*Presenta
la legisladora del PAN un anteproyecto por el cual se exhorta al Ejecutivo y a
la SEFIPLAN a cumplir con las sentencias, emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Xalapa, Ver. | 26 enero de 2018
Tribuna Libre.- La diputada Judith Pineda Andrade,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el
Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual
se exhortaría al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) a dar cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias
Constitucionales resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
a favor de diversos Ayuntamientos.
En su propuesta la legisladora solicita que
dichos pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas
en el anexo XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de
Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019.
De igual forma exhorta a los presidentes
municipales y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales
interpuestas ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos,
que en su momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a
asegurarse de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las
resoluciones del máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda
Pública Municipal.
También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.
La diputada Pineda Andrade, vocal de la
Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que
para los Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso
adicional es una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos
originalmente son federales, que provenían de un fondo específico para atender
un fin determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.
Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.
“Negociar los recursos etiquetados en
beneficio de pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por
ignorancia de la ley, eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.
Su anteproyecto fue turnado, para su estudio
y análisis, a la Junta de Coordinación Política.