*Desde
2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en las
estancias infantiles operadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México. | 13 febrero de 2018
Tribuna Libre.- Fallas por las que incluso la Auditoría
promovió responsabilidades administrativas sancionatorias y se registraron
denuncias. Entre las irregularidades figuran pagos indebidos a estancias que no
operaban, no identificar el riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no
fueran parte de su población objetivo, falta de monitoreo de algunas estancias
por parte de la dependencia, y que pese a crecer el programa, no se llegaba a
la población objetivo.
En una auditoría financiera y de cumplimiento
de la ASF, realizada al programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres
Trabajadoras (PEIAMT), de 2014, se detectó un probable daño o perjuicio a la
Hacienda Pública Federal por un monto de 70 mil pesos, por el pago indebido a
la estancia infantil “con ID 23682 ubicada en el estado de Michoacán, cuya
incorporación al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras, no procedió”.
Por ello, el delegado de la dependencia en
Michoacán proporcionó el oficio núm. 136.710.287.1695 del 14 de agosto de 2015,
con el cual presentó una denuncia o querella ante el Agente del Ministerio
Público Federal en contra del responsable de la estancia infantil con ID 23682.
No fue el único hallazgo. En Jalisco se
recibieron 11 Solicitudes de Afiliación acompañadas de su “Anexo D”, y la
evaluación mediante herramienta psicométrica con resultado favorable. “No
obstante, sólo nueve de ellas recibieron apoyos por 630 mil pesos, de las
cuales cinco carecieron de las firmas ya sea del solicitante o del personal de
la Sedesol que las recibió”, según el documento Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.
Además, en las nueve estancias apoyadas, la
visita de viabilidad del inmueble se realizó en plazos que van de 27 a 71 días
hábiles posteriores al plazo establecido en la normativa, según el mismo
informe.
A su vez se constató que seis de los nueve
escritos libres con los que los solicitantes informaron que iniciaron las
gestiones para obtener licencias, permisos o autorizaciones, fueron presentados
entre 1 y 82 días hábiles posteriores al plazo establecido en las Reglas de
Operación y además carecen del acuse de recibo por parte de la dependencia.
Respecto de los expedientes de las estancias
infantiles de Jalisco(estado usado como muestra para la auditoría) que
recibieron los apoyos por “Impulso a los servicios de cuidado y atención
infantil”, se constató que estaban incompletos, ya que se detectaron faltantes
documentales tales como Registro Federal de Contribuyentes, estado de cuenta
bancario, incluyendo la Clave Bancaria Estandarizada, documento que acredite la
propiedad o posesión del inmueble propuesto con vigencia mínima de un año y la
propuesta de reglamento interno de la estancia.
También la Auditoría Superior detectó el caso
de la documentación de un niño, duplicada en otra estancia, y en materia de
protección civil, de 419 estancias infantiles que contaron con su programa interno
de protección civil, se constató que carecieron del visto bueno en periodos que
iban de uno hasta los 353 días.
Por dichos casos hubo de parte de la ASF,
promoción de responsabilidades administrativas.
En otro ejercicio de auditoría, en 2013, la
Sedesol mostró “deficiencias de control interno que impidieron tener una
seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa
presupuestario Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras”.
“Aun cuando acreditó la Matriz de
Administración de Riesgos, y el Mapa de Riesgos Institucional, no identificó el
riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no formaran parte de su
población objetivo”, según una consulta en el documento.
En 2017 el programa volvió a ser auditado por
la ASF, y se detectó que no tenía impacto en las poblaciones más marginadas al
no poner estancias en dichas zonas, pese a ser su objetivo.
En ese mismo año, de las 319 estancias
afiliadas al programa, el 55 por ciento (178) se ubicó en localidades con grado
de marginación muy bajo, el 21.3 por ciento (68), medio; el 18.2 por ciento
(58) bajo; el 3.4 por ciento (11) alto y el 1.2 por ciento (4), muy alto, “por
lo que no se priorizaron las localidades con las mayores desventajas en su
situación geográfica, económica y social, aún cuando se debió dar preferencia a
las localidades ubicadas en municipios con alto y muy alto grado de
marginación.
De acuerdo con la auditoría, la dependencia
no dispuso de mecanismos de control que permitieran garantizar que en 2017, los
apoyos otorgados a las estancias afiliadas fueran utilizados para la
adecuación, la compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que
operaría como estancia infantil; la póliza de seguro de responsabilidad civil y
daños a terceros vigente, y gastos relacionados con la elaboración de un
Programa Interno de Protección civil o documento equivalente.
Tampoco acreditó contar con mecanismos de
control para asegurar que los responsables de las estancias programaron y
aplicaron los apoyos en los plazos señalados en las reglas de operación.
La Sedesol realizó 46 mil 916 visitas de
supervisión a 9 mil 166 estancias infantiles y que, entre el segundo y el sexto
bimestre del año realizó entre 8 mil 163 y 10 mil 336 vistas; sin embargo, en
el primer bimestre del año, sólo se efectuaron 243 (0.5 por ciento)
supervisiones, sin que la dependencia acreditara las causas, lo cual implicó un
riesgo para la seguridad de los niños, “ya que no se cercioró de que las
personas responsables de las estancias infantiles cumplieran permanentemente
con las normas de seguridad e higiene en sus instalaciones, para asegurar la
calidad en el cuidado y atención de los niños”.
LA GENTE SE APROVECHA
El tema de las estancias infantiles se ha
convertido en parte de la agenda política, luego de que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador decidió recortarle recursos, y que trabajadores y padresde
estancias protestaran por tal medida, que el presidente justificó al asegurar
que había corrupción en la repartición de los recursos.
El investigador Ricardo Alvarado de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recordó que el programa de estancias
nació como una propuesta de que personas que estuvieran en su casa sin una
actividad económica clara, cuidaran a sus propios hijos y además se animaran a
poner una estancia, para cuidar a los niños de otras mamás, que no podían ir a
trabajar por atenderlos. Luego se le agregaron reglas de operación y cuestiones
de protección civil, conocimientos de estimulación temprana para los menores y
le colgaron más funciones.
“Sedesol, el gobierno, te inscribía y pagaba
a estas instancias, eso incentivó su aparición”.
Después comenzaron a surgir problemas de
capacidad de las estancias, y luego la corrupción porque se han encontrado más
niñosinscritos de los verdaderamente registrados. Otro es que la dependencia no
podía vigilar todas las estancias, agregó Alvarado.
Pero el informe de la ASF demuestra que no
había infraestructura adecuada, y por el contrario sí muchas fallas de
operación y además la gente que se aprovecha.
MÁS
ANOMALÍAS
En la auditoria de 2013 se encontró que la
Secretaría, entonces encabezada por Rosario Robles, no acreditó acciones de
monitoreo del programa para el cumplimiento del objetivo de nivel Propósito, en
lo relativo a la contribución al desarrollo de los niños, y su indicador
“Índice de desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que
reciben servicios en la Red de Estancias Infantiles”.
Según la auditoría, en 2013 se atendieron a
272 mil 269 personas, cifra que superó en 7.6 puntos porcentuales la meta (253
mil beneficiarios) establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2013. Pero la cobertura del programa no llegó ni siquiera al 30% de la
población objetivo, y a menos del 10% de la población potencial.
Eso también le valió una recomendación al
desempeño, para que analizara las causas por las cuales no acreditó realizar la
coordinación institucional y realizar acciones para potenciar el impacto y
cobertura del programa.
De acuerdo con la Auditoría, en 2014 la
dependencia utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences
(Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) en donde registró el cálculo de
los indicadores de nivel Fin y Propósito, sin acreditar su aprobación y
licencias de uso. Eso le valió otra recomendación, en el sentido de que
analizara por qué usó ese programa y también revisar las inconsistencias en las
bases de datos de las supervisiones en materia de operación, infraestructura y
equipamiento, como en materia de atención y cuidado infantil. La recomendación
pedía que con los resultados fortalezca sus mecanismos para el registro y generación
de información confiable, “a fin de asegurar la adecuada toma de decisiones y
la rendición de cuentas”.
En 2014 también se hizo una revisión de la
participación de las personas beneficiarias del Programa, por medio de la
integración y operación de comités comunitarios y de contraloría social que
debieron estar constituidos por los beneficiarios del Programa para el
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados.
Pero la ASF reveló que en Baja California,
Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán no
se constituyeron los comités de Contraloría social, pese a que la Sedesol debió
propiciar la participación de los beneficiarios para integrarse en tales
comités.
La delegación de la secretaría en Jalisco
realizó 2 mil 152 visitas a un total de 515 estancias afiliadas al Programa de
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Al respecto, de las 538
estancias registradas, nueve no fueron sujetas de supervisión por estar sin
actividad y haber recibido únicamente el apoyo en la modalidad de “Impulso a
los Servicios de Cuidado y Atención Infantil”, por lo que durante 2014 se
reportaron en operación 529 estancias. De las 14 estancias infantiles
restantes, se comprobó que no se les practicaron supervisiones. En atención a
los resultados preliminares, la misma delegación evidenció que 10 estancias no
se supervisaron por carecer de la Autorización del Modelo, ya que realizaron
cambio de domicilio, de Representante o, bien, no firmaron el Convenio; de las
cuatro estancias restantes, informó que se desconocen los motivos por los que
no se supervisaron.
Respecto de dos procedimientos de
suspensiones temporales, se determinó que en un caso se aplicó el procedimiento
de suspensión temporal de las actividades de la estancia infantil con ID 19387,
para posteriormente iniciar el proceso de baja definitiva del programa debido a
la presencia de un menor de 1 año, de lo cual no se presentó evidencia de que
se hubiera efectuado el procedimiento.
En 2017, ya con Luis Enrique Miranda al
frente de la Sedesol, de acuerdo con una auditoría de la ASF, de las 319
estancias infantiles afiliadas al PEIAMT, el 49.5 por ciento (158) se ubicó en
localidades con índice de desarrollo humano medio alto; el 48 por ciento (153)
alto y el 2.5 por ciento medio bajo por lo que los mecanismos de control de que
dispuso la Sedesol no permitieron priorizar las localidades con las mayores desventajas
en su situación geográfica, económica y social.
Tampoco acreditó la Sedesol que la
incorporación de las estancias infantiles al programa en 2017 se realizó de
acuerdo con la priorización de pobreza multidimensional establecidos por el
Coneval.
En capacitación del personal responsable,
dentro del indicador “porcentaje de responsables de estancias infantiles que
acuden a las capacitaciones convocadas por el DIF Nacional”, la dependencia
informó de 13 reuniones, cinco más de las previstas a lo largo del año. Sin
embargo, no acreditó la realización de las 13 reuniones, ni que se enfocaran en
la capacitación de los responsables de las estancias, “lo cual se debió a que
no se dejaba constancia formal de la realización de las reuniones”.
La Sedesol no dispuso de mecanismos de
control que permitieran garantizar que en 2017, los apoyos otorgados a las
estancias afiliadas fueran utilizados para la adecuación, compra de mobiliario
y equipo para el espacio validado que operaría como estancia infantil; la póliza
de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros vigente, y gastos
relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección civil o
documento equivalente.