*En el
gabinete federal existen cinco casos de familias que están en la administración
pública; no es nepotismo pero se le parece, dicen los expertos.
Ciudad de México. | 05 agosto de 2019
Tribuna Libre.- Dar cargos públicos a familiares es una
práctica que no se ha evitado en la actual administración. Y es que con el
reciente nombramiento de Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, como secretaria ejecutiva adjunta en un área del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, suman ya cinco de 21 integrantes del gabinete
federal que tienen un familiar directo trabajando en la administración pública.
Si bien, el hecho de que un hermano, hijo o
sobrino trabaje en una dependencia diferente a la de un funcionario público no
es un delito, para los expertos estas designaciones frenan el desarrollo del
servicio profesional de carrera e impiden fortalecer los mecanismos para evitar
conflictos de interés y la rendición de cuentas.
El
riesgo de contratar familiares
El común denominador del arribo de estos
parientes de los funcionarios públicos es que llegaron al los cargos por
designación y no por tener una trayectoria previa al interior de las
dependencias en las que ahora laboran, circunstancia que para los expertos
tiene efectos negativos.
“El problema de no tener un servicio
profesional es que se favorece más a los leales que a los expertos. Es un
detrimento de la administración pública y podría ser potencialmente un acto de
corrupción”, dice Fernando Nieto, investigador del Colegio de México (Colmex).
César Sánchez Gaona, de Ethos Laboratorio de
Políticas Públicas, aclara que estos casos no se pueden clasificar como
nepotismo,pues la ley es muy especifica y lo clasifica cuando a una persona que
es servidor público hace la contratación de familiares, amigos o cónyuges en la
misma dependencia en la que labora.
“No tenemos una regulación apropiada para
tratar con el nepotismo”, dice el experto al señalar que lo que se puede hacer
desde la sociedad civil es verificar que estos funcionarios cumplan con el
mandato que se les otorgó.
Familiares
y colegas
Y como no es nepotismo, los casos de
familiares contratados en el gobierno empieza a hacerse notar: además de la
hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, se suman
cuatro más.
Entre los más conocidos está el de la titular
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien junto con su
hermano Pablo Amílcar, fue elegida por el presidente, de manera directa, para
ocupar un puesto en su administración.
Pablo Amílcar Sandoval se desempeña como
delegado de programas sociales en Guerrero, un cargo que depende de la
Secretaría del Bienestar, pero que es palomeado por el propio presidente de la
República; de acuerdo con el portal que transparenta los sueldos de los
funcionarios públicos, el hermano de Irma Eréndira recibe un salario de 85,145.84
pesos.
En contraste, la hermana de Luisa María
Acalde, Bertha Alcalde puede argumentar que ella no fue designada como
secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
por el presidente, sin embargo, no llegó al puesto por tener una trayectoria
sino por el designación directa del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.
A la fortuna de tener trabajo en el gobierno,
se agrega que las hermanas Luján tienen salarios cercanos a los 100,000 pesos.
Mientras que la primera tiene un sueldo neto, al igual que todos los
secretarios, de 107,283.76 pesos, Bertha tiene un salario de de 97,066.26
pesos, cantidad 3,405 pesos menor a la que cobraba como inspectora general de
la Segob. Todas estas cifras y puestos fueron obtenidos en el portal Nómina
Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las hermanas Alcalde Luján son conocidas
también por ser hijas de Bertha Luján, actual secretaria general Morena que
busca competir por la dirección del partido y relevar a Yeidckol Polevnsky.
A esas dos familias destacadas de la 4T se
suman las familias Torruco, Bartlett y Márquez.
Miguel Torruco Garza, encargado del Programa
de la Comisión de Box, es hijo de Miguel Torruco, secretario de Turismo.
Otro es el superdelegado de Puebla, Rodrigo
Abdalá, quien es sobrino de Manuel Bartlett, titular de la CFE. Estos cuatro
puestos fueron elegidos por el Ejecutivo.
En esta administración de familias no sólo
hay relaciones consanguíneas, también destacan las de pareja; una de estas
relaciones es la del matrimonio conformado por la secretaria de Economía,
Graciela Márquez, y el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel. En este
caso, las selecciones para esos casos provienen de López Obrador, la primera
como nombramiento directo, mientras que a Esquivel lo propuso ante el Senado y
los legisladores lo avalaron.
Y un
pilón
A nivel de subsecretario también hay casos:
como el Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, cuyo
hijo Alejandro Encinas Nájera es titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales de la Secretaría del Trabajo o el de los hermanos Carlos y
Antonio Martínez Velázquez. El primero es director de Infonavit y el segundo es
director de comunicación de la Secretaría de Cultura, cuyo sueldo es de 85,145
pesos netos.
¿Ilegal
o inmoral?
Ya se mencionó que ninguno de los casos de
familiares que laboran actualmente en el gobierno federal podría ser
considerado como nepotismo; sin embargo, sí podría contradecir el punto 26 de
los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación
de una política de austeridad republicana del Ejecutivo federal, el cual
señala: “no podrá contratarse a familiares”.
Esto aunado a que en numerosas ocasiones
López Obrador se ha manifestado en contra de favorecer a familiares desde el
gobierno; incluso, en junio pasado, instruyó a los servidores públicos en un
memorándum a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el
nepotismo, ni ninguna de las “lacras de la política del antiguo régimen”.