*Aunque
Edel Álvarez reconoció los amparos de 10 compañeros no habló sobre la
controversia que él presentó ante la SCJN.
Xalapa, Ver. | 27 marzo de 2018
Tribuna Libre.- Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), reconoció que al menos diez magistrados se
ampararon contra la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz que incluye la
reducción del 20 por ciento de sus salarios, es decir entre 19 mil y 28 mil
pesos mensuales.
“Hubo quienes de momento no han decidido
todavía adherirse a esta reducción voluntaria. Los amparos que se hicieron fue
referente al tema de la Ley de Austeridad que hubo, por lo del retiro, por aquello
que fuera algo inminente que se pudiera llevar a cabo en alguna afectación. Hay
como diez (amparados)”, dijo en entrevista este 26 de marzo.
De acuerdo con la declaración del titular del
Poder Judicial se trata de un 39 por ciento de togados que desaprueban la ley
comandada por el gobierno federal y que fue replicada en Veracruz, por el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Lo anterior, dista del anuncio de Álvarez
Peña, del 19 de febrero de 2019, cuando aseguró que el 90 por ciento de
magistrados y consejeros habían aceptado reducir sus salarios, en respaldo a la
política de austeridad del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador.
El pasado 11 de marzo, E-Consulta Veracruz
publicó el reportaje “Poder Judicial ofrece austeridad, pero se ampara para no
perder jugosos sueldos”, en el cual se comprobó que 15 de 26 magistrados
promovieron amparos para que sus sueldos no fueran reducidos, ni algunas de sus
prestaciones desaparecieran.
Ello al considerar que los ajustes que
contempla la Ley de Austeridad atenta contra la autonomía del Poder Judicial
del Estado de Veracruz (PJEV) y además es discriminatoria y priva el derecho de
los magistrados de “progresar” profesionalmente.
Mediante el análisis de amparos federales y
el acceso a recursos legales promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) también se evidenció que el magistrado Álvarez Peña, amigo del
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, desde el 28 de enero de 2018 presentó
la controversia constitucional 24/2019 contra Cuitláhuac García, su secretario
de Finanzas, José Luis Lima Franco y el Congreso local.
Álvarez Peña solicitó a la SCJN conceder la
medida cautelar de suspensión respecto de la aplicación de la Ley de
Austeridad, para que los descuentos y la desaparición de sus privilegios no
surtan efecto en tanto no se resuelva de fondo la controversia.
“El Poder Judicial busca protegerse de la
subordinación de la presente someterle, con la cual se vulnera el principio de
división de poderes, al limitarle su gestión presupuestal de manera arbitraria
(…) Se correría el riesgo de ralentizar la justicia y frenar el desarrollo
institucional, lo que perjudica a su vez lo pretendido por el artículo 17
constitucional”, argumentaron los magistrados.
Lo anterior, contrasta con las apreciaciones
de la SCJN la cual expuso el 8 de enero en un comunicado que si bien, “las
percepciones que reciben los Ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden
ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes, ello no impide que
en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN
ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la
propia Constitución establece”.
A ello se agrega que, de 26 magistrados y
consejeros activos en el PJEV, 14 promovieron amparos ante la justicia federal
para que sus sueldos y prestaciones no se vean reducidos.
Los togados amparados son: Alejandro Gabriel
Hernández Viveros, Vicente Morales Cabrera, Amadeo Flores Villalba, Beatriz
Rivera Hernández, Raúl Pimentel Murrieta, Martha Ramírez Trejo, Alberto Sosa
Hernández, Roberto Dorantes Romero, Fluvio César Vista Pérez, Patricia Montelongo
Guerrero, Lizbeth Hernández Ribbon, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, Carla
Rodríguez González y Gladys De Lourdes Pérez Maldonado.