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Testimonio de Bermúdez lo hunde *
Quiénes y cómo ocultaron los cuerpos *
La mano de su policía en los crímenes *
Nahle, la recaudadora * Aportación de 8
millones y no cumplió * Coatzacoalcos,
literalmente, se incendia * Revienta
ORFIS al alcalde de Agua Dulce * García
Alonso, denunciado * APEC: un caso de
acoso sexual
Tribuna Libre.- Su “amigo” Bermúdez cantó de más. Por algo, o
cambio de algo, retrató a un Javier Duarte alterado, fuera de sí, grotesco,
acorralado; un Javier Duarte instruyendo un acto criminal, ocultando evidencia,
desapareciendo cuerpos, violando la ley.
Su “amigo” Bermúdez hizo, quizá con filo,
quizá no, algo más. Acreditó el nexo entre el ex gobernador y la desaparición
forzada, el vínculo de Duarte con un delito lesa humanidad.
Aquel 6 de junio de 2018, Arturo Bermúdez
Zurita, el siniestro Capitán Tormenta, pecó de hablador. Y hundió a Duarte. Y
hundió a todos.
Mostraba el rostro criminal del ex gobernador
de Veracruz, el poder usado para revictimizar, el aparato oficial moviéndose en
el lado oscuro, borrando las huellas del crimen perpetrado por el aparato de
Seguridad Pública.
Bermúdez, el “amigo”, cantó ante la autoridad
judicial y su canto fue letal.
Su declaración es elemento demoledor. Es
testimonio y misil que implica a Javier Duarte con los muertos de La Aurora, 19
cuerpos hallados en la barranca aledaña a la Academia de Policía El Lencero,
molidos a golpes, torturados, víctimas de la policía estatal. Y su orden fue
sólo reconocer seis muertes. Y la instrucción expresa, precisa, de desaparecer
los cuerpos de otros 13.
Típico caso de desaparición forzada en que la
tortura ablanda a cualquiera y con la felpa descomunal se exprime información,
o simplemente para callar al traidor.
Bermúdez, el siniestro secretario de
Seguridad Pública del duartismo, habló en el curso de la indagatoria y su
confesión fue grabada en video. Es el elemento sustantivo, letal, que acredita
que Javier Duarte ordenó desaparecer los cuerpos.
Detalles de la declaración constan en la
revista Proceso que el sábado 20 cimbró a Veracruz.
Duarte convoca, refiere Proceso. Asiste el
secretario de Seguridad Pública, Bermúdez, y el entonces fiscal, Luis Ángel
Bravo Contreras. Escuchan y acatan. Y se
implican.
Cita el semanario de los Scherer:
La noche del 19 de enero de 2016, Arturo
Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de
Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. “Tenemos un pedo”, le
dijo por teléfono su jefe, casi a gritos.
Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó
Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión
tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones
de personas.
“A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos
encontrados?”, preguntó Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la
barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo
frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero.
Según Bermúdez Zurita, quien colaboró en la
investigación, el gobernador ya estaba nervioso a causa de la desaparición de
cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca, un caso en el que salió a relucir
la participación de policías estatales.
De acuerdo con las indagatorias que años
después realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge
Winckler Ortiz, sucesor de Bravo Contreras, se trataba de una fosa clandestina
que policías de la SSP utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes
que ellos les atribuían a “miembros de la delincuencia organizada”.
Con base en esta información, consignada en
el expediente 498/2018, el pasado 13 de mayo el Juzgado Decimoprimero de
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México determinó negar las
medidas cautelares que promovió Javier Duarte contra una orden de aprehensión
por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada.
“¿Son los de Tierra Blanca?”, volvió a
preguntar el gobernador, aquella noche de enero de 2016. Bravo Contreras negó
con la cabeza y dijo: “No considero que sea viable que sean ellos; no tiene
sentido que los hayan movido tan lejos”. Lo dedujo por los 200 kilómetros que
separan a la comunidad de La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata, de Tierra
Blanca, en el sur del estado.
El gobernador de Veracruz estalló: “¡No se
puede filtrar” esa información! ¿Por qué no se puede filtrar esa información?
¡Porque se haría un pedote! Ya traemos encima el tema de Tierra Blanca, con el
que me están dando una madriza en los medios nacionales. ¡No puedo darme el
lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque me van a partir la madre!”.
Cuando el fiscal Bravo le preguntó al
gobernador cuál era su instrucción, recibió esta respuesta: “Ya hay una foto en
los medios de comunicación, pero en ella sólo se ven cinco o seis cuerpos. A
huevo que se tiene que reportar el hallazgo, pero no reportar los 15 y mucho
menos los 30 cuerpos o todos los que estén en el lugar. Única y exclusivamente
debemos reportar los que salen en la foto”.
Con esa orden, Bermúdez Zurita y Bravo
Contreras ordenaron a cuatro funcionarios a su cargo que reportaran sólo seis
cuerpos encontrados inicialmente en el vertedero. El resto fueron exhumados de
manera clandestina, ocultados físicamente y borrados de los registros
oficiales.
Al menos 15 colectivos que buscan a las
personas desaparecidas en Veracruz consideran crucial el testimonio de
Bermúdez. Sus declaraciones son parte de una lista de evidencias que el citado
Juzgado Decimoprimero de Distrito, encabezado por el juez José Antonio Medina
Gaona, juzgó válida para sobreseer la protección de la justicia que Duarte
solicitó el 6 de junio del año pasado, en el juicio 498/2018.
Proceso cita los nombres de quienes operaron
la desaparición: María del Rosario Zamora, fiscal de Investigaciones
Ministeriales; Gilberto Aguirre Garza, director de Servicios Periciales;
Carlota Zamudio Parroquín, delegada de la Policía Ministerial, y Eva Aquino
Tamayo, fiscal de distrito. Y con ellos, elementos de la Fiscalía y de
Seguridad Pública, encargados de desaparecer los cuerpos.
María del Rosario Zamora, alias La Chacala,
fue la encargada de dirigir la operación. Se trenzó en una discusión con
militares, a quienes les ordenó dejar de grabar cuando se recuperaron los
cuerpos. También confiscó todos los teléfonos de quienes acudieron la barranca
La Aurora.
Carlota Parroquín y Eva Aquino ordenaron la
alteración de los registros y “por instrucción de arriba”, instruyeron la
modificación de los informes iniciales. Eva Aquino coordinó las acciones de la
Fuerza Civil, cuyos elementos retiraron y se llevaron los cadáveres.
Gilberto Aguirre reveló a funcionarios de la
Fiscalía de Veracruz la instrucción de retirar los seis cuerpos que habían sido
fotografiados un día antes. Entre ellos se hallaba el de un policía, David Lara
Cruz, adscrito a la delegación de Acayucan, confrontado con el delegado. Fue
remitido a la Academia de Policía a practicarse el examen de confianza y no se
le volvió a ver.
Sus restos fueron sembrados en Santana,
municipio de Alto Lucero, según el testimonio de Gilberto Aguirre. Sin embargo,
el teléfono celular que usaba le fue entregado sin chip a un albañil que
realizaba trabajos en la academia policial, y éste se lo dio a su esposa. Es
esa una prueba demoledora contra Duarte y su pandilla.
Letal, el testimonio de Arturo Bermúdez
electriza. Le pone el dedo a Duarte. Lo implica cono el autor intelectual del
ocultamiento de cuerpos, la consumación de la desaparición forzada.
Duarte libra una batalla por anular la
sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, vía un
juicio de amparo que derivó en la suspensión de la sentencia de manera temporal
en tanto se verifica si las pruebas financieras de la Fiscalía General de la
República tuvieron sustento legal.
Pero su dilema no está ahí. Su suerte está en
manos del gobierno de Guatemala, que a solicitud de la FGR accedería a que en
el proceso de extradición se adicione el delito de desaparición forzada.
Y a pasar el resto de su vida en prisión.
Y todo porque su “amigo” Bermúdez cantó.
Archivo muerto
¿Por qué a Rocío Nahle le apodan “la
recaudadora”? Tiene que ver con sus acuerdos con priistas, con empresarios, los
Quintanilla y un tal Guillermo Ibarra, socio del ex alcalde de Coatzacoalcos,
Joaquín Caballero Rosiñol, y ex director de Infraestructura municipal,
golpeador de ciudadanos que se acercaban a exigir sus derechos —caso Drago—, y
uno más de apellido Cabrera, y con las “aportaciones” a la campaña de Andrés
Manuel López Obrador, una de ellas por 8 millones que se suponía redituaría un
cargo en el IMSS que nunca llegó. Los detalles, las trastadas de la
“recaudadora del Dios Peje”, luego… Ni se extingue el secuestro ni amaina la
violencia. Incontrolable, el crimen organizado vuelve por lo suyo, por las
vidas a las que les fija precio. O se hacen sentir incendiando antros, lotes de
autos, negocios y domicilios. Si antes fue el Comandante H, alias Hernán
Martínez Zavaleta, el zar del secuestro, el trasiego, el huachicol, y luego su
cuñado Osiris, ya ejecutado, y El Pana y El Mamito, hoy la hegemonía mafiosa va
cambiando de manos. Hay otros cárteles, los de Jalisco y Golfo. Hay
delincuentes menores que se ostentan como cárteles. Y todos generan terror.
Vive Coatzacoalcos días sombríos. Son arrojadas bombas molotov en el bar Mangos
Beach. Incendian el lote de autos de la avenida Independencia; estalla otra
molotov en el negocio de cocinas integrales, vinculado al delegado de Tránsito,
cuyo hermano sería director de la Policía Municipal y no aplicó justo cuando
una ráfaga de ametralladora impactó cerca de la bodega de su empresa. Y también
hay un objetivo específico: destruir aquello que huela a Hernán. No cambiaron
el secuestro por el cobro de piso. Incendian negocios bajo control de las
células zetas del Comandante H y eso presagia guerra a mayor escala. Coatzacoalcos
es ahora el santuario de los ataques tipo Molotov… Digno sátrapa, Sergio Guzmán
quiere ser diputado y como alcalde es un caos. Digno acólito de Rocío Nahle, no
pasa la prueba del ORFIS. De la cuenta pública de Agua Dulce en el ejercicio
2018, le señalan 72 inconsistencias y teniendo hasta el 17 de julio para
solventarlas, no lo hizo. No acreditó documentación de entrega de obras;
recursos que fueron etiquetados para obras no se aplicaron ni regresaron a las
arcas de la Federación; le hallaron irregularidades en depósitos ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación por adeudos de la bursatilización de
administraciones anteriores. Todo un fiasco el prospecto de Morena a diputado
federal por Coatzacoalcos. Sergio Guzmán Ricárdez habrá de entender que no se
gobierna con caprichos ni insania, ni soberbia, ni mañas, ni tretas. Su gestión
es la expresión más vil de la corrupción. Atestado de aviadores, el
ayuntamiento soporta una carga financiera descomunal, agravada por la parentela
en nómina, nepotismo en toda su expresión. Al Servicio de Administración
Tributaria intentó burlarlo, reteniendo impuestos de trabajadores y haciéndolos
humo en la declaración; adquirió uniformes de policía con sobreprecio; derrochó
en fiestas y diversión, circo al pueblo, mientras construye calles de pésima
calidad; oculta los estados financieros y los presenta a los ediles para firma
cuando ya no hay tiempo para revisar su contenido. Se niega a realizar sesiones
de cabildo. Hoy enfrenta la realidad. ORFIS lo aprieta. Y no puede solventar
las 72 inconsistencias. Y así Rocío Nahle pretende hacerlo diputado gangsteril…
Un exceso verbal tiene a Roberto García Alonso en un dilema legal. Lo denuncia
el ex secretario de Gobierno del marcelismo, Víctor Rodríguez Gallegos, por
señalamientos en torno a la empresa de grúas de los familiares del ex
funcionario, ya cerrada, y afirmar que es un “negocio sucio como él”. Vía
Facebook, García Alonso lanzó el señalamiento el 11 de abril pasado y apuntaba:
“Lo que quieren es lana estos bandidos. Están cobrando lo que quieren”. El tema
escaló y llegó al ámbito judicial. Consigna la carpeta número
UIPJ/DXXI/F7/1431/2019 tres citatorios a García Alonso, suscritos por el fiscal
7, Omar Pérez Hernández, para presentarse a declarar. Los tres los ha ignorado
el ex funcionario yunista. Lo que sigue es el uso de la fuerza pública. García
Alonso fue secretario de Gobierno del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Antes
había sido director de Catastro en el gobierno de Guadalupe Porras David, en
Minatitlán. Su último cargo fue delegado de la Secretaría de Gobierno en el
régimen yunista. A la par de ese caso, se realiza una investigación por parte
de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de la República, que ya ha
identificado a los autores de portales y cuentas apócrifas en internet usados
para enviar memes y lanzar ataques políticos. Algunos emplean apelativos como
De la Cruz y Guerra, caretas de un operador del ex alcalde Joaquín Caballero
Rosiñol al que en breve le resultará citatorio. Y van por otros más… ¿Quién ese
integrante de la APEC, señalado —por ahora sólo señalado— de acoso sexual
contra una joven dama emprendedora? Consta la evidencia en una conversación,
vía red social, donde se describe el asedio, las propuestas, la insistencia, la
presión del periodista a la empresaria, por cierto casada. En la reciente
elección, ella sugirió un código de ética al que debieran sujetarse sus
dirigentes. Su equipo lo sabe a detalle. Una pista: si no se llamara como se
llama, se llamaría Ego…