.
Con ello, se limpiaría el poder judicial, mientras que el congreso
debería de aplicarse a elaborar y legislar una ley de remuneraciones de
servidores públicos que no establezca límites arbitrarios, sino acorde al valor
que los conocimientos y la experiencia requerida tienen en el mercado
laboral. Claro que esto requiere mayor
esfuerzo y una calidad profesional superior que la mostrada actualmente por un
congreso ávido de quedar bien con el presidente que es a su vez, quien decidirá
el futuro político de los hoy diputados y senadores afines a su partido
político.
A veces, es mejor hacer las cosas bien, que
hacerlas rápido.