*El
Pleno de la LXV Legislatura turnó a la Comisión de Hacienda del Estado, para su
análisis, la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Xalapa, Ver. | 14 diciembre de 2018

En la octava sesión, correspondiente al
primer periodo ordinario de sesiones, fue turnada a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado esta iniciativa que, en primera instancia, refiere
disposiciones aplicables a las
remuneraciones que perciben los servidores públicos, estableciendo claramente
los sujetos a quienes les aplican sus disposiciones y los principios rectores a
que deben sujetarse tales remuneraciones.
Por otra parte se establecen las bases para
la determinación de las remuneraciones desarrollando legalmente dos principios
fundamentales: el primero, que ningún servidor público puede recibir una
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República y para el
Gobernador del Estado.
La segunda, que ningún servidor público puede
tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las
excepciones que esta misma ley prevé.
De igual forma incluye el cálculo
presupuestario de dichas remuneraciones, con la obligación de establecer los
tabuladores y montos en los presupuestos correspondientes. También se estipula
lo que tiene que ver con las
percepciones por concepto de retiro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras
que considera el texto constitucional.
Se establece el control, las
responsabilidades y las sanciones, con el ánimo de que cualquier persona pueda
formular denuncias ante la instancia interna de control y disciplina de los
entes reconocidos en el texto del presente ordenamiento.
En la propuesta legislativa, el Ejecutivo
estatal señala que esta ley es de suma relevancia, considerando la próxima
discusión del Paquete Económico de 2019, destacando el tema de las
remuneraciones de la alta burocracia en un contexto de crisis económica,
escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga
del endeudamiento interno y externo que obligan a hacer un uso eficiente y
racional de los recursos disponibles destinados al gasto público.