*Será
la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la que analice y emita el
Dictamen correspondiente.
Tribuna Libre.- La LXV Legislatura de Veracruz recibió la
iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
por la cual solicita a esta Soberanía la autorización para contratar uno o
varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619
pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento
total o parcial de la deuda pública del Estado con la o las instituciones
financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.
De acuerdo a la iniciativa de decreto,
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado durante la décima
cuarta sesión ordinaria, se tiene previsto alcanzar una estructura de deuda más
flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las
condiciones contractuales de los financiamientos y establecer un servicio de la
deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer
las inversiones prioritarias del Estado.
Así como mejorar y ampliar la prestación de
los servicios públicos en beneficio y atención de las necesidades más sentidas
de la población; fortalecer las finanzas estatales, a través de una
administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos y una
gestión de la deuda pública alineada con los principios de disciplina y
responsabilidad hacendaria establecidos en la legislación vigente.
Asimismo, se propone que las autorizaciones
referidas en la Iniciativa sean otorgadas previo análisis, efectuado por el
Congreso del Estado, en relación a: capacidad de pago del Estado; el destino
que se otorgará a los recursos que se obtengan de nuevos financiamientos u
operaciones que se contraten y el otorgamiento de garantías o establecimiento
de fuente de pago del o los financiamientos u operaciones que se formalicen.
En la exposición de motivos se establece que
tras una revisión exhaustiva de la estructura de la deuda pública se ha llegado
al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar
las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de
la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del Estado, mediante el
refinanciamiento o la reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo.