*Presenta
diputado León David Jiménez Reyes anteproyecto de punto de acuerdo que
exhortaría al Rector a entregar un informe.
Tribuna Libre.- El diputado presidente de la Comisión de
Educación y Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de
punto de acuerdo con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del
Estado sobre el estado que guarda la institución en diferentes aspectos.
Durante su participación en Tribuna, el
legislador propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que
precise la cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV,
detalles sobre la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por
qué se encarga de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.
Al exponer sus consideraciones, mencionó que
uno de los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes
veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera
universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente
y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.
Recordó que este problema motivó la apertura
de diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para
muchas familias veracruzanas.
Como medida para combatir el problema, en el
2011 se expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de
Veracruz, desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y
ofreciendo una opción educativa de carácter público que respondía a las
necesidades específicas de la sociedad veracruzana.
Sin embargo –refirió el legislador de
Morena-, desde su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo
manejo administrativo es necesario transparentar.
Como ejemplo, señaló que en las cuentas
públicas de la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la
LXIV Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex
servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen
presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter
administrativo.
Explicó que finalizada la ampliación de la
auditoría financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se
determinó que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes
a un monto superior a los 363 millones de pesos.
Indicó que como Presidente de la Comisión es
miembro de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la
información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se
van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la
institución.