*Se han
presentado poco más de 30 denuncias por el mal manejo de la reserva técnica del
IPE, entre otras irregularidades.
Tribuna Libre.- Durante las administraciones de Fidel
Herrera Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, funcionarios de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) usaron de forma indebida más de
13 mil 400 millones de pesos de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones
del Estado (IPE). El dinero que era de trabajadores, jubilados y pensionados
habría sido desviado. Por ello el organismo interpuso siete denuncias penales
en contra de exfuncionarios y seis exsecretarios de despacho.
Los servidores públicos encargados del manejo
financiero en esa época son: Salvador Sánchez Estrada, integrante del gobierno
fidelista; Tomás Ruiz González, Fernando Charleston, Mauricio Audirac Murillo y
Antonio Gómez Pelegrín, todos ellos titulares de Sefiplan en el sexenio de
Javier Duarte, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por asociación
delictiva y lavado de dinero; Clementina Guerrero, quien fue la primera
encargada de la dependencia en la administración del panista Miguel Ángel Yunes
y actualmente es tesorera en el Ayuntamiento de Xalapa; y Guillermo Moreno
Chazzarini, quien concluyó el bienio panista (2016-2018).
Este 25 de marzo la titular del Instituto de
Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos confirmó que se han presentado
poco más de 30 denuncias por el mal manejo de la reserva técnica del IPE, así
como por el retraso en la transferencia de las aportaciones que se le retienen
a los trabajadores estatales, municipales y de organismos autónomos.
De las 30 querellas, al menos cinco se
refieren al mal manejo de la reserva que se conformó con las aportaciones de
los trabajadores, independientes a las dos denuncias que presentó el Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis) por el mal manejo en 2015.
La reserva técnica del IPE es el fondo
económico que se crea mediante contrato y se constituye con los recursos en
efectivo o en especie que se integran, invierten y administran para garantizar
las prestaciones y servicios del instituto y sus derechohabientes.
Seis
secretarios involucrados en el presunto desvío de fondos públicos
De acuerdo con datos del Instituto el 22 de
noviembre del 2018, a solo ocho días de terminar el periodo del panista Miguel
Ángel Yunes Linares, el entonces titular del IPE, Hilario Barcelata Chávez,
presentó tres denuncias penales por el mal manejo de recursos públicos en los
años 2008 hasta el 2017. El monto supera los 10 mil 440 millones de pesos.
El funcionario panista documentó y denunció
las presuntas irregularidades de las últimas tres administraciones estatales,
incluidos sus compañeros de gabinete que usaron de manera irregular fondos por
más de mil 500 millones de pesos, recursos que se presume se usaron para pagar
pensiones y jubilaciones, hecho que está permitido por la Ley, pero la omisión
radica en que se incumplió con la obligación de reintegrar los fondos a las
cuentas del instituto.
La carpeta de investigación 841/2018, que se
presentó el 22 de noviembre del 2018, incluye el mal manejo de 7 mil 887
millones 312 mil pesos. Se presentó contra quien resulte responsable por no
reintegrar recursos de la reserva técnica.
Esa denuncia incluye el mal manejo de
recursos en febrero del 2010, cuando el entonces secretario Salvador Sánchez
Estrada, autorizó la transferencia de 355 millones de pesos, que nunca
regresaron a la cuenta original.
Tomás Ruíz González usó de manera indebida
más de 2 mil 100 millones de pesos en enero del 2011, marzo del 2012 y 2013;
Fernando Charleston quien sólo estuvo en el cargo un año dos meses (marzo
2013-julio 2014) transfirió 974 millones de pesos de la reserva el 29 de enero
del 2014. Tampoco reintegraron los fondos.
Para febrero del 2015, Mauricio Audirac
Murillo, quien estuvo a cargo de la Sefiplan de julio del 2014 a marzo del
2015, usó fondos de la reserva técnica por mil 571 millones de pesos. El
movimiento bancario se registró el 09 de febrero de ese mismo año y el dinero
solo salió de la cuenta de origen, pero no se reintegró
El 14 de abril del 2016 Antonio Gómez
Pelegrín -que ocupó el cargo de marzo del 2015 a octubre del 2016- transfirió
de la cuenta de la reserva técnica mil 377 millones de pesos.
Barcelata Chávez también denunció el uso de
mil 582 millones de pesos, el dinero se transfirió el 26 de diciembre del 2017.
Ya ocupaba el cargo Clementina Guerrero, quien después de renunciar al gabinete
Yunista regresó a la vida pública como Tesorera del Ayuntamiento de Xalapa.
La segunda denuncia es la 842/2018, se
presentó a una semana de concluir la administración Yunista, en ese expediente
se acredita el uso irregular de 680 millones 602 mil pesos del fideicomiso
público de la reserva en el año 2009.
La tercera querella que quedó radicada con el
número 840/2018, acredita siete transferencias de cuentas de banco del IPE a
otras instituciones crediticias, entre ellos Bancomer y Banorte, por un monto
total de mil 874 millones de pesos.
En el caso del ejercicio fiscal 2017, durante
el periodo de Guillermo Moreno Chazzarini, se descontó a los pensionados el
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 4 millones 552 mil pesos, pero no se acreditó
quien era el responsable del manejo de los recursos. La carpeta de investigación
es la 606/2018, se inició en septiembre del 2018.
Hilario Barcelata también denunció
irregularidades en la Operadora de Hoteles en los años 2015 y 2016 por 700 mil
pesos. Esa denuncia es la 797/2018 y se presentó el 8 de noviembre del 2018.
El ORFIS
denunció daño patrimonial del 2017
Datos del Órgano de Fiscalización, publicados
en el portal http://www.orfis.gob.mx/denuncias-penales/
, confirma la existencia de dos denuncias penales por el manejo financiero del
año 2015.
En esa ocasión, las auditorías confirmaron el
desvío de 284 millones 870 mil pesos, que se tomaron prestados de la reserva
técnica. La denuncia es la 552/2016. La otra querella -la 004/2017- acredita el
mal manejo de 2 mil 709 millones de pesos de la reserva técnica.
Las denuncias presentadas por el ente
fiscalizador, así como por el extitular del IPE, acreditan el presunto mal
manejo de más de 13 mil millones de pesos de la reserva creada con las
aportaciones de los trabajadores jubilados, pensionados y en activo.