Desaíra el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño a empresarios de Veracruz, asfixiados por secuestros
*Miembros
de la Iniciativa Privada piden a la Federación un alto a secuestros y
extorsiones, pero les cancelaron reunión de última hora.
Ixtaczoquitlán, Ver. | 25 junio de 2018
Tribuna Libre.- La zona de las Altas Montañas de Veracruz
-que llegó a ser predilecta para inversionistas del ramo industrial y
profesionistas en retiro- también cautivó a capos de la droga, que vieron en el
Valle de Orizaba un territorio atractivo para cometer extorsiones y secuestros.
Este 24 de junio empresarios de la zona -quienes
se han consolidado como el blanco de estos delitos-, habían pactado una reunión
con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, evento que el
representante del gobierno federal canceló de última hora.
La audiencia llevada a cabo en las instalaciones
de Talleres y Aceros (TyASA), en Ixtaczoquitlán, se dio a unas horas de que
taxistas y comerciantes de la región decidieron desaparecer las corridas
nocturnas y cerrar sus negocios antes de las 23:00 horas.
Fue el pasado 15 de junio cuando campesinos
en Maltrata se armaron con rifles de asalto y machetes para hacer frente a los
plagios en la cima de la montaña. Cuatro días antes, el alcalde de Camerino Z.
Mendoza, Melitón Reyes Larios, declaró a esa ciudad “en estado de emergencia” y
urgió el arribo de la Guardia Nacional.
“Declaro a este municipio en estado de
emergencia. La ciudadanía está muy molesta y tienen razón, todos los días sus
familias han estado en manos de la delincuencia y tienen que pagar altas
cantidades para recuperar su libertad”, dijo el edil en rueda de prensa.
Orizaba es el corazón de la zona conurbada
más extensa de Veracruz, que es integrada por Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán,
Río Blanco, Huiloapan de Ocampo, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Acultzingo y
Maltrata, unos 50 kilómetros que hoy disputan al menos tres cárteles de la
droga, según comunicados del gobierno estatal: Cartel de Jalisco Nueva
Generación, Los Zetas y Sangre Nueva Zeta.
Sumado a la derrama económica que dejan
empresas productoras de cerveza, farmacéuticos, papel industrial, café y acero,
la ubicación geográfica de la conurbación resulta atractiva para los grupos
delincuenciales. Orizaba se encuentra a la misma distancia del puerto de
Veracruz que de Puebla, hecho que facilita la expansión en el trasiego de estupefacientes.
En el tramo carretero Orizaba–Mendoza, que
contempla unos 16 kilómetros, existen por lo menos nueve desviaciones a la
autopista México–Puebla, así como otras tres a la carretera federal
Ixtaczoquitlán – Fortín de las Flores y una ruta adicional que conecta a
Orizaba con el Zongolica, colindante con Puebla y Oaxaca.
Fue en el municipio de Cuitláhuac, colindante
con Córdoba, donde se asentó Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”,
“El Z16”, o “El Apá”, detenido en diciembre de 2011 y presentado como jefe
regional de los Zetas en diez entidades de la República: Estado de México, San
Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana
Roo y Veracruz.
Médicos,
profesores y empresarios, los más vulnerables en la región
Los secuestros en Las Altas Montañas dejaron
de ser exclusivos en las élites sociales; además de políticos y empresarios,
los responsables de estos delitos han extendido su cartera de víctimas y
fijaron sus ojos en médicos y profesores.
De acuerdo con cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) Veracruz registra
160 denuncias por el delito de secuestro entre el 1 de enero y el 31 de mayo de
2019. Es decir, en promedio una persona es secuestrada cada 24 horas.
La zona más vulnerable es la región de
Orizaba. Tan solo en el mes de junio, al menos diez casos se repartieron en
seis de sus municipios.
De acuerdo con fuentes de ministeriales, los
pagos por rescate variaron desde los 5 millones de pesos hasta los 200 mil
pesos.
En Maltrata, la víctima fue Teófila H. de
oficio prestamista; En Río Blanco, María M, de profesión química; en Atzacan,
María de Lourdes C., profesora; en Nogales, Miguel P. coordinador de Atención
Ciudadana de ese municipio; en Huiloapan de Ocampo, Rogelio N., exdirector del
Instituto Tecnológico de Orizaba; en Mendoza Daniela R. profesora, Sabina C., y
su hijo de 10 años de edad y José Antonio M., un ingeniero de Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
El planteamiento de Cuitláhuac García para
2024, incluido en su Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), es reducir el número
de secuestros a 132 en su último año de gobierno. La meta se ve lejana, cuando
en cinco meses de su gobierno los plagios han alcanzado las 160 querellas.
Cuitláhuac
sigue obsesionado acusa a Fiscal de solapar secuestradores
Cuitláhuac García ha señalado a lo largo de
su gobierno al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, de solapar a
secuestradores y hasta de alterar cifras de estos delitos en el SESNSP.
El pasado 16 de abril justificó haber
apartado de las reuniones de seguridad a Winckler, y lo señaló de proteger a
fiscales regionales ligados a detenciones sin éxito y de alterar cifras de
secuestros y feminicidios. Lo anterior, argumentó, toda vez que esa instancia
es la que tipifica esos delitos, y no logra sostenerlos en las investigaciones.
“Por ejemplo, eleva el número de secuestro, y
luego no acredita cuales finalmente fueron privación ilegal de la libertad y
ante eso el Sistema Nacional de Seguridad Pública informa otros datos y aquí en
la SSP tenemos otros datos. “Es un mentiroso y lo sostengo”, sostuvo.
El último posicionamiento de García Jiménez
sobre este problema, lo dio el pasado 13 de junio, durante un mitin en Poza
Rica. “¿Qué está haciendo la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS)?
La cuestiono desde aquí, que depende de la Fiscalía General del Estado. Se
están disparando los secuestros y no hemos visto ni una carpeta de
investigación contra secuestradores. Exijo que ya dejen de estar tolerando a
secuestradores. Basta de tolerar a los delincuentes”.
En medio de acusaciones, se pone en duda un
compromiso del gobierno morenista pronosticado en el Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD): reducir el número de plagios a 132 para el año de 2024. En
tan solo 5 meses, la administración de Cuitláhuac García, ya acumula 160
denuncias por secuestro.