Puebla, Pue. | 05 diciembre de 2018
Tribuna Libre.- La guerra entre Morena y PAN por la
gubernatura en Puebla estaría por definirse. El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) podría determinar esta semana, aunque aún no
se ha fijado fecha oficial, si anula la elección o ratifica el triunfo de
Martha Erika Alonso. El fin de semana circuló un proyecto de sentencia donde se
propone la nulidad de los pasados comicios, lo que desató las críticas por
parte de la coalición “Por Puebla al Frente”; pidió que se respeten los
resultados del 1 de julio. Por su parte, Morena y sus aliados del PES y PT en
el Congreso ya analizan sus cartas para nombrar a quien sería el gobernador
interino en lo que se realizan las elecciones extraordinarias.
En la víspera de que los magistrados del
Tribunal Electoral discutan el proyecto del ministro José Luis Vargas, te
decimos qué sucedería en caso de anular la elección.
¿Por qué se anularía la elección a
gobernador?
El proyecto que se dio a conocer y que
propone la nulidad de los pasados comicios tiene como causal que se vulneró la
cadena de custodia de los paquetes electorales, en consecuencia, no hay certeza
que los resultados sean reflejo de la voluntad de los ciudadanos que salieron a
emitir su sufragio el pasado 1 de julio.
En el dictamen, se señalaron 5
irregularidades:
1. Uso de un automóvil del ayuntamiento de
Cuetzalan del Progreso.
En el dictamen se expresó que se usó para el
traslado de documentación electoral en beneficio a petición del PAN, lo que
significa la aplicación de recursos materiales públicos en beneficio de un
instituto político, lo cual está prohibido.
“En conclusión, por lo que hace al uso de un
vehículo oficial para trasladar documentos electorales en favor de un partido,
se considera que en modo alguno trasciende significativamente al resultado de
la elección de la gubernatura de Puebla”, refiere el documento de sentencia.
El proyecto establece que los hechos
generaron una violación sustancial en la elección de la gubernatura de Puebla.
Sin embargo, hace énfasis que para que una irregularidad sea suficiente para
anular una elección, debe, “necesariamente, haberse presentado de manera
generalizada”.
e considera que el robo, quema o destrucción
de materiales electorales, así como la presencia de personas armadas en las
casillas constituyen una violación grave que afectó el principio constitucional
de libertad del sufragio. Sin embargo, establecen que dicha violación no fue
generalizada ya que, los hechos no se dieron de manera sistemática en todo el
ámbito temporal y geográfico de la elección, al presentarse en menos del 1% de
las casillas instaladas.
Se
acreditó que:
*No se notificó a los representantes de los
partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega.
*Personal de la autoridad local abrió
paquetes electorales.
Bodega central no atendía las disposiciones
en materia de seguridad, pues contaba con más de un acceso principal.
*La bitácora y las actas circunstanciadas
levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de
apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden que considerar que
fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área
de resguardo.
*No existe registro de las cámaras de video
de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes.
El Instituto Electoral local no garantizó el
debido resguardo, por lo cual la certeza en la elección se ve afectada, porque
las irregularidades “suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes
impiden conocer de manera real, si el contenido de los paquetes es el fiel
reflejo de la voluntad ciudadana; por lo que, ante tal falta de certeza,
procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla”, dicta
la sentencia.
El proyecto establece que se acreditó la
indebida actuación del Instituto Electoral local, “porque puso en riesgo el
derecho de acceso a la justicia de quienes impugnaron en la instancia local, el
cómputo final y la declaración de validez de la elección a la gubernatura del
estado de Puebla”.
Además que los consejeros incumplieron con en
el reglamento de Elecciones del INE y su obligación legal de verificar y
garantizar que la bodega electoral reuniera las condiciones de seguridad
necesarias, y que su negligencia y descuido provocaron el rompimiento de la
cadena de custodia, entre otros.
Por lo anterior, el dictamen que se discutirá
en el Pleno de la Sala Superior del TEPJF determina que se revoque la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y la constancia de
mayoría que acredita a la panista Martha Erika Alonso como la ganadora, y por
ende, se declare la nulidad de la elección.
Asimismo solicita al Instituto Nacional
Electoral (INE) que convoque a elección extraordinaria, la cual se deberá
celebrar dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la presente
ejecutoria, es decir, en febrero. Además que la autoridad electoral proceda a
dar inicio al procedimiento de destitución de consejeros y consejeras del
Instituto Estatal Electoral.
También que se dé vista a la Fiscalía para la
Atención de Delitos Electorales del Estado para que de ser el caso inicie las
carpetas de investigación que correspondan derivado de alguna de las
inconsistencias que se presentaron.
Se estima que el TEPJF someta al Pleno para
su discusión el tema antes del 14 de diciembre, cuando asume el nuevo gobierno.
La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, prevé que a más tardar el
domingo se resuelvan las impugnaciones sobre la elección de gobernador de
Puebla.
Por su parte, el magistrado ponente, José
Luis Vargas, había dicho que sería esta semana que el máximo Tribunal Electoral
determine el destino de Puebla
Así reaccionaron PAN y Morena ante posible
nulidad
Luego de que se difundiera el proyecto en
redes sociales, el equipo de Martha Erika Alonso exigió que el magistrado José
Luis Vargas, se abstuviera de participar en el análisis en el Pleno de la Sala
Superior, pues “vulneró la confidencialidad de expedientes”.
Este martes, Marko Cortés, líder nacional del
Partido Acción Nacional (PAN) acompañando a Alonso Hidalgo y sin la presencia
de Rafael Moreno Valle, senador y esposo de la todavía gobernadora electa,
anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) para reforzar su defensa del triunfo electoral en Puebla.
“No al fraude institucional que el magistrado
Vargas quiere realizar en Puebla” aseveró Martha Erika Alonso al referir que la
justicia no puede quedar “secuestrada por quedar bien con el nuevo gobierno”.
Por su parte, el líder de la bancada de
Morena en el Congreso local, Gabriel Biestro, negó que exista presión por parte
del presidente Andrés Manuel López Obrador al TEPJF.
Cuando el magistrado dio a conocer el proyecto
el pasado domingo argumentó que “en aras de impulsar la Justicia Abierta” hizo
público el proyecto a fin de que se discuta.
“Hacerlo del conocimiento público abona en la
transparencia, disminuye las especulaciones y frena cualquier intento de
presión política sobre el Pleno del TEPJF”, sostuvo.
Solo Miguel Barbosa, excandidato a la
gubernatura por Puebla, es el único que hasta el momento no se ha pronunciado
sobre la situación.
En tanto, mientras se define en el Tribunal,
Morena en la entidad ya comenzó con los movimientos para definir el perfil de
quien sería el gobernador interino, el cual será elegido por el Congreso local.
Congreso, con mayoría de Morena, definiría al
gobernador interino
El periodo de José Antonio Gali, actual
mandatario estatal, termina el próximo 13 de diciembre, por lo que debe haber
nuevo gobernador el próximo 14 del mismo mes. Sin embargo, ante la posibilidad
de la nulidad, Morena y sus aliados del PES y PT en el Congreso elegirían al
interino, que asumirá funciones hasta que se tenga a un ganador de los comicios
extraordinarios.
Cabe recordar que la Constitución Política de
Puebla establece que es el Congreso local el encargado de nombrar a un
interino. Situación favorable para Morena que junto con sus aliados de la
coalición “Juntos Haremos Historia” son mayoría pues ostentan 22 de las 41
curules del Poder Legislativo estatal.
Para el nombramiento del interino el Congreso
debe avalarse con unamayoría simple, por lo que Morena y sus aliados no
necesitarían los votos de ningún otro grupo parlamentario.
Por esa razón, en la política local ya han
comenzado a circular y explorar quién sería la mejor opción para ocupar el
cargo de interino. Se debe aclarar que todavía no se determina la nulidad de la
elección; sin embargo, eso no quita que se comiencen los movimientos y
especulaciones para definir el perfil.
Entre los nombres que ya comenzaron a
circular se encuentra el de Fernando Manzanilla, coordinador del PES en la
Cámara de Diputados y cuñado del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Manzanilla Prieto ya dijo que no busca alzar
la mano para ser el interino, y aunque su nombre sigue sonando, de acuerdo con
medios locales los que ya se apuntaron son los diputados locales Héctor Alonso
Granados y Emilio Maurer Espinosa; así como el legislador federal Saúl Huerta
Corona; la regidora Rosa Márquez Cabrera; y el abogado Carlos Meza Viveros.
Otros que también se mencionan son senadora
Nancy de la Sierra; el expresidente municipal de Puebla, Guillermo Pacheco
Pulido; y el líder de Morena en el Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.
