*Crímenes
contra activistas, empresarios, policías, abogados, taxistas y hasta
chambelanes; en todos hay impunidad.
Xalapa, Ver. | 24 abril de 2018
Tribuna Libre.- Detrás de la masacre en Minatitlán -que
acabó con la vida de 13 personas- se apilan crímenes contra activistas,
empresarios, policías, abogados, taxistas y hasta chambelanes. El común
denominador es que ningún agravio ha sido esclarecido y los responsables están
libres.
E-Consulta Veracruz presenta un recuento de
10 casos que suman 30 víctimas de homicidio doloso y una más por violación. Las
promesas de justicia por estos ataques se han visto mermadas por una disputa
institucional entre el titular del ejecutivo y el Fiscal general, Jorge
Winckler, quienes se culpan por no preservar la seguridad en el estado y por no
aprehender a los culpables.
Para el abogado penalista Celestino Espinoza
Rivera y el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales
de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Olvera Rivera, las diferencias
políticas y la alta impunidad es un mensaje peligroso de las autoridades a
quienes siembran terror en la entidad.
1.-
Abiram Hernández, activista asesinado a golpes en su vivienda
El 30 de marzo de 2019, de un artero golpe en
la cabeza fue asesinado el activista y acompañante de colectivos de familiares
de desaparecidos Abiram Hernández Fernández. El cuerpo del joven, de 37 años de
edad, fue encontrado en la sala de su domicilio, en la colonia Arboledas del
Sumidero, en Xalapa.
Por ese hecho, el gobierno de Veracruz emitió
un comunicado exhortando a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar con los
asesinos. En tanto, la procuraduría públicamente se comprometió a realizar las
diligencias correspondientes, pero el crimen cumple 27 días sin ser resuelto.
Abiram Hernández, de profesión sociólogo, es
recordado por realizar protestas en favor de familiares de desaparecidos, así
como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa
(2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) por temas de
inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
2.-“Levantan”
y asesinan a mujer taxista, en Medellín de Bravo
El 29 de marzo, Sara Martínez Sandoval de oficio
taxista fue privada de su libertad en Boca del Río cuando tras ser abordada
para un servicio a la localidad de Zempoala, a una hora y media de ese lugar.
El 5 de abril, autoridades confirmaron que el cadáver de la mujer de 46 años
fue encontrado a la altura del panteón La Esperanza en la localidad de Paso del
Toro, en Medellín de Bravo.
Taxistas de la zona conurbada y amigos de la
víctima desplegaron una búsqueda para dar con su paradero. El cuerpo de la
ruletera fue localizado el 2 de abril, estaba tapado con varias llantas y
presentaba signos de violencia. Este caso tampoco ha sido esclarecido pese a su
trascendencia en medios.
3-
Abogado y familia que denunciaron corrupción, acribillados en Papantla
El 28 de marzo, el abogado Juan Manuel Polo
Jiménez, originario del Estado de Hidalgo, Isidoro Jiménez Pérez y Marilú
Aguilera García, fueron acribillados en el municipio de Papantla, después de
una audiencia donde señalaron un presunto fraude cometido por el titular de la
Notaría Sexta, con sede en Papantla, quien habría expedido escrituras falsas.
El litigante, antes de ser asesinado, también
culpó en entrevista a Carlos Pantoja de la Cruz, presidente de la Barra de
Abogados Independientes de Poza Rica. Pese a los hechos que antecedieron al
multihomicidio, la procuraduría no emitió siquiera una línea de investigación.
Tampoco hay detenidos.
4.- Sin
esclarecer presunta ejecución extrajudicial, en Úrsulo Galván
El 29 de marzo, el cuerpo de Isaac Alejandro
Pérez Rivera fue hallado en el Servicio Médico Forense de Xalapa, un día
después de que su esposa, Roxana Contreras, denunciara en redes sociales su
detención y posible desaparición forzada, tres días atrás.
La joven denunció con fotografías en mano,
que su esposo estaba en manos de la Fuerza Civil, pues observó que una imagen
difundida por la SSP sobre la detención y aseguramiento de armas, se ve que su
esposo es llevado con vida, esposado. Posteriormente fue notificada sobre su
muerte.
El caso cobró relevancia, luego de que un
sobreviviente de esas “ejecuciones”, Leonardo “N” narrara a E-Consulta Veracruz
que nunca hubo una balacera, como lo reportó la Fuerza Civil, sino que los
oficiales ejecutaron a tres hombres, a él le dieron un rozón de bala en la cabeza
y montaron un fuego cruzado.
El gobierno estatal negó tal versión, aunque
después reconoció que sí hubo elementos dados de baja y sometidos a una
investigación al interior dela corporación. La Fiscalía abrió una carpeta de
investigación tras la denuncia del sobreviviente, pero a la fecha no ha
consignado a ningún policía.
5.-
Tres chambelanes ejecutados en Cosoleacaque
El 23 de marzo, dos menores de edad y un
joven de 22 años fueron acribillados en una vivienda localizada en la colonia
Salinas de Gortari en el municipio de Cosoleacaque.
De acuerdo con reportes policiales, los
jóvenes ensayaban una coreografía para una fiesta de 15 años cuando civiles
atacaron a los tres chambelanes Alfredo, Said Santiago y Juventino de 11, 16 y
22 años respectivamente. Las víctimas fueron trasladadas hasta un centro
médico, pero fallecieron.
Los presuntos delincuentes se transportaban
en cuatro vehículos y luego de cometer el agravio rafaguearon una camioneta
estacionada afuera de la vivienda. Ninguno fue capturado.
6.-
CJNG embosca a policías estatales y causa bajas en Tierra Blanca
Después de 28 días, no hay un solo detenido
por las 72 horas de terror infundado en nueve municipios de Veracruz. Entre el
15 y 17 de marzo- carreteras federales, hospitales y comandancias policiales
albergaron 11 choques entre presuntos integrantes del Cartel de Jalisco y el
gobierno estatal, con un saldo de cinco personas muertas.
El grupo delincuencial causó la baja de un
elemento de la Fuerza Civil que fue emboscado junto a más compañeros sobre la
carretera federal 145; además provocó afectaciones en las fachadas de las
comandancias de Tierra Blanca y Jáltipan, que sirvieron como campo de batalla.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) abatió a cuatro presuntos delincuentes, aseguró armamento,
productos robados y vehículos de lujo en dos ranchos en Tierra Blanca y
Tlalixcoyan y desmanteló una casa de seguridad en Boca del Río, donde fueron
liberadas dos menores de edad.
Aunque el mensaje de la SSP fue que no
cederían terreno contra esta poderosa organización, la Fiscalía no empleó
investigaciones a fondo, al excusarse en que el tema estaba relacionado con
delincuencia organizada y, en tanto, era competencia de la Fiscalía General de
la República (FGR).
7.-
Fuerza Civil acusada de violar a profesora, en Tlalixcoyan
El 15 de marzo de 2019, una profesora fue
detenida por elementos de la Fuerza Civil cuando regresaba de dar clases en el
municipio de Tlalixcoyan, en la localidad conocida como La Mixtequilla.
La catedrática de identidad resguardada
aseguró que ella y otras seis personas fueron torturados, golpeados, asaltados
y abusados por los uniformados. Por esos hechos, la Fiscalía Séptima
Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia,
las Mujeres, Indígenas, Niños y Trata de Personas, abrió la carpeta de
investigación 834/2019, para dar con los responsables, aunque sin éxito hasta
la fecha.
8.-
Impune linchamiento de 4 en Soledad Atzompa
El 28 de febrero 6 supuestos delincuentes,
entre ellos dos menores de edad, fueron linchados en el municipio de Soledad
Atzompa, luego de que se enfrentaron con integrantes de la guardia comunitaria
que opera en la zona.
Estos hechos fueron reprobados por el Fiscal
general Jorge Winckler y por el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, sin embargo, las familias de las 6 víctimas no han recibido
justicia.
9.-
Secuestran y asesinan a empresaria en Coatzacoalcos; filtran fotos de su
cadáver
El 14 de febrero de 2019, se confirmó la
muerte de la empresaria Susana Carrera luego de estar una semana privada de la
libertad por secuestradores que pedían más de 4 millones de pesos por su
rescate. Su cuerpo fue localizado en la colonia Benito Juárez, en
Coatzacoalcos, al sur del estado.
Por este crimen no hay responsables en
prisión, pero tampoco los hay para las autoridades que filtraron a medios tres
fotografías del cadáver decapitado Susana Carrera sobre las planchas del
Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos. Aunque la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (CEDH) confirmó que abrió una queja de oficio, la
Fiscalía Anticorrupción no ha anunciado sanciones administrativas ni penales.
10.- comerciantes ejecutados por cobro de piso, en Xalapa
El 07 de febrero de 2019, María del Carmen R.
H. líder comerciante, fue ultimada a balazos al interior de la Plaza Clavijero
de Xalapa. La falta de coordinación entre las autoridades estatales se hizo
evidente, cuando peritos de la FGE arribaron 50 minutos después del crimen;
mientras que policías estatales frenaron el pánico de locatarios colocando una
cobija para cubrir el cadáver.
Cinco días más tarde, otro menor de edad que
ofrecía “ropa americana” a un costado del mercado Rendón fue asesinado a
balazos. Los dos hechos fueron atribuidos a extorsiones también llamadas
“cobros por derecho de piso” por el secretario de Seguridad Pública, Hugo
Gutiérrez Maldonado.
Alta
impunidad y diferencias políticas, el mensaje de autoridades a criminales: expertos.
Para Alberto Olvera Rivera, investigador del
Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales de la Universidad Veracruzana
(UV) el mensaje de las autoridades por estos casos “es el mismo que se ha
enviado a los criminales desde hace muchos años, que hay una completa impunidad
para todo tipo de crímenes”.
Según el Índice de impunidad de la
Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), dijo el entrevistado, Veracruz
es uno de los peores tres estados del país en materia de fortaleza
institucional de las instituciones de justicia. Tenemos muy poco personal
policiaco, poco entrenado, mal profesionalizado y sin los suficientes
controles; tenemos una fiscalía con muy pocos recursos humanos y materiales y,
en el caso de Veracruz, sumida en un conflicto político con el gobierno del
estado; y tenemos pocos jueces y mal calificados para los delitos que llegan a
ser judicializados”, mencionó.
El también premio al Decano Universidad
Veracruzana (2007-2010), opinó que para resolver el problema de la impunidad no
basta con la voluntad política, ni con enviar cientos de soldados a ciertos
lugares del estado. Se necesita fortalecer las instituciones. Tenemos una larga
lista de crímenes impunes en la actual administración y no van a ser resueltos,
independientemente de quién sea el fiscal, si esa fiscalía no tiene los medios
para operar profesionalmente, así como estamos observando que a pesar de que
tenemos un nuevo gobierno, la policía estatal es incapaz de cumplir
adecuadamente sus funciones”.
Sobre el mensaje que se da a víctimas
indirectas y a la sociedad con las diferencias institucionales entre el
gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, Olvera
Rivera, dijo:
“El conflicto político es precisamente un
conflicto de poder, de espacios, de lealtades. Pero en una circunstancia de
emergencia de seguridad en todo el estado, independientemente de cómo se
resuelva el conflicto político interinstitucional, es necesario recordar que
mientras exista como autoridad el actual fiscal es necesario que las
instituciones se coordinen en la práctica, cualquier otra actitud de cierre a
la cooperación es francamente un acto irresponsable”.
Ante la declaración del Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, quien culpó a “los conservadores” de
avivar las críticas en el tema de violencia, el catedrático de la UV, refirió:
“Es importante que la clase política en su
conjunto y no solo el Presidente reconozcan que la crítica pública es necesaria
para el funcionamiento de cualquier democracia. La crítica, venga de donde
provenga, es necesaria para la mejora de la actuación de las autoridades, para
el reconocimiento de los problemas. Sin crítica pública, sin debate público, no
hay democracia”.
El abogado penalista, Celestino Espinoza
Rivera, coincidió que la impunidad en Veracruz tiene que ver con la voluntad
política. Al respecto mencionó: "si bien las instituciones de procurar
justicia han fallado, no solo se debe a los malos funcionarios de primer
contacto, a la burocracia apática de la que se quejan las victimas haber
recibido malos tratos y a los superiores que no han sabido aprovechar personal
eficiente al interior de las instituciones, la impunidad tiene que ver más con
la voluntad de los funcionarios que dirigen a tales instituciones, ya que en el
discurso público mencionan interés de coordinarse, de investigar, de dar
resultados, pero en los hechos no lo demuestran.
El especialista puso como ejemplo los
trabajos de investigación realizados tras la masacre en Minatitlán. “La
Fiscalía presume tener diecinueve entrevistas, pero trece de ellas deben ser de
los familiares que fueron a hacer el reconocimiento oficial de su víctimas,
siendo entrevistas que no son verdadero trabajo de investigación puesto que las
victimas indirectas llegan solas a aportar la información con tal de que les
entreguen los cuerpos de sus seres queridos, quedando únicamente seis
entrevistas que podrían ser de los testigos presenciales y/o vecinos, es decir
la fiscalía no está cumpliendo con su deber de investigar pues no se aportan
datos a la investigación más allá de la que se tiene a la mano, no hay una
investigación propositiva, diligente, encaminada a obtener la plena identidad
de los responsables, evidenciando que no existe interés de resolver el caso
sino únicamente de justificarse ante la opinión pública.
“Del otro lado tenemos la prevención que
sigue siendo un tema pendiente en el que pareciera no hay verdadera planeación
y/o detección del delito, únicamente se reacciona, además la política criminal
es nula. Sin embargo el problema deviene desde la construcción legislativa ya
que los legisladores prefieren aumentar las penas y la prisión preventiva a
hacer una revisión exhaustiva del marco legal penal y administrativo con la
finalidad de mejorar las instituciones policiales y de procuración de justicia,
dignificando sueldos, prestaciones y candados para evitar el uso discrecional
de los recursos destinados a la capacitación para evitar simulaciones y que
esta se aplique en quienes verdaderamente la necesitan”, opinó el jurista.