*La
magistrada acudió a la clausura del “Foro del debate sobre temas pendientes y
emergentes de violencia política en comunidades indígenas” en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas.
Tribuna Libre.- La magistrada de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que la población indígena de
nuestro país enfrenta muchos obstáculos para lograr el ejercicio efectivo de
sus derechos y la participación en la política. Entre estos obstáculos, dijo,
destacan la marginalización, la pobreza y la discriminación, así como violencia
e impunidad, que es urgente enfrentar y erradicar.
Durante su participación en el “Foro del
debate sobre temas pendientes y emergentes de violencia política en comunidades
indígenas”, la magistrada Otálora habló sobre las consecuencias de violencia
que padecen las personas indígenas y que les impide desarrollar sus vidas en
paz y con plena libertad. En especial, se refirió a la situación de las
personas desplazadas, aquellas comunidades que se vieron obligadas a abandonar
sus hogares para huir de violencia y salvaguardar sus vidas.
“Cuando las personas desplazadas buscan apoyo
de justicia, debemos escucharlos y apoyarlas, debemos tener especial
sensibilidad ante su situación que, con frecuencia, rebasa las problemáticas
que conocemos y analizamos cotidianamente”. Así fue la decisión del TEPJF en el
último proceso electoral, en el cual la Sala Superior determinó que las
personas desplazadas tienen derecho a participar en las elecciones federales y
locales, a pesar de estar fuera de sus lugares de residencia, y que las
autoridades tienen la obligación de asegurar condiciones necesarias para que
puedan ejercer el voto.
Finalmente, en la clausura de ese evento,
señaló que la participación de las personas indígenas es clave para
fortalecimiento de sus derechos y para la construcción de una democracia
incluyente, en la que “toda decisión relevante que impacte en la vida de las
personas encuentre su sustento en un criterio que, de un modo u otro, pueda ser
atribuido al consenso de la mayoría”.
En este sentido, las demandas que recibe el
Tribunal abren el camino para que se tomen decisiones que protegen o amplían
los derechos de las personas. “Las demandas que recibimos de quienes se ven
afectados en el ejercicio pleno de sus derechos, como fue el caso de la
comunidad tsotsil desplazada, nos abren la oportunidad para hacer el cambio.
Sin ellas, nuestra función y nuestra labor se vacía de contenido”, señaló la
magistrada Otálora.