*Remiten
a la Comisión de Hacienda del Estado la propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, que prevé la aplicación de medidas para disminuir el gasto
gubernamental.
Xalapa, Ver. | 14 diciembre de 2018
Tribuna Libre.- La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del
Estado de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de
medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación,
ejecución, y control del gasto gubernamental, como política pública en la
entidad.
Lo anterior para cumplir con los principios
de economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración
de los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado.
La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
También la incorporación de todos los
funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente
prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o
haberes de retiro, así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros
privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su
denominación.
De igual forma busca evitar el engrosamiento
del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear
nuevas plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de
necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de
seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser
encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Prevé limitar el uso de vehículos de
propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio
directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos
cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una
función pública.
Plantea restringir el gasto en propaganda
oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales
y concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al
número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
Entre otras cosas propone establecer límites
para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal
inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y
energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios,
alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de
telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos
en precios y tarifas oficiales o la inflación.
No podrán constituirse fideicomisos, ni
fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
La iniciativa, que consta de 13 artículos,
fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.