*En
cumplimiento a la legislación, recibe la Comisión Permanente de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables a la titular de la CEDH, Namiko
Matzumoto Benítez.
Tribuna Libre.- La Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, presidida por la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, recibió la comparecencia de la
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto
Benítez, quien atendió las preguntas de las y los legisladores en relación a la
atención a la caravana de migrantes centroamericanos, trabajo a favor de
víctimas indirectas de feminicidio, trámite a las quejas, transparencia y casos
específicos referentes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras
dependencias.
La legisladora Hernández Topete, con la
participación de las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
secretaria y vocal, respectivamente, guiaron los trabajos de esta
comparecencia, llevada a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 67 de la Constitución Política del Estado y lo señalado,
tanto en la Ley Orgánica como en el
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

Matzumoto Benítez respondió que la labor de
la CEDH si hubo acompañamiento a la Caravana y que ésta labor se circunscribe
en vigilar que durante el tránsito por el territorio no sean vulnerados sus
derechos. Informó que asignaron más personas a las delegaciones de los
municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz para tal fin.
Refirió que recibieron quejas de la Caravana,
en su mayoría porque no se les brindó de
manera rápida y adecuada la atención médica para quienes sufrieron accidentes o
tuvieran una enfermedad. Destacó que hubo acciones coordinadas con los
ayuntamientos antes citados y asimismo con el Instituto Nacional de Migración
(INM) para los migrantes que optaron por el retorno voluntario a su país.

La titular de la CEDH informó que hay dos
quejas que versan sobre el retardo injustificado en la integración de carpetas
de investigación y –abundó- que existe coordinación con el Comité de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW). De igual forma señaló que registran cuatro recomendaciones por
tortura, una de 2016 y tres en 2017. En el mismo sentido subrayó que la CEDH no
cuenta con personal especializado para la atención del protocolo de Estambul.
Por el Grupo Legislativo Mixto “Del Correcto
de la Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera preguntó qué clase de
políticas públicas ha implementado con los 212
municipios para promover y difundir la cultura de los derechos humanos
en la entidad; a lo que Matzumoto Benítez respondió que a pesar de ser
importantes las actividades de difusión
se han priorizado las actividades de capacitación en todo el estado.
Destacó que en los municipios de Poza Rica y
Jáltipan se han logrado firmar convenios para llevar a cabo estas
actividades, sin embargo la capacitación
no exige convenios.
Agregó que a través de las delegaciones se
han dado pláticas, capacitación, instalación de módulos afuera de los
Ayuntamientos -previo autorización de los propios ediles-, así como campañas
mensuales, siendo una acción constante en todos los ayuntamientos que realizan los delegados de la CEDH, además de
las campañas en redes sociales que tienen gran alcance.
Por su parte la diputada Martínez Rivera resaltó que los derechos humanos son
esenciales para cualquier persona ya que gracias a su respeto se goza de
justicia, libertad y poder vivir de forma igualitaria, - agregó- es parte de la
sociedad que todos deben hacer colectiva y que convierte en protagonistas y vigilantes
de los mismos.
A lo que
Namiko Matzumoto aseguró “extender la mano” para el trabajo en conjunto
a fin que las acciones que se tienen encaminadas sean logradas y poder garantizar los derechos humanos en
Veracruz.
La diputada Brianda Kristel Hernández Topete,
representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, cuestionó cuántas solicitudes
de quejas recibió la CEDH por parte de los municipios que componen el distrito
XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, y qué status guardan; por su parte Matzumoto
Benítez aseguró que existen 9 quejas; 4 están en Visitaduría, 4 en trámite
y una turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por
motivo que la CEDH ya no tuvo competencia, pues las autoridades que violaron
los derechos humanos fueron de índole federal.
La legisladora Hernández Topete, continúo su
cuestionamiento respecto a las acciones que han impulsado los derechos humanos
por alerta de género; a lo que la Presidenta del CEDH respondió que tanto la
Ley General para que las mujeres vivan libres de violencia y su homónima
estatal, consideran a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos
como aliados estratégicos en la implementación de las medidas de alerta de
género más no tienen injerencia como dependencia o autoridad.
Aseguró que la CEDH es tomada en cuenta como
un actor estratégico que puede coadyuvar en la elaboración de políticas
públicas para emitir las alertas de género y existe participación en la
creación del modelo, cursos de capacitación en diversos municipios de la
entidad, además de llevar el contenido de los derechos humanos en México como
una herramienta para introducir los
derechos humanos de género en la entidad.
El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez,
del Grupo Legislativo de Morena, preguntó sobre las recomendaciones formuladas
en contra de la FGE, cuántas atendió y cuántas no.
Namiko Matzumoto respondió que durante los
tres años de su administración, la Fiscalía ha sido destinataria de 53
recomendaciones; de hecho –puntualizó- es el ente con mayor número de
recomendaciones.
En el año que se informa, la FGE recibió 21
recomendaciones, dos no fueron aceptadas, por lo que se promovió el recurso de
impugnación y están en trámite ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El porcentaje de cumplimiento que tiene la Fiscalía es de 32.77 por ciento.
Durante su intervención, la diputada de
Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, abordó el caso específico de la policía
municipal de Orizaba, “los veracruzanos hemos vivido con indignación, gobiernos
indolentes y corruptos que lo menos que han procurado es la plenitud de los
derechos humanos”, refirió la legisladora.
La titular de la Comisión aceptó que los casos
que han vulnerado derechos humanos por parte de la policía municipal y de los
inspectores de comercio de Orizaba, son de dominio público. Especificó que el
año pasado se emitieron 17 recomendaciones por el uso ilegítimo de la fuerza y
que inclusive las últimas fueron rechazadas por la anterior administración.
Dijo que han entrado en comunicación con el
nuevo gobierno municipal que aparentemente tiene la intención de aceptar las
recomendaciones e ir avanzando en el cumplimiento de dichos puntos.
Destacó que la CEDH privilegia que las
víctimas sean reparadas oportuna e integralmente, eso es lo que más interesa a
la Comisión.
La diputada Deisy Juan Antonio, del Grupo
Legislativo de Morena, cuestionó a la doctora Namiko Matzumoto, sobre el número
de recomendaciones emitidas a la FGE y cuál ha sido la repuesta de ese órgano
autónomo.
La respuesta fue que en 2017 fueron 11 recomendaciones
y en 2018 se emitieron 21, las que han sido aceptadas por la Fiscalía, en una
primera etapa, aunque enfrenta dificultades, especialmente, en el cumplimiento
de recomendaciones de compensaciones a víctimas, ante la falta de presupuesto
que argumenta este organismo.
Abundó la titular de la CEDH que la Fiscalía
presenta un 32.77 por ciento de cumplimiento de las recomendaciones emitidas y
sobre sanciones a funcionarios públicos sólo ha informado que ha sido iniciado
el procedimiento.
La diputada María Esther López Callejas, del
Grupo Legislativo de Morena, centró sus cuestionamientos en las acciones
realizadas en atención a víctimas de desaparición forzada, a sus familiares y
qué protocolos aplican.
A estos cuestionamientos, Matzumoto Benítez
respondió que en los casos de desapariciones forzadas se da acompañamiento a
los familiares de las víctimas, orientación, asesoría en protocolos y se
mantiene un contacto permanente con ellos.
En otro momento de su participación, la
diputada Deisy Juan Antonio, preguntó el
número de recomendaciones emitidas en el caso de las fosas clandestinas
localizadas en el predio “Arbolillo”, ubicado en el municipio de Alvarado;
respondiendo la compareciente que fueron 12 quejas y básicamente por falta a la
debida diligencia.
El legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del
Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuántas recomendaciones ha emitido la
CEDH respecto al tema de periodistas y sobre la posición de este órgano con
relación a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP), toda vez que –consideró- pareciera existe un “problema de frontera”,
entre ambas instituciones.
La servidora pública expuso que la CEDH
emitió en 2017 una recomendación y en 2018 dos conciliaciones (cuando ya se
acredita la restricción ilegitima) respecto al ejercicio periodístico. Descartó
un “problema de frontera” con la CEAPP, ya que –agregó- ésta última tiene
encomendada la protección de los periodistas en relación a su vida e integridad
en el ejercicio del periodismo y brindar las medidas necesarias.
Detalló que la CEDH siempre tiene disposición
de trabajar coordinadamente con los diversos órganos y dependencias de la
administración pública, con el fin de garantizar los derechos humanos de
quienes habitan o transitan por el territorio veracruzano.
La legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno,
del Grupo Legislativo de Morena, solicitó la postura de la CEDH respecto a los
resultados de las políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres. A lo que Matzumoto Benítez respondió que el Estado mexicano y en
particular Veracruz es “rico” en legislación respecto a igualdad entre mujeres
y hombres “el problema a enfrentarse está entre la normativa y la realidad, ya
que existe una brecha enorme al respecto”.
La comparecencia, que inició a las 10:00
horas, fue concluida a las 12:18 horas por la diputada Brianda Kristel
Hernández.