Las
irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2016 alcanzan los 103,300
mdp, por lo que un grupo de la Cámara vigilará que los recursos sean
solventados y los funcionarios respondan.
Ciudad de México. | 26 febrero de 2018
Tribuna Libre.- Las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia
de la Cámara de Diputados revisarán el ejercicio fiscal 2016, en el que se
detectaron irregularidades por más de 103,000 millones de pesos.
Los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Mario
Alberto Rodríguez, presidentes de ambas instancias, respectivamente,
presentaron este lunes la mesa de trabajo para dar seguimiento a las
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta
Pública de 2016, la cual fue rechazada por el pleno de San Lázaro en el periodo
pasado.
En octubre de 2018, los diputados rechazaron
la Cuenta Pública de 2016 —correspondiente al cuarto año de gobierno de Enrique
Peña Nieto—, al considerar que las dependencias federales y los gobiernos
estatales ejercieron recursos públicos de forma irregular, principalmente a
través de los ramos 23 y 33, destinados a obra pública e infraestructura.
Por ello, explicaron los legisladores, la
Cámara baja instruyó a dichas comisiones a coordinar una mesa que atienda y dé
seguimiento a las observaciones de la ASF.
“Vamos a continuar con esta vigilancia y, en
su caso, estar muy atentos a que se castigue a las personas que cometieron los
ilícitos”, dijo Ramírez Cuéllar, de Morena.
Este
grupo de trabajo deberá:
*Proponer mecanismos que fortalezcan la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
*Evaluar la aprobación de los presupuestos
federales de los años posteriores (a partir de 2017).
*Procurar la participación de legisladores,
especialistas, investigadores e integrantes de organizaciones civiles que
trabajan temas relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de
gobierno.
La mesa deberá garantizar que se estén
solventando las observaciones de la ASF (recuperar el dinero) y que los
funcionarios involucrados sean sujetos a procesos administrativos o, en su
caso, penales.
En términos generales, los funcionarios
involucrados tienen un plazo de cinco años para subsanar estos daños al erario;
de no hacerlo, adelantó Rodríguez, se procedería junto con la ASF a una denuncia
ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El legislador refirió que algunas
irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2016 saltaron también en la
de 2017 e involucran a: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pemex y los estados
de Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Estado de México, Durango y
Veracruz.
El grupo conformado por estas comisiones
celebrará su primera sesión éste miércoles.
