*Con 30
votos a favor, aprueba Congreso del Estado reforma al Código Penal, resultado
de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.
Xalapa, Ver. | 26 julio de 2019
Tribuna Libre.- Las diputadas y diputados de la LXV
Legislatura aprobaron el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el
pasado 9 de mayo por la diputada Mónica Robles Barajas, que reforma el artículo
220 del Código Penal del Estado y que actualiza las sanciones ante las nuevas
modalidades por el delito de extorsión.
Este Dictamen puesto a consideración del
Pleno por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, registró 30 votos
a favor y nueve abstenciones, sin votos en contra.
De esta manera se establece en el artículo
220 del Código Penal que: a quien por cualquier medio obligue a otro a dar,
hacer o dejar de hacer algo contra sus propios bienes patrimoniales o los de un
tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, se le impondrán
de cuatro a diez años de prisión y multa hasta de 500 Unidades de Medida y
Actualización (UMA).
Se le aplicará al responsable de este delito,
además de las sanciones anteriores, de dos a seis años de prisión cuando se
actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: intervenga más de una
persona; se realice por una o más personas armadas o bien portando instrumentos peligrosos o se emplee
violencia física o moral.
También cuando sea empleado cualquier
mecanismo o amenaza, para hacer creer a
la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la
delincuencia organizada, sin que ello sea cierto, aun cuando ello sea
únicamente para lograr que la víctima acceda de manera pronta y con mayor
facilidad a alguna de las peticiones que se le hagan o bien para que no
denuncie el hecho.
Asimismo, cuando la víctima sea una persona
de 70 años o mayor, o sea mujer y se encuentre en estado de gravidez o cuando
se allane el inmueble de la víctima o donde
ésta se encuentre para ejercer la conducta delictiva; que el o los
autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación
laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; o si el sujeto activo
por extorsión telefónica o por cualquier
medio electrónico fuere interno procesado o sentenciado.
Las penas se duplicarán cuando el o los
autores sean servidores públicos, además se impondrá la destitución del empleo,
cargo o comisión, y se inhabilitará de uno a seis años para desempeñarse en
cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.
Igualmente se duplicarán las penas cuando el
o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución o corporación
de seguridad pública o privada, de procuración o administración de justicia, o
de las Fuerzas Armadas, o se ostenten como tales sin serlo.
También se impondrá la destitución del
empleo, cargo o comisión, y se inhabilitará de uno a seis años para
desempeñarse en cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.
En la discusión del Dictamen, la diputada
Mónica Robles Barajas, del Grupo Legislativo de Morena –autora de la
iniciativa- ejemplificó los casos en Coatzacoalcos donde han sido “quemados”
algunos negocios, resultado de actos de extorsión, “es insostenible esta
situación”, agregó.
Refirió que con esta iniciativa se incrementa
de cuatro a diez años y de dos a seis años cuando intervengan más personas,
cuando estén armadas u empleen violencia física, entre otros. “Además se
atiende la demanda de jueces y juezas para que cuenten con herramientas para
castigar este delito”, abundó.
En tanto, la diputada del Partido Acción
Nacional (PAN), Montserrat Ortega Ruiz participó en tribuna y mencionó detalles
en relación a la conformación del Dictamen.